Populismo penal con Calderón

Patricio Cortés
pcortesc@yahoo.com.mx

* De corte autoritario, la visión de la seguridad pública: Edgar Cortez * Diálogo selectivo del gobierno federal * Excluye a las ONG * Para Amnistía Internacional México es uno de “los 19 países prioritarios”

Septiembre de 2008 fue un mes negro en el imaginario colectivo, el secuestro y asesinato del hijo de un prominente empresario, 24 hombres ejecutados aparecieron en La Marquesa y por si fuera poco un atentado terrorista en Morelia. Como resultado muchas voces hoy piden más venganza que justicia.

Esto evidentemente significa un menoscabo para los ya menospreciados derechos humanos en México. Hay hasta espectaculares del Partido Verde Ecologista exigiendo la reimplantación de la pena de muerte. Los legisladores se han comprometido a endurecer las penas y dar más “herramientas” a los policías para combatir la delincuencia. No hay que olvidar la reciente reforma al sistema de justicia donde se lograron eliminar varios aspectos violatorios que se intentaba imponer (algunos otros se quedaron) y ahora se buscará el paquete completo.

Al respecto Edgar Cortez, representante del conglomerado de ONG Todos los Derechos para Todos, advierte preocupado: “Yo creo que echar por delante estas iniciativas de penas más altas, pena de muerte, cadena perpetua, pues son populismo penal, una acción que intenta simplemente dar una apariencia de efectividad y respuesta pronta, inmediata. Yo creo que lo que se pierde totalmente de vista es que no hay evidencia de que el incremento de las penas genere una disuasión y una disminución de la incidencia delictiva”.

Sobre grupos como México Unido Contra la Delincuencia que exigen la pena de muerte, aunque reconocen que no disminuye la delincuencia, “para que la víctima sienta que se le hizo justicia”, refuta: “Hablar de pena de muerte en realidad resulta muy contradictorio, cuando apenas hace tres años se quitó de la Constitución. En ese momento se dieron una serie de argumentos que me parece que fundamentalmente siguen siendo absolutamente validos, porque la problemática de la inseguridad en términos de números es prácticamente igual ahora que el año pasado, lo que sí hay es una exacerbación de la misma en buena medida por medios de comunicación que han contribuido a esa extrapolación”.

¿Después de septiembre es más difícil la defensa de los derechos humanos?

—Creo que sí, lamentablemente la visión que está imponiendo el gobierno federal, en coordinación con un sector social y con el respaldo en medios de comunicación, es la de una seguridad pública de corte autoritario y restricción de derechos.
“Yo creo que la otra evidencia de esta tendencia es que en la firma de este Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia, finalmente los grupos de derechos humanos en ningún momento fueron invitados, ni convocados para participar en el proceso y, segundo: dentro de los contenidos de este acuerdo el tema de los derechos humanos está casi ausente, hay dos menciones absolutamente marginales. Lo que hay es esta visión de seguridad de corte autoritario. Es esta actitud, muy coyuntural, de dar respuestas que los mismos gobernantes y legisladores saben que no son efectivas, pero están diciendo lo que un sector de la sociedad quiere escuchar. Están cayendo en el populismo penal”, refiere Edgar Cortez.

¿Esto implica un riesgo de retornar al autoritarismo?

—Hay un riesgo de autoritarismo y esto viene desde la reforma en materia penal y seguridad que se aprobó, y ya venía con esta dualidad: por un lado en esa reforma había una parte positiva que era la de construir el sistema de juicios orales, sentar los cimientos para poder construir un sistema penal de tipo acusatorio; pero junto con eso hay definiciones que son abiertamente contrarias a derechos humanos, como es haber puesto la figura del arraigo en la Constitución, una definición amañada de delincuencia organizada y a fin de cuentas ubicar que todo el tema del combate a la delincuencia organizada se convierte en un régimen de excepción. Las experiencias de otros países han demostrado que las reformas exitosas se han construido en la medida que han podido garantizar los derechos humanos.

Curiosamente los convocados en las discusiones de seguridad pública, pertenecientes a la llamada sociedad civil, fueron exclusivamente de las clases económicamente pudientes. ¿No están excluyendo al resto?

—Se ha privilegiado en este dialogo, en la construcción del acuerdo a un sector de la sociedad, que tiene derecho a participar, pero es sólo un sector que es muy cercano y proclive a las decisiones que se están tomando. El tema debería ser de discusión amplia y plural, no lo está siendo, es un dialogo muy selectivo por parte del gobierno federal.

Llama la atención que a quienes presentaron ante los medios de comunicación como presuntos responsables del atentado de Morelia, muestran huellas evidentes de maltrato físico lo que hace suponer que ya fueron objeto de torturas y debería despertar dudas sobre si son quienes dicen que son.

—Volvemos al tema de que estas detenciones, sin duda de que levantan muchas sospechas. Primero, porque por estas evidencias exteriores y muy obvias de maltrato físico, inclusive posiblemente de algo más. Son personas que se les ha aplicado esta figura del arraigo, lo cual quiere decir que no se les detuvo por un trabajo de inteligencia o investigación policíaca profesional, sino por una delación (soplo), tampoco tienen evidencia suficientes para presentarlas ante un juez. Hay muchas dudas y con este sistema con mucha facilidad se levantan sospechas.

¿Este sistema facilita la creación de chivos expiatorios?

—Bajo esta vigencia es un sistema que fabrica chivos expiatorios y luego se ven las cárceles llenas de inocentes y los culpables andan sueltos.

Por su parte Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, comenta la preocupación del organismo por esta campaña pro pena de muerte contra la que llevan luchando décadas: “Hay estudios sumamente serios alrededor del mundo que hablan de su falta de efectividad en la lucha contra la delincuencia y significa simplemente un acto de venganza al que un Estado no puede prestarse”.

Acota: “Es importante comprender que el fenómeno de la delincuencia tiene que ver con un sistema que históricamente ha sido débil en materia de impartición de justicia. No es un tema de penas, es un tema de impunidad. Todos los casos emblemáticos que hemos ido adoptando tienen como componente transversal la impunidad. Ministerio Público débil o sistema de impartición de justicia con retraso en las sentencias y que no le garantiza a la sociedad esta sensación de que viva en un clima de seguridad donde el Estado toma su responsabilidad. Mucha gente cree que el tema de la seguridad pública no es un tema de derechos humanos, pero bajo estándares internacionales hay un principio de debida diligencia, lo que significa que el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y reparar el daño”.

“El problema de los sistemas de justicia débiles es la tentación al autoritarismo. Si no hay un sistema que de manera correcta pueda proteger esa esfera jurídica a la que tengo derecho, lo primero en que pienso es que haya una instancia, una persona o quien sea que venga a salvarme de esto. La tentación fundamental es el autoritarismo y tenemos experiencias terribles en nuestra región latinoamericana en los últimos 40 años de lo que significa esa alternativa para entre millones de comillas rescatarnos de la inseguridad pública”, advierte el director local de Amnistía Internacional.

“La expresión de militarización que está habiendo me parece que es uno de esos riesgos en términos de lo que significa el endurecimiento de una mano en seguridad pública, cuando no hay al paralelo un fortalecimiento en materia de justicia civil”, advierte. En el mismo sentido expresa que el hecho de que los militares estén en las calles y no sean presentados ante la justicia civil (por el fuero militar) cuando cometen un delito, multiplica las violaciones a los derechos humanos.

Ponemos en la mesa el ejemplo de Colombia donde las constantes violaciones a los derechos humanos en pro de la seguridad pública son aplaudidas por sectores de la sociedad. Al respecto, Alberto Herrera comenta: “Es una posición cómoda ésta de tener un emblema, un icono, una persona que sea quien viene a rescatarme de una situación problemática, cuando históricamente no hemos sido capaces de construir un sistema y condiciones más amplias que permitan garantizar esto. Nosotros tenemos mucho trabajo en Colombia, es uno de los 19 países prioritarios (México también está en la lista) que tenemos detectados y ciertamente hay un sector de la población que aplaude actitudes de un Estado que es uno de los grandes violadores de los derechos humanos a nivel mundial. El fenómeno del paramilitarismo se ha incrementado en los últimos años. Son alternativas verdaderamente maquilladas para intentar resolver este problema que ha redundado en este esquema de impunidad. No son soluciones duraderas”.

En la lucha contra la delincuencia muchos piden sangre, tal vez la obtengan, la pregunta es ¿de quién?