Padres de jóvenes muertos en Ecuador señalan persecución del gobierno mexicano

Diario La Jornada, , 7 de abril de 2008

■ Denuncian que personal de la cancillería tiene expedientes de los estudiantes

■ En la SRE negaron información al principio, pero interrogaron a familiares, aseguran

Blanche Petrich/ I

Lucía Morett tiene desde el pasado viernes 4 de abril la anuencia de los médicos que la atendieron de sus heridas para salir del Hospital Militar de Quito. Recuperada, es capaz de caminar apoyada en una andadera. Sus lesiones físicas están en vías de sanar. No así las heridas invisibles. Insegura, una de las tres únicas sobrevivientes de la masacre perpetrada por el ejército colombiano en Sucumbíos, Ecuador, prefirió pasar un fin de semana más en el sanatorio.

Reconoce que su testimonio será clave en la demanda internacional que presentó la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) contra Colombia por “actos de terrorismo”, por lo que tiene temores fundados de ser presionada o procesada cuando regrese a México. Por ello la semana pasada solicitó la protección del gobierno de Raúl Correa dentro del programa de atención a víctimas y testigos. Además, no descarta la posibilidad de pedir asilo político de no cambiar las condiciones actuales en México.

Su padre, Jorge Morett, asegura que “el gobierno mexicano no ofrece las garantías suficientes para que ella se sienta segura de que no será hostigada ni perseguida por la policía mexicana ni los personeros del gobierno de Álvaro Uribe”.

Su temor radica en las afirmaciones que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado 14 de marzo, en su boletín 059, y que hasta la fecha no han sido rectificadas. Esto es: “la preocupación del gobierno federal que ciudadanos mexicanos estén relacionados con una organización como las FARC, conocida por su ilegalidad y naturaleza violenta (...) y autora de actividades de narcotráfico”. En ese mismo comunicado la cancillería afirma que está a la espera de que el gobierno de Colombia “proporcione a nuestro país cualquier información derivada de las investigaciones que se llevan a cabo” y, conforme a convenios bilaterales existentes, Bogotá “investigue los presuntos vínculos de nacionales mexicanos que se encontraban en el campamento de las FARC”.

Desde la capital ecuatoriana, Morett señala, en entrevista telefónica, que su hija Lucía desconoce si existe un proceso judicial abierto en su contra. Pero aquí se sabe (La Jornada, 19/03/08) que en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada el Ministerio Público Federal inició una averiguación previa por el supuesto de delitos cometidos por mexicanos en el extranjero por órdenes del procurador, Eduardo Medina Mora.

Esta averiguación previa implica a la sobreviviente de Sucumbíos, pero también a los cuatro jóvenes mexicanos que murieron en el ataque militar: Natalia Verónica Velázquez, Juan González del Castillo, Soren Ángeles Avilés y Fernando Franco.

Este ha sido, hasta hoy, el meollo del diferendo entre las familias de las víctimas y el gobierno mexicano; un conflicto que estará vivo y presente en la agenda bilateral cuando, este 10 de abril, el presidente ecuatoriano Raúl Correa inicie una visita de Estado en nuestro país.

Bogotá sabía; México negaba

El 5 de marzo, a las 8 de la mañana, el mundo se derrumbó a los pies de Rita del Castillo al leer el periódico. El nombre de su único hijo figuraba en la lista de cuatro mexicanos muertos en el ataque en la frontera ecuatoriana. La nota estaba fechada en Bogotá. En un par de horas ella y su esposo, Álvaro González, se encontraban frente al enorme edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desesperados. Así los encontraron Jorge Morett y su esposa, que habían acudido a pedir ayuda para viajar a Quito a apoyar a su hija, la sobreviviente. Fueron recibidos por el secretario del subsecretario Gerónimo Gutiérrez, Édgar Rodríguez, quien ese día no les dio información. “Decía que nada era oficial; que eran sólo versiones periodísticas”, cuenta Rita del Castillo.

“Pero sí sabían. Más tarde sacaron un comunicado de que desde el día 4, un día antes de la publicación de la noticia en México, habían empezado a investigar la identidad de los mexicanos. ¿Por qué en ese momento nos negaron la información? ¿Por qué nos tuvieron tantos días sin información oficial?”

A Jorge Franco, tío de Fernando Franco, otra de las víctimas, le fue peor. Él llegó a la una de la tarde de ese nefasto día cinco y le pidieron que volviera a las 4 porque el personal había salido a comer. Y así, nueva cita para el jueves, el viernes. El sábado fueron atendidos, junto con los padres de Soren Avilés, por un funcionario de nombre Julián Ahmed, “quien en lugar de ayudarnos nos hizo preguntas de corte policial: que si nuestros hijos portaban uniforme, que si iban armados”.

¿Robo de pasaportes?

A Rita la atormenta una pregunta: “¿Por qué desde el día 4 en Bogotá ya se sabían los nombres de nuestros hijos? ¿Será porque el ejército o la policía de Colombia tenían sus pasaportes y sus pertenencias?” Ha hecho esa pregunta ante el subsecretario Gutiérrez, pero no obtuvo respuesta.

La hipótesis del robo de documentos de los mexicanos por militares colombianos es consistente con el testimonio que rindió a las autoridades ecuatorianas Lucía Morett, en el sentido de que después de los dos bombardeos aéreos en la madrugada del primero de marzo, efectivos colombianos bajaron a tierra en helicópteros, ejecutaron a heridos y a combatientes que se habían rendido y permanecieron casi 12 horas examinando y saqueando el campamento. A las tres mujeres sobrevivientes –Lucía y dos colombianas– les dieron primeros auxilios y luego las abandonaron.

En Quito, el médico forense Marcelo Jácome aseguró a los familiares que los soldados ecuatorianos no recogieron ninguna pertenencia de las víctimas, que sus cuerpos fueron encontrados en ropa interior.

Otra pregunta de Rita: “En Quito nos entrevistamos con el enviado de la cancillería, José Ignacio Piña, director para América Latina. Él traía un expediente grueso. De ahí extrajo una fotografía ampliada. Era Juan, nuestro hijo, en una imagen de unos años antes. ¿De dónde la sacó? ¿Por qué la tenían? ¿Nuestros hijos estaban fichados? ¿Por quién y por qué?”

Relata Marcelo Franco. “Yo, ya se imaginarán ustedes, sentía que me había tragado una cucharada de lava. En el aeropuerto pensaba: seguro me encuentro vivo al Chac –como le decía cariñosamente a su hijo muerto–, le digo ‘vámonos, que la familia te espera’”. Pero el espejismo desapareció en la morgue. “Quise ver el cadáver. Estaba en una plancha. Primero lo acaricié con la vista, admiré lo grande que era. Luego vi su carita. Y no lo reconocí.” Estaba calcinado. Sólo la mitad del rostro estaba intacta.

La experiencia de los González fue distinta. Ellos acataron la sugerencia del forense y sólo vieron fotografías del cuerpo de su hijo. Rita no dudó: “Su pie es inconfundible. Y su mano. Supe de inmediato que era él”. A los ocho días los análisis de ADN confirmaron lo que su intuición había adivinado.

“En esos momentos, al cónsul le preocupaba mucho la imagen de México. Nos pidió que no habláramos con la prensa. Hasta que los abogados de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos nos dijeron: ‘no, aprovechen a los medios’. Entonces empezamos a hablar.”

El 7 de marzo la ALDHU anunció que presentaría una demanda contra Colombia por “actos terroristas”. Y el 13 de marzo los familiares de las víctimas emitieron su primer comunicado. Pedían, como ahora, una inequívoca condena de México a Colombia por el asesinato de sus hijos, “que se haga justicia y los responsables sean llevados a juicio”, y el cese de la campaña de difamación contra los jóvenes, que esos días eran juzgados y condenados sumariamente por decenas de comentaristas en la prensa mexicana, provistos de “filtraciones” de “fuentes de inteligencia” de todo tipo.

La cancillería respondió (boletín del 14 de marzo) que México exigía “una investigación puntual sobre la pérdida de la vida de los ciudadanos mexicanos y las razones que motivaron su presencia en el campamento armado”. En ese comunicado, el número 059, la SRE confirma que permitirá que Colombia “investigue los vínculos de los mexicanos” con las FARC.