Unos policías fuertemente armados entraron por la fuerza en un refugio mexicano para mujeres el 9 de junio. Esa actuación ha puesto en peligro la seguridad de las mujeres cobijadas en el albergue, muchas de las cuales se ocultaban allí de parejas violentas.
El 9 de junio, a las doce y media, 14 hombres, entre ellos seis policías municipales fuertemente armados y un funcionario judicial estatal, llegaron a “Sin Violencia, Refugio para Mujeres en situación de riesgo por violencia extrema”, en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, en el norte de México. Los hombres exigieron que les permitieran entrar en el refugio y mostraron al personal un documento judicial que ordenaba a las fuerzas públicas buscar a una niña que, según decían, había sido secuestrada. El documento no hacía referencia al refugio de mujeres. Cuando el personal del refugio negó a los hombres la entrada, porque los protocolos del refugio sobre protección y confidencialidad no permiten que entren hombres en las instalaciones, éstos profirieron numerosas amenazas. Uno de los policías mostró su arma y dijo a la coordinadora del refugio: “se van a arrepentir, se meterán en problemas, es mejor que cooperen, y vamos a tirar las puertas y a violar las chapas”.
Tras las numerosas amenazas, y ante el temor por sus vidas, el personal finalmente permitió a los hombres la entrada al refugio. Los hombres armados realizaron un violento registro, volcando muebles y buscando bajo las camas. Finalmente se marcharon, cuando se dieron cuenta de que la niña a la que buscaban no se encontraba en el refugio.
Muchas de las supervivientes de violencia física y sexual que se encontraban como medida de protección en el refugio habían huido de compañeros violentos, algunos de ellos policías municipales. La entrada de policías armados en el refugio rompió la confidencialidad del lugar y puso en peligro a las mujeres allí cobijadas, exponiéndolas a futuras represalias.
Información Adicional
En Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, hay unos índices elevadísimos de delincuencia violenta e impunidad, que incluyen altos índices de violencia contra las mujeres. Las autoridades municipales y estatales han eludido una y otra vez su deber de emprender acciones efectivas para combatir la violencia contra las mujeres y mejorar la seguridad de las mujeres en peligro. Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres llevan muchos años haciendo campaña por la justicia y la seguridad de las mujeres, y han establecido servicios para que las supervivientes de violencia puedan recibir ayuda médica y psicológica en un lugar seguro. La confidencialidad y la seguridad de estos lugares es fundamental para garantizar la seguridad de las mujeres y el personal.
Difusión: Soberanía Popular
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