Los cinco me’phaas fueron involucrados en el asesinato de un espía del Ejército
Envían 145 cartas al magistrado Rafael Aragón para explicarle que los acusados tenían un amparo
CITLAL GILES SANCHEZ
Organizaciones no gubernamentales internacionales, nacionales y estatales exigieron a Jesús Rafael Aragón, juez del segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa del circuito 21, con sede en Acapulco, que emita una resolución imparcial y apegada a derecho del recurso de apelación que puso la PGR contra el amparo otorgado a los detenidos de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).
Además exigieron a la PGR que deje de obstruir el proceso de liberación de los detenidos.
Las organizaciones enviaron 145 cartas al magistrado Rafael Aragón, en las que explican que el 15 de octubre del año pasado los integrantes de la OPIM obtuvieron de la juez octava de Distrito, con sede en Acapulco, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, un amparo con el número 982/2008 contra el auto de formal prisión que les dictó el juez de Ayutla por el asesinato de un espía del Ejército.
En un comunicado del centro de derechos humanos de La Montaña Tlachinollan se detalla que las 145 organizaciones explican en las cartas al magistrado que dicho amparo fue concedido porque la juez no encontró pruebas que los culpen y ordenó su libertad inmediata.
Pero el 30 de octubre, último día para impugnar la resolución, “un Ministerio Público de la PGR presentó una apelación, a pesar de que había quedada demostrada su inocencia”.
De igual forma, las organizaciones demandaron a los gobiernos de México y de Guerrero la cancelación de las órdenes de aprehensión contra los otros 10 miembros de la OPIM, además de que cumplan con las medidas cautelares que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para asegurar la vida e integridad personal del resto de los integrantes de la misma organización y de los mismos presos.
En el documento, Tlachinollan destacó que tuvo que recurrir a una campaña de cartas debido a que llevan más cuatro meses de que se concedió el amparo y los cinco indígenas permanecen en prisión.
Finalmente Tlachinollan señaló que el encarcelamiento injusto de los integrantes de la OPIM, así como la desaparición forzada de dos dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, es una muestra del por qué el Consejo de Derechos Humanos de ONU hizo 91 recomendaciones al gobierno de México por las violaciones a los derechos humanos, durante el Examen Periódico Universal.
Las agrupaciones que enviaron dichas cartas son la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWG) también con sede en Washington, Estados Unidos; la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos; Swedish Fellowship of Reconciliation (SWEFOR) de Suecia; Inititive Mexiko, con sede en Alemania; Solicitors International Human Rights Group (SIHRG) de Londres y Task Force on the Americas, de California, Estados Unidos.
Así como la Academia Mexicana Derechos Humanos, el Centro de Alternativas para el Desarrollo, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras.
Fuente: La Jornada de Guerrero.
Envían 145 cartas al magistrado Rafael Aragón para explicarle que los acusados tenían un amparo
CITLAL GILES SANCHEZ
Organizaciones no gubernamentales internacionales, nacionales y estatales exigieron a Jesús Rafael Aragón, juez del segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa del circuito 21, con sede en Acapulco, que emita una resolución imparcial y apegada a derecho del recurso de apelación que puso la PGR contra el amparo otorgado a los detenidos de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).
Además exigieron a la PGR que deje de obstruir el proceso de liberación de los detenidos.
Las organizaciones enviaron 145 cartas al magistrado Rafael Aragón, en las que explican que el 15 de octubre del año pasado los integrantes de la OPIM obtuvieron de la juez octava de Distrito, con sede en Acapulco, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, un amparo con el número 982/2008 contra el auto de formal prisión que les dictó el juez de Ayutla por el asesinato de un espía del Ejército.
En un comunicado del centro de derechos humanos de La Montaña Tlachinollan se detalla que las 145 organizaciones explican en las cartas al magistrado que dicho amparo fue concedido porque la juez no encontró pruebas que los culpen y ordenó su libertad inmediata.
Pero el 30 de octubre, último día para impugnar la resolución, “un Ministerio Público de la PGR presentó una apelación, a pesar de que había quedada demostrada su inocencia”.
De igual forma, las organizaciones demandaron a los gobiernos de México y de Guerrero la cancelación de las órdenes de aprehensión contra los otros 10 miembros de la OPIM, además de que cumplan con las medidas cautelares que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para asegurar la vida e integridad personal del resto de los integrantes de la misma organización y de los mismos presos.
En el documento, Tlachinollan destacó que tuvo que recurrir a una campaña de cartas debido a que llevan más cuatro meses de que se concedió el amparo y los cinco indígenas permanecen en prisión.
Finalmente Tlachinollan señaló que el encarcelamiento injusto de los integrantes de la OPIM, así como la desaparición forzada de dos dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, es una muestra del por qué el Consejo de Derechos Humanos de ONU hizo 91 recomendaciones al gobierno de México por las violaciones a los derechos humanos, durante el Examen Periódico Universal.
Las agrupaciones que enviaron dichas cartas son la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWG) también con sede en Washington, Estados Unidos; la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos; Swedish Fellowship of Reconciliation (SWEFOR) de Suecia; Inititive Mexiko, con sede en Alemania; Solicitors International Human Rights Group (SIHRG) de Londres y Task Force on the Americas, de California, Estados Unidos.
Así como la Academia Mexicana Derechos Humanos, el Centro de Alternativas para el Desarrollo, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras.
Fuente: La Jornada de Guerrero.
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