Buscan que la comunidad genere proyectos económicos a corto y largo plazos
Fuente: La Jornada de Michoacán
MARTÍN EQUIHUA (Corresponsal)
Uruapan, 19 de septiembre.- Se levantó el bloqueo carretero que por más de 50 horas mantuvo la comunidad indígena de Capacuaro, después de una negociación que se prolongó durante el día y que concluyó con el acuerdo de que mañana instalarán una mesa de trabajo con autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin que la comunidad genere proyectos económicos alternativos de corto y largo plazo, en tanto que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a través de Prisciliano Jiménez Rosales, pidió moderación a ambas partes.
Originario de la comunidad en conflicto, el funcionario federal dijo que si bien “la ley se tiene que aplicar a rajatabla, es necesario atenuar cierta reglamentación, con tal de salir adelante”. Pidió al resto de instituciones presentes que no repitan el error de establecer mesas sólo para posponer soluciones, y que dijeran con claridad a sus paisanos los recursos con que cuentan para los eventuales proyectos, no sin recordar que “todas las comunidades indígenas del país tienen recursos naturales desde donde se pueden levantar, lo que necesitan es inversión”.
Por la parte gubernamental, la negociación fue encabezada por el subsecretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, quien llamó a evitar conflictos entre comunidades purépechas, como el derivado de la explotación ilegal de la madera, pero reconoció la necesidad de impulsar proyectos de gran envergadura, que generen condiciones de vida digna y siempre en el marco de la ley.
Por momentos la reunión se puso tensa, como cuando Alfredo Ledezma, delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) –cuya presencia es apenas testimonial en la región, frente a un contexto de violaciones constantes a la norma ambiental–, insistía en aplicar reglamentos al pie de la letra y en impedir el traslado de muebles desarmados de Capacuaro: “ya si van armados no es asunto de mi competencia”, decía, pero quedaba mudo cuando le cuestionaban por qué no aplicaba el mismo rigor a quienes fuerzan ilegalmente el cambio de uso de suelo, o ante el argumento económico de que los muebles se trasladan desarmados por ahorro de espacio y flete.
Como se recordará, en la región, además de la conflictividad agraria, se mantiene viva también la relacionada al robo de madera entre comuneros.
En el marco de la reunión, la comisión de más de 50 indígenas que en todo momento exigió “libre tránsito de muebles hasta que se instalen proyectos productivos verdaderos”, también dijo, en voz de Arcángel Jiménez Constanzo, representante de Bienes Comunales, que se acercaron a la Comisión Nacional Forestal para pedir su incorporación a ProÁrbol, pero les notificaron que no calificaron por no tener a salvo la legalidad de la comunidad agraria, por lo que dijeron “nos tienen abandonados”. En ese marco, el delegado estatal de Semarnat, Luis Martínez Armas, dijo por teléfono que Conafor le había notificado en ese momento que podría reconocer y empezar a trabajar “de inmediato” para reforestar 150 hectáreas, y aun cuando no se descartó la oferta, los capacuarenses señalaron que estaba fuera de tiempo porque las lluvias estaban por salir.
El bloqueo carretero a la altura del crucero a Los Reyes, en la carretera Uruapan-Zamora, se mantuvo por más de 50 horas continuas, en respuesta a medidas de mayor vigilancia, desatadas a partir de protestas similares en la Cañada de los Once Pueblos, encabezadas semanas atrás por la comunidad de Carapan y otras que defienden el poco recurso forestal que les queda.
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