lunes, 10 de agosto de 2009

Los nahuas del sur de Jalisco se aprestan a recuperar el ejido Ayotitlán

En asamblea, decidieron hacer valer el decreto presidencial emitido hace 46 años

Fuente: La Jornada de Jalisco

En la zona está enclavada la mina Peña Colorada, en el límite territorial con Colima

JUAN CARLOS G. PARTIDA (Enviado / II y última)

Las Pesadas, límites entre Colima y Jalisco, 8 de agosto.- Parados sobre la veta de hierro más grande del país con una riqueza que, por ejemplo, produce a una sola empresa mil 500 millones de dólares anuales en ventas por el mineral, los indios nahuas del sur de Jalisco preparan para la semana que está por comenzar la ejecución de un decreto presidencial que tiene 46 años flotando en el mar muerto de la Secretaría de la Reforma Agraria y que lograría la restitución legal de la zona donde está enclavada la mina Peña Colorada, la joya de la corona en la zona de límites territoriales que se disputan Jalisco y Colima.

“El 26 de julio en asamblea los ejidatarios tomaron la decisión de retomar los linderos del Ejido Ayotitlán. No estamos de ninguna manera viendo el problema de límites de los dos estados, puesto que un ejido puede estar en dos estados y nosotros estamos enfocados 100 por ciento al problema de límites del ejido Ayotitlán (…) Hay una resolución para poder ejecutar el ejido Ayotitlán de manera parcial y todo lo que quede dentro del ejido serán los ejidatarios los que vean qué se va a hacer con respecto a sus recursos naturales”, dice Esteban Guzmán, encargado de la Comisión Permanente por la defensa de los límites del ejido Ayotitlán y secretario general del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco A.C., quien está a cargo del plantón que los nahuas mantienen desde el 27 de julio en esta ranchería sitiada por policías colimenses.

Entrevistado en el campamento improvisado debajo de un ahuehuete a la entrada de Las Pesadas, Guzmán dice que está decidida la llegada al poblado de un contingente de cientos de nahuas de los diferentes pueblos que integran el Ejido Ayotitlán, en apoyo de la recuperación pacífica de sus tierras iniciada hace dos semanas.

Detrás de él y del resto de indígenas en plantón, se aprecia a unos tres kilómetros el cerro desgastado de Peña Colorada, desde donde cada día se envían toneladas de hierro triturado a través de un ferroducto que atraviesa la sierra hasta llegar a Manzanillo para su peletizado y posterior traslado a los centros de consumo vía férrea o marítima.

“Estamos en una comisión permanente de manera pacífica, en espera de que haya la documentación necesaria que acredite la propiedad del Ejido para entrar a hacer las mojoneras correspondientes aquí en Las Pesadas. Queremos aclarar que los habitantes del poblado de Las Pesadas son ejidatarios de Ayotitlán, no estamos en problema con ellos y como ejidatarios están de nuestro lado y estamos enfocados a ver los límites del ejido”, agrega el encargado del plantón.

Dice que ya han tenido acercamiento con las dos compañías mineras que entrarían en territorio nahua tras la ejecución del Decreto, Peña Colorada y Minera Monclova –filial del conglomerado norteño Altos Hornos de México (AHMSA)–, la primera con toda su concesión dentro del ejido de Ayotitlán y la segunda parcialmente.

La negociación busca una indemnización ambiental para los nahuas por el uso de sus tierras ancestrales, lo que representaría un capital sustancial para los indígenas que hoy reciben menos de un millón de pesos anuales de parte de Peña Colorada que de muy poco sirve para ayudarlos a resarcir la marginación en que viven.

“Todavía no sabemos el día pero será la semana próxima, la ley y la justicia nos asiste”, advierte Guzmán, entrevistado el jueves 7 de agosto.

Alrededor del ahuehuete donde se guarecen los indios pasan varias patrullas, una de ellas de la Policía Ministerial de Colima con dos agentes de civil que ostentan sus armas sin pudor. En la capital de Colima conocen de antemano el propósito final de los nahuas. Un día antes, el miércoles 6 de agosto, el gobernador Silverio Cavazos advertía también en entrevista:

“Nosotros hemos sido muy respetuosos y al gobierno de Jalisco le consta, con el señor gobernador (Emilio González Márquez) siempre hemos establecido un contacto directo. Sin embargo no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se vulnere nuestro territorio y si es necesario en su momento mandar la policía de la que podamos disponer la vamos a mandar, porque para eso son las fuerzas públicas, para generar la tranquilidad en todo lo que es nuestro territorio estatal”.

La policía colimense está en Las Pesadas desde enero del 2008 imponiendo un cerco que mantiene en estado de apartheid a sus pobladores, de acuerdo a la denuncia que hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Red Jalisciense de Derechos Humanos. Pero a partir del 27 de julio con la llegada de los ejidatarios de Ayotitlán, su presencia creció exponencialmente y en estos días mantiene tres retenes que controlan la entrada, el centro y la salida de la comunidad.

El peso hierro

Los intereses económicos privados que existen en esta zona de tensión y litigio ubicada al sur de Jalisco y en la parte noroeste de Colima se pueden resumir en dos grandes conglomerados: Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, que pertenece a la multinacional Ternium y en cuyo consejo de administración para la división en México figura el ex director de Pemex, Adrián Lajous Vargas.

El otro es Altos Hornos de México (AHMSA), que primero a través de Minera del Norte y ahora con su también filial Minera Monclova, tienen concesionados riquísimos yacimientos con calidad de hasta 90 por ciento de pureza en minas ubicadas justo en el territorio en litigio, desde donde transportan la materia prima en camiones hasta Manzanillo para de ahí enviarla a la fundidora de Monclova en ferrocarril.

De acuerdo a su sitio en Internet, Ternium es una empresa con capital sobre todo italiano y argentino, productora de aceros planos y largos con centros productivos localizados en Argentina, México, Estados Unidos y Guatemala, líder en el mercado latinoamericano con procesos integrados para la fabricación de acero y derivados. Con un volumen de ventas aproximadas de más de 8 millones de toneladas, Ternium es el mayor fabricante de productos terminados de acero en América Latina.

AHMSA está localizada en Monclova, Coahuila, y se ostenta como la mayor siderúrgica integrada de México generando una amplia gama de aceros. Es propietaria y opera minas de fierro y carbón en varias partes del país que abastecen la materia prima utilizada por la compañía en el proceso siderúrgico, situándose como uno de los productores con menores costos a nivel mundial.

Datos de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía (SE) a través de su Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras, clarifican el alto impacto y presencia de ambos consorcios en la región que se disputan jaliscienses y colimenses.

En los últimos 10 años, del 2000 a la fecha, Minera del Norte obtuvo 10 títulos de concesión minera asentados en el municipio de Minatitlán, Colima, cinco de ellos durante el 2003. En el municipio jalisciense de Cuautitlán, en ese mismo periodo, esta filial de AHMSA se llevó dos títulos de concesión, mientras la empresa Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada también obtuvo dos concesiones mineras en la misma demarcación.

El registro obtenido en la SE como empresas asentadas en territorio jalisciense con las dos concesiones que ostenta AHMSA y las dos de Peña Colorada, también sirven para determinar que en efecto ambas empresas tienen minas en los dominios nahuas.

Hay otros nombres de particulares que a título individual explotan minas y supuestamente no están ligados a los emporios acereros, pero que por la superficie concesionada y las varias licencias obtenidas destacan en los datos de la SE. En la zona es un secreto a voces el uso de prestanombres.

En Minatitlán, por ejemplo, Horacio Mancilla González obtuvo una concesión en el 2007 y otra en el 2006; Ignacio González Zamora y Socios se llevó una concesión de 250 hectáreas en el 2008, tres en el 2007 –entre ellas el predio Elizabeth, de 360 hectáreas–; en el 2007 Adolfo Jiménez Vargas aparece como titular de cuatro concesiones para un total de al menos 3 mil 200 hectáreas –todas en Minatitlán– de las10 mil 700 hectáreas que se concesionaron en todos los municipios de Colima ese año.

El boom de la entrada de particulares se dio a partir del 2006 justamente en Colima, pues hasta antes las concesiones se entregaban a grandes consorcios como los que dominan el panorama minero de la región. En Jalisco fue un poco más tardío pues la llegada de los supuestos prestanombres comenzó en el 2007; hasta entonces todas las concesiones sin excepción en Cuautitlán fueron para las grandes compañías.

Termina la tarde en Las Pesadas en un jueves de tensa calma. Al poblado van llegando los mineros indígenas que como Jesús Gerardo Ramos rentan su fuerza de trabajo por 900 pesos semanales a Minera Monclova o a Peña Colorada.

Él, como todos aquí, sueña con lograr que los grandes consorcios comiencen a pagar su deuda ambiental y sonríe cuando ve en la distancia a los nahuas plantados debajo del ahuehuete, esos que quieren lograr que los ejidatarios sean los dueños de la inmensa riqueza sobre la que caminan desde los tiempos inmemoriales en que asentaron su nación aquí.

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