Un registro más

Jorge Meléndez Preciado

jamelendez44@gmail.com

Los Estados que se sienten en peligro aumentan las restricciones a sus ciudadanos. Un ejemplo es lo que cualquiera padece en un aeropuerto estadunidense. Algunos de los viajantes han sido regresados por hacer bromas, incluso, acerca del proceso de revisión a que los someten. Fue el caso, según relató, del doctor Lorenzo Meyer quien, al obligarlo a quitarse los zapatos, dijo algo así: “Ni que fuera terrorista”. Entonces: pa atrás, como dicen los chavos.

En México, debido al estado de caos que vivimos se han ensayado varias nuevas medidas de identificación, aparte de las muchas que ya tenemos: credencial de la escuela o el trabajo, de elector, licencia de manejo, pasaporte, CURP, registro en entradas y salidas de cualquier oficina y otras más. La propuesta importante era una credencial única que controle sobre todo la Secretaría de Gobernación, donde, como en las películas, se nos reconozca por el iris del ojo y las huellas dactilares.

El proyecto de control aparente no se ha llevado a cabo. Ello porque hay una disputa con el IFE, quien alega: entonces los jóvenes no se empadronarán en dicha organización y por tanto no votarán en 2012, algo muy lógico, y la ausencia de los recursos que necesita Gómez-Mont, una cifra escandalosa en tiempos de crisis.

Lo que sí aprobó la Cámara de Diputados hace más de un año, fue el registrar los teléfonos celulares con el objeto, aparente, de evitar más secuestros. Esta actividad delincuencial ha ido al alza en serio (de 423 anuales con Fox a 818 cada año durante Calderón), tanto que hay extorsiones incluso sin que sepamos claramente la existencia de alguna víctima El pánico nos invade.

Para hacer el trámite se creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut). En el mismo se deberían inscribir 83 millones de aparatos.

Como sucede en todo, incluso en la tenencia vehicular y el pago de impuestos, el mexicano llega al límite. No tanto porque sea indolente, sino que comprueba todos los días, en cualquier ventanilla, que mientras a los comunes se les trata con despotismo y abuso, a los privilegiados se les abren las aguas del Mar Rojo en cuanto un Moisés invoca al Dios en turno. Es decir, estamos, invariablemente, ante dos pesas y dos medidas, cuestión que en una democracia sencilla no ocurre.

Uno de los argumentos para registrar celulares era: en reclusorios los hampones utilizan los aparatos para hacer llamadas. La solución, entonces, resultaba sencilla: impedir la entrada de esos móviles y que se enviaran señales de las prisiones.

Ni una ni otra se logró. La primera, la introducción de teléfonos, por la corrupción de todos conocida, y la segunda ya que hay impedimentos técnicos al bloquear una zona. Batalla perdida, sin duda.

No importando que las autoridades fueran ineficaces, siguieron con su estrategia. Pocos, muy pocos hicieron el trámite a tiempo.

Debido a que una minoría había cumplido, hubo una propuesta en el Senado para que se alargara el plazo un año más. Pero nuestros representantes populares, que seguramente conocen muy bien la tramitología cotidiana, dijeron “no”, basta de nuevas oportunidades, la ley debe acatarse, necesitamos ser de hoy en adelante un pueblo cumplidor.

Resultado: llamadas incesantes de quienes no deseaban perder ni el servicio ni el dinero que les esquilmaron las telefónicas anticipadamente con el prepago o el servicio mensual. Al darse cuenta que el procedimiento no era sencillo, fallaba, era complicado –no se olvide que México tiene sexto año de primaria en promedio y que muchos usuarios de celular son ancianos, con preparación baja e incluso no habituados a las nuevas herramientas– cundió el pánico. Así pues, las filas para no quedarse fuera se hicieron más largas que en la adquisición de un boleto para el clásico: América-Chivas.

De la modalidad inicial, donde se exigía el CURP, se pasó a otra en la que se pedía el nombre, apellidos y la fecha de nacimiento. Ello porque había desconfianza en que la famosa clave única se usara para otras cuestiones, algo que ya sucedió al vender el listado del IFE y nuestros datos personales a varias instituciones que nos hablan todo el día ofreciéndonos el oro y el moro.

Ni así se obtuvieron los resultados deseados. Al final del vencimiento se dijo que el 30 por ciento de quienes usan el móvil, cerca de 25 millones, estaban fuera del registro. Ante este problema, las telefónicas, al unísono, envían mensajes a cada instante, señalando qué debe hacer uno para no desconectarse.

Esto muestra a las claras, que las empresas están violando la ley, pues no interrumpieron el servicio y continúan alentando a quienes no lo hicieron, que entren al redil. Dicha ilegalidad es avalada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), encabezada por el panista Héctor Osuna, el mismo que impulsó la Ley Televisa, la cual regresa por sus fueros.

No hay que darle muchas vueltas porque la autoridad, tan exigente en muchos casos, ha permitido este nuevo asalto de las telefónicas. Dinero posibilita los abusos.

En Telcel, donde está el 71 por ciento de los clientes, 13 millones no se inscribieron, de haberles cortado la línea se hubieran esfumado 74 millones de pesos diarios. Por ello, el martes 13 un juez amparó al consorcio de Slim, el cual podrá convencer a sus abonados que hagan el trámite.

De Movistar ni hablemos. El directivo, Francisco Gil Díaz, fue un fiscalista de hierro contra la población durante doce años. Ahora se pasa la norma por donde le viene en gana.

Dos ejemplos claros: a los poderosos la ley blanda y a modo, a la población la dura lex, como dicen los abogados. Aunque eso sí, algunos comentaristas insisten: el gran enredo se debe al flojo, ignorante e incapacitado pueblo mexicano. Cuánta falta hace leer a Samuel Ramos y a Octavio Paz en: ¿Águila o sol?

Fuente: Forum

Difusión: soberanía popular