Difusión Cencos México D.F., 17 de septiembre de 2009
Carta a senadores
CMDPDH / JPNH
A propósito de la postulación de Arturo Chávez Chávez por parte de Felipe Calderón para ocupar el puesto de Procurador General de la República, las organizaciones Justicia para Nuestras Hijas y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entregaron la siguiente carta a la senadora Rosario Ibarra (PT) y senadores José Luis Máximo García (PRD), Renán Cleominio Zoreda (PRI) y Ulises Ramírez (PAN), quienes se comprometieron a presentar el tema ante sus bancadas.
Estimado Senador/a:
Nos dirigimos a Usted en nombre de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., organización no gubernamental con 20 años de experiencia promoviendo la cultura del respeto a los derechos humanos, y de Justicia Para Nuestras Hijas, AC., organización de madres y familiares de niñas y mujeres asesinadas y desaparecidas en Chihuahua, con el objeto de externarle nuestra preocupación con relación al nombramiento anunciado por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa del nuevo titular de la Procuraduría General de la República.
Nuestra inquietud está fundada en el desempeño que Arturo Chávez Chávez tuvo durante su cargo como Subprocurador y Procurador General de Justicia del estado de Chihuahua, en el contexto de los feminicidios ocurridos en dicha entidad. En este sentido, el 15 de mayo de 1998, la CNDH dirigió al gobierno del estado de Chihuahua y al Ayuntamiento de Ciudad Juárez, la recomendación 44/98, a fin de que se sancionen las acciones y omisiones en que incurrieron servidores públicos del gobierno federal y local. En particular, la recomendación número 7, dirigida al Gobernador de ese estado, señala:
7. Se sirva dictar sus instrucciones a quien corresponda para que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución particular del Estado de Chihuahua, así como en la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos de la misma Entidad Federativa, se realicen los trámites o gestiones correspondientes a fin de investigar todo lo concerniente respecto del desempeño de funciones del licenciado Arturo Chávez Chávez, Procurador General de Justicia del mismo Estado, por las omisiones referidas en el cuerpo de la presente resolución.[1]
Además, como es de su conocimiento, el Estado mexicano ha sido objeto de múltiples recomendaciones por dicha problemática en Ciudad Juárez y Chihuahua, emitidas por diversos organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales; entre ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y distintos Comités y Relatores de la Organización de las Naciones Unidas, las cuales, urgen al gobierno mexicano a sancionar a los servidores públicos que, por negligencia, corrupción, falta de legalidad, obstrucción e irregularidades en las investigaciones, han permitido que estos crímenes queden impunes.
Con relación a lo anterior, los gobiernos, tanto federal como local, aceptaron cumplir las recomendaciones de estos organismos, sin embargo, las autoridades no remitieron las pruebas con las que acreditaran haber cumplido las mismas; ejemplo de ello, son los casos de asesinatos y desapariciones de mujeres que continúan sin una investigación efectiva y cuyos responsables no han sido sancionados.
Según el informe presentado el 25 de noviembre de 2003, la CNDH comunicó que, al concluir las investigaciones, observó que 263 mujeres fueron víctimas de homicidio en el municipio de Juárez durante el periodo comprendido de 1993 hasta noviembre de 2003, y que en la concurrencia de tales ilícitos existieron móviles violentos y sexuales en su ejecución, los cuales no habían sido oportuna y correctamente investigados.[2]
Es, precisamente, desde 1992 cuando Arturo Chávez Chávez ocupó el cargo de Subprocurador General de Asuntos Internos del Estado de Chihuahua; de 1994 a 1996 fue delegado de la Procuraduría General de la República en ese estado y, de 1996 a 1998 fue Procurador General de Justicia del Estado de Chihuahua.
El mandato legal y constitucional del Senado de la República lo obliga a velar por los intereses de la sociedad mexicana, de modo que, la ratificación de Chávez Chávez significaría: respaldar la impunidad, perpetuar la denegación de justicia a sus familiares, así como un insulto a la memoria de las víctimas.
Por lo anterior, y con el respeto que su cargo merece, le exhortamos a que considere lo expuesto en la presente misiva y difunda esta información entre los miembros del Senado de la República, con el objeto de que el nombramiento de Arturo Chávez Chávez como titular de la Procuraduría General de la República, no sea ratificado por esta Honorable Cámara. Un cargo de esta magnitud debe ser representado por una persona digna del mismo, que su trayectoria y experiencia garanticen a la sociedad el respeto irrestricto de sus derechos humanos.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo y aprovechamos la ocasión para reiterarle nuestras muestras de consideración y estima.
Atentamente,
Norma Ledezma Ortega
Madre de víctima
JPNH
Juan Carlos Gutiérrez Contreras
Director Ejecutivo
CMDPDH
Ana Yeli Pérez Garrido
Abogada
CMDPDH
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
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