Laura Itzel Castillo
13 de mayo de 2009
Deshojando a La Margarita
México sufre procesos de urbanización acelerados y desordenados. Como resultado de la expansión de las ciudades y el deterioro en la calidad de vida en el campo, actualmente 66% de la población reside en zonas urbanas. No obstante, hace tan sólo un siglo, una décima parte de los mexicanos era el que habitaba en ciudades.
Puebla forma parte de la “corona regional” que circunda al Distrito Federal, caracterizada por sus zonas metropolitanas que comparten problemas urbanos y ambientales. La población total del estado es de alrededor de 5.5 millones de habitantes. Tan sólo en la zona metropolitana de su capital, radican 3 millones de poblanos, por lo que ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, después de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey.
Sin duda las unidades habitacionales representan un símbolo de la modernidad. Como sucede en la mayor parte del país, el grueso de los créditos hipotecarios otorgados proviene del Infonavit.
En la ciudad de Puebla, La Margarita, con más de 6 mil viviendas, fue considerada en la década de los 70 modelo de desarrollo urbano. El equipamiento, junto con las áreas comunes, está muy lejos de lo que ahora cuentan los proyectos habitacionales de interés social.
Por eso vecinos de La Margarita se empeñan en defender esos espacios y denuncian la administración irregular de las áreas comunes por parte del Infonavit. El manejo y destino de estos espacios, que hoy son giros comerciales de toda clase, ha sido totalmente discrecional. Ahora se venden terrenos de las áreas comunes, sin explicar dónde queda el dinero que se recibe a cambio. Tampoco se sabe por qué éste no se refleja en las subcuentas de vivienda de los trabajadores.
Por qué tampoco se consulta al Sistema de Enajenación de Bienes, para la realización de dichas transacciones, como lo ordena la Ley para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Cínicamente Infonavit argumenta que él no forma parte del Estado mexicano, ni del gobierno federal y que tampoco es un organismo descentralizado de la administración pública federal. El Instituto no puede ni debe escapar a su responsabilidad social.
La Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes regula no sólo los bienes federales, sino aquellos sobre los cuales las dependencias o entidades puedan disponer.
El Infonavit perdió el amparo interpuesto por los vecinos de La Margarita, que exigen que el Consejo de Administración del Instituto sesione para rendir cuentas sobre el programa de venta y desincorporación de reserva territorial.
Por lo pronto en julio realizarán una consulta ciudadana acerca de la conveniencia de construir una tienda departamental en la zona verde de la unidad, correspondiente a las áreas comunes.
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