Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
JAVIER PUGA MARTÍNEZ
Campesinos de la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla afirmaron que un grupo de políticos y empresarios encabezados por el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, Pedro Galván y Kamel Nacif pretende expropiar y despojar a los campesinos de 10 mil 481 hectáreas de predios ejidales para la realización del Proyecto Aura; sin embargo, fuentes cercanas a la Secretaría de Gobernación afirmaron que la dependencia no está involucrada en dicho caso, por lo que rechazaron ese señalamiento.
Ayer, en rueda de prensa, los campesinos exigieron la liberación inmediata de sus 17 compañeros detenidos tras el enfrentamiento violento con la Policía el pasado 25 de abril, y reprobaron que el gobernador Mario Marín haya ido al pueblo a pedirles el voto cuando fue candidato a la guberanatura y ahora les pague con balazos, golpes y despojos.
“Le mandamos un mensaje a Marín Torres: él tendrá aviones, patrullas y más, pero Azumiatla tiene ideas, y esa es nuestra arma principal”, aseguraron Gabriel Escalona, Mateo Huexo, Emidio Pérez y édgar Escalona.
Afirmaron que la administración estatal está provocando a la población de este lugar para hacerla pasar ante la opinión pública como provocadora y violenta, cuando en realidad lo que busca el gobierno estatal es encarcelar a todos aquellos que defienden su patrimonio.
Subrayaron que el beneficio del proyecto inmobiliario que se pretende realizar en la zona sólo es para unos cuantos, y señalaron a los hijos del ex magistrado Guillermo Pacheco Pulido, Guillermo y Javier; a la familia Grajales Salas, poseedora de una estación local de radio en Puebla; a José Luis Galindo Flores, quien ahora se dice dueño de 540 hectáreas, y al ex diputado Andrés Romero Sánchez.
Recordaron que el actual conflicto con el gobierno del estado comenzó el 5 de abril de 2004, cuando llegaron a Azumiatla personas que afirmaron ser empleadas del programa “Bolsa de Tierra”; a través de un oficio girado por el coordinador del programa, Mario Zavaleta Juárez, y dirigido al comisariado ejidal, se les propuso en una asamblea programada para el 14 de abril siguiente que se debería cambiar el régimen ejidal de los predios por el de título de propiedad.
Posteriormente, indicaron, nuevos enviados gubernamentales trataron de convencer a los campesinos de que las tierras de uso común también fueran convertidas en propiedad privada. Los hombres y mujeres de Azumiatla rechazaron ambas peticiones, y desde entonces el acoso sobre los terrenos de los labriegos no culmina.
Agregaron que el 23 de agosto de 2005, ya en la actual administración estatal, aparecieron volantes por la zona anunciando el megaproyecto de Valsequillo, en los cuales se hizo hincapié en la expropiación de tierras pertenecientes a 17 ejidos: San Andrés Azumiatla, Guadalupe Tecola, Santa Cruz la Ixtla, San Bernardino Tepenene, San José El Aguacate, San Baltazar Teteja, San Pedro Zacachimalpa, Torija, Guadalupe Victoria, Tejaluca, Los Ángeles Tetela, La Libertad, Tlaxcolpa, San José El Rincón y otras más, hasta sumar 10 mil 481 hectáreas. Las construcciones que se proyectaron para esos predios eran fraccionamientos residenciales, varias marinas y centros comerciales.
Los campesinos afirmaron que hace unas semanas tuvieron conocimiento de que apareció un plano a favor de un particular llamado José Luis Galindo Flores, quien inició un procedimiento en Tenencia de Tierra para que se le reconozca como propietario de 456 hectáreas. Esa persona supuestamente compró en 1971 un predio de esa extensión, pero es hasta el año pasado que protocolizó la compraventa ante el notario público de Tecali, Alberto Esteban Morelos. “¿Quién deja pasar más de 30 años para escriturar un terreno de esa extensión?”, preguntaron.
En su exposición, los labriegos mostraron imágenes de lo que sería el Proyecto Aura, mismas que ya han sido difundidas por distintos medios locales en años anteriores, y sobre las cuales algunos investigadores y académicos universitarios han cuestionado la viabilidad de la megaobra, pues la actual administración gubernamental tiene menos de dos años para concluir su gestión y carece de los recursos y el tiempo suficiente para ejecutarlo.
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