lunes, 5 de mayo de 2008

Rueda de prensa de la LIMEDDH y el Comité Hasta Encontrarlos tras la visita de los familiares a la SIEDO

BOLETÍN DE PRENSA

Oaxaca de Juárez, Oax., 2 de Mayo de 2008.

-El Estado Mexicano oculta información a los familiares de Desaparecidos

-El gobierno Federal y estatal pretenden deslindarse de responsabilidades, por medio de una simulación.

-Exigimos a la SIEDO transparentar su actuación.

A raíz de la petición que hace el EPR al grupo de intelectuales para actuar como intermediarios en el diálogo para la presentación de dos desaparecidos, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, se iniciaron una serie de operativos y detenciones que supuestamente pretenden dar con los responsables de este hecho. Al mismo tiempo, la Limeddh y los familiares de los dos desaparecidos han sido objeto de intimidaciones y hostigamiento con la finalidad de que a la brevedad den por abandonada su búsqueda.

Es de llamar la atención que durante los o­nce meses en que la familia y quienes los apoyan han exigido por diversos medios que se realicen las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de estas personas, el gobierno federal y estatal permanecieron apáticas ante estas demandas, pero hoy, cuando está por cumplirse un año de los hechos, y ante el temor de que este grupo actúe, el gobierno pretende concluir el caso a la brevedad posible y con el menor costo político para su administración, realizando una seria de actuaciones sospechosas y ocultando información a las familias.

El día lunes 28 de abril de 2008 Nadín Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, recibió vía telefónica una solicitud del Lic. Alejandro Hernández, agente del ministerio público de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), para que ella y a Margarita Cruz Sánchez, acudieran a esas oficinas a proporcionar muestras de ADN y así coadyuvar en las investigaciones. La familia acudió al llamado y estuvieron en toda la disposición de practicarse dichas pruebas, siempre y cuando tuvieran información clara y precisa de avances, conocer a razón de qué se realizaría la prueba ybajo que estándares, así como tener acceso a la averiguación previa para conocer el curso de las investigaciones; también se solicitó que se reclasificara el delito de “secuestro y privación ilegal de la libertad” (por el que se investiga actualmente) por el delito de “desaparición forzada de personas”, en virtud de que se ha comprobado con los juicios de Amparo numero 788/2007, mesa II-B,ante Juzgado Segundo de Distrito y 1174/2007, Mesa I del juzgado Cuarto de Distrito del estado de Oaxaca promovidos a favor de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez respectivamente por la Limeddh, que en dichos juicios ha quedado establecida suDesaparición Forzada, misma que está catalogada por los instrumentos internacionales como un delito de lesa humanidad.

La respuesta del Lic. Hernández fue negativa, sin embargo, secomprometió a solicitar una reunión para horas después con su superior, la encargada del área Unidad Especializada en Investigación de Secuestros (UEIS) Nicandra Castro Escarpulli, lo cual hasta el momento no ha sucedido, por lo que entendemosque no hay la mínima voluntad y sensibilidad de tomarnos en cuenta. Queda claro entonces que el Estado está simulando una investigación de búsqueda y de responsabilidad,puesto que los únicos legitimados para imponerse de autos de dicha averiguación y tener la información exacta y fidedigna son los familiares, yque se pueden hacer acompañar de personas de nuestra confianza o abogado. Sin embargo la actuación de dicho funcionario deja al descubierto la famaraya del Estado pues no se nos proporcionó información, mas bien lo que pretende es utilizar de manera sospechosa las muestras, situación que nos hace desconfiar plenamente de la veracidad de sus actuaciones; por ello no nos sorprendería que al rato dijeran que los desaparecidos se suicidaron como en el caso digna Ochoa, o que los culpables jamás sean sancionados como sucede con Ulises Ruiz en Oaxaca por los asesinatos, torturas y ataques a defensores, entre otros delitos. Por lo tanto queda claro que con esta actuación el Gobierno Federal, en aras de deslindarse, puede inventarse una versión absurda sobre la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Queremos decir que todas las acciones que hemos emprendido han sido por las vías pertinentes y siempre con los procedimiento formales respectivos conforme a derecho y por lo tanto exigimos ser tratadas del mismo modo. Las familiares de los desaparecidos, exigen conocer el estado actual de las investigaciones, porque no vamos a permitir que habiendo tanta evidencia de la responsabilidad de los altos mandos del gobierno estatal y federal, quieran ahora culpabilizar sólo a dos de las personas que actuaron por consigna u órdenes de sus superiores. No permitiremos que las familias sean utilizada por los órganos del Estado para hacernos pruebas que no sabemos realmente con qué finalidad serán empleadas, ya que ahora se hace mas claro el interés y el objetivo de simular, ¿qué nos garantiza que al rato no nos mientan sobre el resultado de las pruebas y digan que los cuerpos hallados son de Edmundo y Gabriel sin que esto sea verdad?

En México la justicia no es igual para todos; sólo recordemos los casos de Atenco y Oaxaca donde se realizaron cientos de detenciones arbitrarias con suma violencia y donde los detenidos fueron consignados sin un proceso jurídico y sin las investigaciones pertinentes, incluso trasladados a penales de máxima seguridad; cómo es posible que ante un delito tan grave como es la desaparición forzada, los procesos para castigar a los responsables sean tan lentos y las detenciones se hagan con tan poca contundencia; lo que el gobierno federal antepone es no lastimar los intereses políticos de los grupos de poder y no aplicar la ley ni hacer justicia.

Si realmente existe la voluntad en el actual gobierno para presentar con vida a los desaparecidos y castigar a los responsables, las sanciones deben ser para todos los implicados, tengan el cargo que sea. Por ello exigimos que se inicie acción penal en contra de los principales responsables en este delito: Ulises Ruiz Ortiz y todos sus funcionarios involucrados por acción y omisión, así como también a los funcionarios del gobierno federal implicados que participaron y/o encubrieron estos hechos.

La intención del Estado mexicano en estos momentos es crear una corriente de opinión en torno a la posible muerte de Edmundo y Gabriel, permitiendo para ello las filtraciones de información en los medios de comunicación. ¿No es por ello que tanto se ha difundido el hallazgo de cuerpos que no han sido identificados? ¿No será acaso que el gobierno quiere presentar cuerpos de otras personas haciéndolos pasar por los de Edmundo y Gabriel? ¿No será que para eso se requieren de manera apresurada las pruebas de ADN de los familiares?

No aceptaremos esta versión difundida por el estado mexicano a través de los medios. Si como éste mismo sostiene, nadie los detuvo ni los torturó, y que en nuestro país no se practica la desaparición forzada, Edmundo y Gabriel no tienen por qué estar muertos; por tanto nuestra demanda es única: ¡los queremos vivos y los queremos ahora!

ATENTAMENTE

“Nuestros ojos no descansarán Hasta Encontrarlos”

Comité Hasta Encontrarlos

¡Una llama encendida por los derechos de los pueblos!

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos

LIMEDDH-Filial Oaxaca

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