Por Eduardo Ibarra Aguirre
Por fin se materializa el acariciado sueño de Jesús Ortega Martínez de presidir el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática , gracias a la decisión unánime del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Quedaron atrás las cinco búsquedas que emprendió el líder de Nueva Izquierda, la corriente mayoritaria en el aparato del sol azteca –conformado por 5 mil hombres y mujeres dedicados de tiempo completo-- y ahora también en el Consejo Nacional, y que le dieron fama de candidato perdedor eterno, a pesar de las destacadas calificaciones políticas.
Notas sobresalientes que en el pasado fueron utilizadas por sus compañeros de partido pero no de corriente, para cerrarle el paso a sus legítimas aspiraciones, bajo señalamientos de oportunismo político, como si ignoraran que su formación básica la obtuvo en el Partido Socialista de los Trabajadores, reconvertido oportunamente en Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional –el impronunciable PFCRN-- y de su maestro Rafael Ignacio Aguilar Talamantes , paradigmas de la desde entonces izquierda moderna que practicaba subordinaciones políticas al gobierno en turno.
No hay lugar, pues, para el engaño y la sorpresa. Menos aún cuando Andrés Manuel López Obrador lo convirtió en jefe de campaña presidencial y, ya derrotado, a Nueva Izquierda le correspondió la mayoría de las diputaciones y senadurías del partido próximo a cumplir 20 años. Además Ortega Martínez presidió el Frente Amplio Progresista.
Sorprenden los tiempos que escogió el presuntamente impolítico TEPJF para revocar la nulidad de la elección de la dirigencia del PRD que había decretado la Comisión Nacional de Garantías. Esto es: después de aprobada la reforma petrolera con un destacado protagonismo de los diputados y senadores de la corriente política ahora beneficiada y cuando ya estaba amarrado el acuerdo sobre el presupuesto en San Lázaro.
Pero sorprende más aún que el TEPJF privilegiara los aspectos cuantitativos de la elección perredista en demérito de los cualitativos, justamente como lo hizo con la elección presidencial. Incluso el polémico Flavio Galván Rivera se sinceró y exhibió el cobre: “la revisión fue compleja pero se fue haciendo el análisis sin pretender repetir la demanda política de hace algunos meses, que ya forman años, casilla por casilla y casi voto por voto”.
A María del Carmen Alanís Figueroa --amiga de la pareja que sigue de luto en Los Pinos en forma dispareja--, y sus colegas no les arredró meterse hasta las entrañas de las casillas para readecuar las anuladas y validadas originalmente, recomponer el cómputo y anular 22.8 por ciento porque fueron “comicios viciados”, sin importarles que los estatutos del PRD fijan 20 por ciento de casillas con irregularidades para anular la elección, como lo hizo la CNG.
Con independencia del beneficiario, es evidente la intromisión de un órgano del Estado, difícilmente ajeno a influencias del presidencialismo absolutista realmente existente, en la vida interna del otrora denominado partido del 6 de julio.
No tiene nada de casual, por lo anterior, que Jesús Ortega subrayara enseguida del fallo emitido por el TEPJF que éste no obedeció al voto favorable que los legisladores de Nueva Izquierda dieron a la reforma petrolera.
Resuelto el desencuentro del perredismo en términos jurídicos por un órgano estatal ante la incapacidad mostrada por las corrientes y la dirigencia durante ocho meses, queda por resolver el disenso político que es el central y permanece intacto.
La capacidad de diálogo y de negociación de Alejandro Encinas Rodríguez y del exsenador parecen claves para abrir cauces a las soluciones unitarias, mismas que no se verán estimuladas con descalificaciones como las que hace Ortega de “los fanáticos” que lo impugnan y que, por cierto, son muchos.
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