Militantes y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional iniciaron la medición y deslinde de las tierras que recuperaron de manos de los finqueros desde 1994, y de los que ahora se pretende apoderar la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC). Este sábado iniciaron el deslinde del predio La Providencia, del municipio de Yajalón, perteneciente al Municipio Autónomo Olga Isabel, se dio a conocer durante un encuentro privado entre los operadores políticos de la Secretaría de Gobierno del estado de las zonas Norte y Selva.
En el encuentro, se explicó que luego del alzamiento de enero de 1994 los indígenas zapatistas se posesionaron de unas 80 mil hectáreas que conforman más de mil predios de 33 municipios. En ninguno de los casos los predios han sido regularizados a favor de los campesinos que actualmente poseen la tierra.
De acuerdo a los expedientes que fueron presentados en la reunión, la determinación de deslindar y medir los terrenos se dio ante las disputas que existen en algunos de esos lugares, entre los simpatizantes zapatistas y los integrantes de la OPDDIC, ya que ambos grupos cohabitan esos lugares.
La OPDDIC ha gestionado la regularización de algunos predios, y ganado los juicios agrarios a su favor, dejando fuera a los simpatizantes y bases del EZLN que viven ahí, en algunos casos con la presunta complicidad de autoridades agrarias, como en el caso del Nantzé, del municipio de Altamirano. La OPDDIC tiene peticiones de regularización a su favor, en predios como Agua Azul, en Tumbalá; Mukulum, San Luis Irineo y Ranchería San Francisco, ubicados en Chilón; Tenango, Nuevo Edén, Rafael Moreno, San José la Soledad, San Isidro, Nuevo Suspiro y Ranchería Peña Limonar, de Ocosingo; también Emiliano Zapata, Nantla, de Altamirano. Ante este panorama, los campesinos zapatistas afectados por las acciones de la OPDDIC determinaron efectuar ellos mismos los trabajos de deslinde y medición de los terrenos en disputa.
Según los reportes de la Secretaría de Gobierno, este día los zapatistas iniciaron en el predio La Providencia, del municipio de Yajalón, lo que al ver de las autoridades podría detonar las diferencias entre los grupos que se disputan los predios.
En la zona de influencia zapatista –que abarca regiones de los municipios de Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Yajalón, Chilón, Tila, Tumbalá, Sabanilla, Palenque, entre otros municipios- el 59 por ciento de los predios no se encuentran regularizados. Ahí existen un total de 1013 inmuebles que fueron ocupados por los campesinos a través de invasiones que se dieron luego del alzamiento de enero de 1994. En la mayoría de esos casos el gobierno federal, a través de diversos fideicomisos, indemnizó a los terratenientes por la pérdida de sus propiedades, sin que a la fecha haya entregado los nuevos títulos de propiedad a los actuales ocupantes.
El caso más significativo es el de Las Cañadas de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, donde hay más de 700 predios en esas condiciones. Ahí el gobierno federal entregó a los terratenientes 167 millones 490 mil pesos del Fideicomiso de Aparcería Bovina y Proyectos Productivos Agropecuarios (Fiapar), por un total de 41 mil 939 hectáreas que están en posesión de simpatizantes del EZLN.
Si bien este proyecto era una especia de “crédito” o compensación como un paliativo en tanto el gobierno federal resolvía el conflicto armado, el acuerdo firmado con los terratenientes establecía que si pasados 10 años no se daba esta situación, ellos debían devolver los créditos para o perder las propiedades.
Ninguno de los terratenientes regresó el recurso, por lo que los títulos de las propiedades quedaron en poder de lo que fue Banrural, y posteriormente pasaron a la Secretaría de Hacienda, es decir, según autoridades agrarias federales, quedó en indefinición la propiedad legal de los terrenos ocupados por los zapatistas, aunque tampoco existe algún impedimento jurídico para ser adjudicados a estos grupos.
Valiéndose de esta situación, en los últimos cinco años la OPDDIC, conformada en algunos casos por desertores del EZLN, inició los trámites legales para que le sean adjudicados los inmuebles.
Fuente: Enviado por AIPIN.
En el encuentro, se explicó que luego del alzamiento de enero de 1994 los indígenas zapatistas se posesionaron de unas 80 mil hectáreas que conforman más de mil predios de 33 municipios. En ninguno de los casos los predios han sido regularizados a favor de los campesinos que actualmente poseen la tierra.
De acuerdo a los expedientes que fueron presentados en la reunión, la determinación de deslindar y medir los terrenos se dio ante las disputas que existen en algunos de esos lugares, entre los simpatizantes zapatistas y los integrantes de la OPDDIC, ya que ambos grupos cohabitan esos lugares.
La OPDDIC ha gestionado la regularización de algunos predios, y ganado los juicios agrarios a su favor, dejando fuera a los simpatizantes y bases del EZLN que viven ahí, en algunos casos con la presunta complicidad de autoridades agrarias, como en el caso del Nantzé, del municipio de Altamirano. La OPDDIC tiene peticiones de regularización a su favor, en predios como Agua Azul, en Tumbalá; Mukulum, San Luis Irineo y Ranchería San Francisco, ubicados en Chilón; Tenango, Nuevo Edén, Rafael Moreno, San José la Soledad, San Isidro, Nuevo Suspiro y Ranchería Peña Limonar, de Ocosingo; también Emiliano Zapata, Nantla, de Altamirano. Ante este panorama, los campesinos zapatistas afectados por las acciones de la OPDDIC determinaron efectuar ellos mismos los trabajos de deslinde y medición de los terrenos en disputa.
Según los reportes de la Secretaría de Gobierno, este día los zapatistas iniciaron en el predio La Providencia, del municipio de Yajalón, lo que al ver de las autoridades podría detonar las diferencias entre los grupos que se disputan los predios.
En la zona de influencia zapatista –que abarca regiones de los municipios de Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Yajalón, Chilón, Tila, Tumbalá, Sabanilla, Palenque, entre otros municipios- el 59 por ciento de los predios no se encuentran regularizados. Ahí existen un total de 1013 inmuebles que fueron ocupados por los campesinos a través de invasiones que se dieron luego del alzamiento de enero de 1994. En la mayoría de esos casos el gobierno federal, a través de diversos fideicomisos, indemnizó a los terratenientes por la pérdida de sus propiedades, sin que a la fecha haya entregado los nuevos títulos de propiedad a los actuales ocupantes.
El caso más significativo es el de Las Cañadas de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, donde hay más de 700 predios en esas condiciones. Ahí el gobierno federal entregó a los terratenientes 167 millones 490 mil pesos del Fideicomiso de Aparcería Bovina y Proyectos Productivos Agropecuarios (Fiapar), por un total de 41 mil 939 hectáreas que están en posesión de simpatizantes del EZLN.
Si bien este proyecto era una especia de “crédito” o compensación como un paliativo en tanto el gobierno federal resolvía el conflicto armado, el acuerdo firmado con los terratenientes establecía que si pasados 10 años no se daba esta situación, ellos debían devolver los créditos para o perder las propiedades.
Ninguno de los terratenientes regresó el recurso, por lo que los títulos de las propiedades quedaron en poder de lo que fue Banrural, y posteriormente pasaron a la Secretaría de Hacienda, es decir, según autoridades agrarias federales, quedó en indefinición la propiedad legal de los terrenos ocupados por los zapatistas, aunque tampoco existe algún impedimento jurídico para ser adjudicados a estos grupos.
Valiéndose de esta situación, en los últimos cinco años la OPDDIC, conformada en algunos casos por desertores del EZLN, inició los trámites legales para que le sean adjudicados los inmuebles.
Fuente: Enviado por AIPIN.
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