Eduardo Ibarra Aguirre
La impotencia frente al narcotráfico y el crimen organizado está generando medidas desesperadas de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y su gobierno, integrado por amigos y socios.
Una de las más riesgosas es el establecimiento de los lineamientos de la Procuraduría General de la República sobre el ofrecimiento y pago de recompensas hasta por 5 mil pesos por la información que los ciudadanos proporcionen para la investigación y el combate de delitos.
Instalado en la lógica de convertir a la ciudadanía en delatora de presuntos delincuentes --que lo mismo pueden ser familiares, vecinos o conocidos con los que se pretenda ajustar un diferendo personal--, Eduardo Medina-Mora Icaza , al estilo del Oeste del siglo antepasado y de la Drug Enforcement Administration , mejor conocida como DEA por sus siglas en inglés, del siglo XXI, oferta entregar hasta 10 millones de pesos a quien entregue información que conduzca a la detención de los autores materiales de los atentados de Morelia, Michoacán. De los autores intelectuales nadie se ocupa, como en los asesinatos de Juan Jesús Posadas Ocampo , Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu .
La impunidad aquí, en México, es ley de leyes en la vida cotidiana. A nadie con capacidad de decisión en los poderes institucionales y fácticos –gigantesco monumento a los impunes-- le interesa combatirla. De lo contrario, buena parte de los integrantes de las elites dominantes estarían tras la rejas y faltarían celdas.
Contrasta la incapacidad intelectual y política de Calderón Hinojosa y su grupo para involucrar a la sociedad, a los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno --como lo demandó la Cámara de Diputados y olímpicamente fue ignorada, además de la exigencia de modificar la fracasada estrategia anticrimen--, con iniciativas que no comulgan con el peligroso plan en marcha de reducirnos a la triste condición de delatores.
Por ejemplo, Utopía recibió la propuesta para integrar la Guardia Nacional , formulada por un grupo de ciudadanos, como lo establece la Constitución que dice a la letra: “Artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos: “III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional , conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos, e intereses de la Patria , así como la tranquilidad y el orden interior .”
Ignoro si es la medida más adecuada ante el desastre gubernamental en materia de seguridad pública que ya produjo la muerte de más de 6 mil mexicanos –erróneamente aquí se dio una cifra menor-- y el primer atentado con granadas en contra de inocentes.
Tengo claro que no existe la solución sino un conjunto de políticas y medidas que rebasan, y con mucho, los privilegiadísimos aspectos militares y policiacos. Pero la propuesta suscrita por un centenar de periodistas, académicos, diplomáticos, activistas sociales y políticos --como Fausto Cantú Peña, Lilia Cisneros Luján, Andrés Ruiz Furlong, María Gómez Rivera y José Antonio Guerrero --, buscará ser presentada al Congreso como iniciativa de ley.
No se avanzará en la Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, como gusta llamarle el economista y abogado quien, al decir de su odiado adversario Andrés Manuel López Obrador , “Le pegó a lo tonto un palazo al avispero y dejó a la gente en estado de indefensión”, mientras no se afronten social y económicamente lo que la Secretaría de Desarrollo Social denominó, en un estudio de 2003, “los feudos del narco ”; en tanto no se involucre a toda la sociedad civil y la política; y como dice muy bien el obispo Raúl Vera López “acabando con las cabezas de los cárteles , pero también combatiendo a los políticos que los apoyan –y que Calderón empezó a descubrir el día 17-- y a los empresarios y banqueros que les lavan el dinero”.
Así de complejo. Así de claro.
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