Difusión Cencos México D.F., 7 de mayo de 2010
Fuente: Sididh / Centro ProDH
• La SCJN determinó absolución total de ambas mujeres indígenas.
El miércoles 28 de abril la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el toca penal 02/2010 dentro de la apelación interpuesta por Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio contra la ilegal sentencia del Juez Cuarto de Distrito en Querétaro, determinó que ambas mujeres del pueblo hñahñu son plenamente inocentes de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro contra servidores públicos y además, en el caso de Alberta Alcántara, del diverso delito contra la salud en la modalidad de posesión de cocaína.
No obstante lo anterior, la Delegada de la Procuraduría General de la República en Querétaro, Norma Patricia Valdez Argüelles, ha manifestado que “Alberta, sí portaba droga” y que dicha sustancia se encuentra “asegurada por órdenes del Juez”. Menospreciando los razonamientos del Máximo Tribunal de la Nación vertidos en la sentencia que restituyó en sus derechos a las mujeres indígenas, la funcionaria federal insiste en hacer imputaciones falsas, continuando con el menoscabo a los derechos humanos de Alberta Alcántara y Teresa González.
Sobre las infundadas declaraciones de la delegada de la PGR en el estado de Querétaro es necesario precisar que la resolución de la SCJN es firme y no cabe impugnación en su contra, por lo cual ellas son totalmente inocentes de los falsos delitos imputados por la PGR, en razón de que dicha dependencia las acusó con base en pruebas contradictorias e insuficientes. También vale la pena precisar que, contrario a lo manifestado por la delegada, del propio expediente se desprende que la supuesta sustancia encontrada (que falsamente afirmaban que eran 2 bolsas y no cuatro como aseguró la Delegada), fue “consumida en su totalidad por las pruebas periciales” que se le hicieron en el laboratorio, dentro de la Averiguación Previa. Es decir, la Delegada no solamente miente con el hecho de que la droga les fue encontrada a Alberta, sino que además se contradice con la propia dependencia a la que representa, puesto que la sustancia no existe y jamás fue exhibida al Juez Cuarto de Distrito, como fue solicitado en el proceso penal.
En este sentido la Ministra Olga Sánchez Cordero, retomando los argumentos de la defensa asumida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh), dio cuenta de las múltiples irregularidades que obraban en el proceso. Las más visibles fueron encontradas en la averiguación previa integrada de manera dolosa por la propia PGR. De manera unánime, el resto de los cuatro ministros de la Primera Sala se adhirieron a los argumentos de la mencionada Ministra.
Además, cabe recordar que el delito imputado a Alberta Alcántara alcanza una penalidad máxima de un año y medio. Por lo tanto, los veinte años impuestos por el Juez Cuarto de Distrito, tanto a ella como a Teresa González, derivan de la imputación de secuestro de los Agentes Federales de Investigación sostenida sin pruebas consistentes por la Procuraduría.
Una vez más, resulta lamentable que las instituciones encargadas de procurar justicia lejos de aceptar su responsabilidad en estos hechos y obtener mayor credibilidad ante la ciudadanía, insistan en hacer graves señalamientos en contra de personas inocentes. Como ha quedado demostrado ante la Suprema Corte de Justicia, en el caso de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, la PGR perpetró graves violaciones a sus derechos humanos al fabricar pruebas en su contra por delitos que no existieron.
Esta situación desembocó en cuatro años de injusta reclusión. Por lo tanto, la vulneración de sus derechos fundamentales tendrá que ser reparada integralmente a las mujeres indígenas originarias de Santiago Mexquititlán. Al respecto, también es dable señalar que la Procuraduría General de la República deberá de pedir disculpas públicamente como parte de la reparación y que para ese acto no existe ningún requerimiento o procedimiento especial.
De la misma forma como fueron presentadas a los medios de comunicación el 03 de agosto de 2006 como “peligrosas secuestradoras” y “narcomenudistas”, la PGR deberá redimir estas acusaciones de manera pública, puesto que, como ya ha quedado firme y demostrado: Alberta y Teresa son inocentes.
Fuente: CENCOS
Difusión: soberanía popular
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