viernes, 22 de febrero de 2008

Notas sobre la 4a Audiencia del Juicio Popular Nacional

http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=33516

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Llevan a juicio popular a Zeferino y a los ex gobernadores Figueroa

Aurora Harrison

Dirigentes de diversas organizaciones sociales realizaron en el Zócalo de Acapulco la Cuarta Audiencia y Juicio Político Popular en contra del gobernador del estado, Zeferino Torreblanca Galindo, y de los ex gobernadores Rubén Figueroa Figueroa y Rubén Figueroa Alcocer, debido a que no se han esclarecido las desapariciones en el estado y porque las autoridades no hacen caso a las denuncias ciudadanas. Ayer, cerca de las 9:30 de la mañana en las instalaciones del Consulado de Estados Unidos, ubicado por el hotel Emporio en la avenida Costera, se dieron cita dirigentes sociales para efectuar una marcha, pero debido a su cancelación realizaron el juicio popular en el Zócalo.Ahí se informó que se enjuiciaría a Rubén Figueroa Figueroa, Rubén Figueroa Alcocer y al gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, ante “la falta de funcionalidad de las instituciones oficiales” de México para esclarecer las desapariciones en el estado. Algunos de los asistentes manifestaron que las personas que están siendo enjuiciadas son “responsables de todas las crueldades que se siguen cometiendo” con los luchadores sociales y reconocieron que tal vez no “habrá justicia para los familiares de los desaparecidos”.

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), Felipe Flores Hernández, dio la bienvenida a este acto y dijo que las organizaciones decidieron hacer este juicio popular debido a que “los gobiernos federal y estatal no han tenido la capacidad de aclarar los asesinatos y desapariciones”. La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos y Víctimas de la Violación a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, dijo que los argumentos son muchos para enjuiciar a las autoridades, ya que “hubo muchas desapariciones forzadas” durante la guerra sucia. “Este trabajo que realizan los compañeros que se encuentran al frente, nos da la posibilidad de enjuiciar a los responsables de todas las atrocidades que se cometen desde muchísimos años atrás contra el pueblo de Guerrero y de México y puedan tener un juicio que quede registrado en la historia”, comentó. En relación a cuáles son los argumentos para enjuiciar al gobernador Zeferino Torreblanca, respondió que uno de los temas es La Parota, así como las desapariciones y torturas a los familiares de luchadores sociales; agregó que en lo que va de este gobierno se tiene conocimiento de 70 desapariciones. Radilla Martínez dijo que a pesar del cambio de partido en el gobierno del estado, las prácticas de desapariciones forzadas no han cambiado “porque las estructuras son las mismas, solamente se cambia al gobernador, al funcionario, pero las estructuras son iguales, la policía y los jefes son los mismos, entonces no es un cambio total”. Dijo que en su opinión, las autoridades que no han resuelto las desapariciones “son responsables, si no por acción, por omisión, por no haber hecho justicia”.

Soledad Ortiz ,de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, dijo que ante la falta de funcionalidad de las instituciones oficiales que rigen México, se llevará a cabo el juicio popular para exigir a las autoridades que hagan algo ante el hostigamiento y persecución. “Llamamos a los compañeros para que presenten sus denuncias y podamos exigir el juicio político popular nacional contra todos aquellos que han agraviado a nuestros pueblos, principalmente Felipe Calderon, Ulises Ruiz, Enrique Peña Nieto y otros criminales que han sido responsables de todos esos agravios en Oaxaca, Chiapas, Jalisco y Guerrero”, dijo.

Después subieron al presidium dos madres de familia con hijos desaparecidos; reprocharon a las autoridades que no “hayan hecho nada para resolver estos hechos”. Una de ellas no pudo contener las lágrimas y sólo pidió a las autoridades que los busquen y dijo que si son responsables de algo que se les enjuicie. Posteriormente, los asistentes se oyeron voces con las proclamas: “Vivos se los llevaron y vivos los queremos”, “la lucha sigue”. El dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur en Atoyac, Hilario Mesino Acosta, denunció que “grupos paramilitares han estado hostigando a los pobladores de esa comunidad”; como ejemplo, mencionó el caso de la balacera a la casa de la regidora perredista Rocío Mesino y los cateos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Policía Ministerial, supuestamente en busca de “secuestradores”. Pidió a las organizaciones de derechos humanos que “pongan atención en esta comunidad que puede ser golpeada por el gobierno, y sus luchadores sociales ser involucrados en delitos para llevarlos a la cárcel”. El asesor jurídico de los sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez, denunció que los estudiantes de las universidades le están llevando droga y pornografía, ya que no se les ha vinculado con las luchas sociales. En el caso de Aguas Blancas, sucedido el 28 de junio de 1995, dijo que el juez Adolfo Vanmeeter Roque, permitió que se exonerara Rubén Figueroa. En el juicio estuvieron presentes Gilberto Hernández Santiago, integrante de la Comisión Jurídica de la APPO; Sonia Fuente Villa López de la Procuraduría Popular; Adrián Ramírez López de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos; y las perredistas Rosario Merlín y Adela Román Ocampo. También, Soledad Ortiz, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca; Bernabé Jiménez Ríos, miembro de la sección 22 de la Afadem y Alejandro Costulo López, vocero de la APPO.

Los Figueroa y Zeferino son culpables por desapariciones y asesinatos: Tribunal Popular

Aurora Harrison

El Tribunal Popular Nacional determinó este domingo que los ex gobernadores priístas Rubén Figueroa Figueroa y Rubén Figueroa Alcocer, así como el gobernador perredista Zeferino Torreblanca Galindo, “son responsables de los crímenes por los que el pueblo los acusa”.Deploraron “la notoria impunidad” que tienen los señalados en el segundo día de actividades del Juicio Popular Nacional que se llevó a cabo en el Zócalo de Acapulco, y exigieron que se esclarezcan los casos de asesinatos y desapariciones por las que son acusados los ex gobernadores y Torreblanca.

Por la tarde, en conferencia de prensa, los representantes de organizaciones sociales que forman el Tribunal Popular Nacional manifestaron su rechazo a las reformas judiciales aprobadas por los diputados federales, que posibilita a policías catear propiedad privada sin una orden del juez, ya que “flagela las garantías individuales y los derechos humanos de las personas”, por eso hicieron un exhorto a la ciudadanía “a seguir evidenciando todos esos agravios que están viviendo los pueblos mexicanos”.Después de reseñar algunos casos de desapariciones y detenciones arbitrarias en Oaxaca y Guerrero, los integrantes del Tribunal informaron que decidieron enjuiciar a los tres funcionarios antes señalados, ya que sus acciones han puesto al estado en “uno de los cinco primeros lugares en violación a los derechos humanos y el primer lugar nacional en desaparición forzada de personas”.La resolución del juicio –de ocho cuartillas– fue leída por Juan de Dios Hernández Monje, miembro del Colectivo Zapatista y profesor de la UNAM.

En el documento se precisa que desde que el gobernador Zeferino Torreblanca asumió el poder, empeoró la situación de violaciones graves a los derechos humanos, así como a las garantías sociales e individuales de los guerrerenses.Incluso, subraya que “la política del estado” ha causado que la sociedad “se vea criminalizada; esto se evidencia cuando los familiares de los desaparecidos salen a las calles para exigir castigo a los responsables y presentación con vida de los desaparecidos y su lucha es reprimida.En el acta de la cuarta audiencia del Juicio Popular Nacional contra Rubén Fiugueroa Figueroa, Rubén Figueroa Alcocer y Zeferino Torreblanca Galindo, que se leyó, se da a conocer que hay 650 desaparecidos que fueron víctimas de la guerra sucia de los años 60 a la fecha. De diciembre de 2006 a enero de 2008 se reportaron en la entidad 107 desapariciones forzadas, 11 secuestros, 390 asesinatos. Algunas circunstancias comunes son que las víctimas fueron llevadas por hombres con gorras, vestidos de negro o con uniformes de la policía, con armas largas, en camionetas de lujo y con vidrios polarizados, en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Atoyac, Zihuatanejo, Iguala y Tecpan.

El Tribunal detalla en el documento que el gobernador Zeferino Torreblanca se ha caracterizado por ejercer “la política de agresión a los policías independientes” y menciona que dos periodistas han muerto en este periodo: el corresponsal de Televisa, Amado Ramírez Dillanes, el editor del periódico El Despertar de la Costa Misael Tamayo y la desaparición de Leodegario Aguilera Lucas, editor de la revista Mundo Político, aunque este caso se dio en el periodo del ex gobernador priísta René Juárez Cisneros. En el documento también se menciona que el gobierno “ha puesto en marcha megaproyectos de inversión que favorecen a los dueños del dinero nacionales y extranjeros”, y que van en contra de los ejidos y comunidades, como es el caso del proyecto hidroeléctrico La Parota, así como se rechaza las golpizas y detenciones contra estudiantes y egresados de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Y en los casos de las órdenes de aprehensión, mencionó el caso de los indígenas presos de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa, entre ellos Santos Villava, Celso Hernández y Bernardino Luna.

La reforma judicial es una “ley de excepción”

Por la tarde, en conferencia de prensa, Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Juan de Dios Hernández, así como miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Gilberto Hernández Santiago y Sonia Fuente Villa, rechazaron la reforma judicial, ya que “es una ley de excepción”. Ramírez López dijo, con relación al juicio, que “lo importante es señalar que no es la expresión de un acto político, se está invocando y recurriendo a todos los instrumentos jurídicos, del derecho nacional como del internacional, municipal y estatal para hacer justicia. Vivos se los llevaron y vivos los queremos”. Agregó que se van a seguir presentando pruebas y nuevas acusaciones para ampliar el interés del juicio popular, para que haya castigo a los responsables intelectuales y materiales de la guerra sucia en el estado.

Por su parte, Juan de Dios Hernández explicó que se decidió hacer el juicio en Acapulco porque ya se había señalado que en Guerrero, “hay graves violaciones a los derechos humanos, hay actitudes de los gobernadores, desde el fallecido Rubén Figueroa, su hijo Rubén Figueroa Alcocer, René Juárez Cisneros y actualmente Zeferino Torreblanca, que están cometiendo atropellos contra la población”. Adelantó que la quinta audiencia se llevará a cabo en la Sierra Norte de Puebla, donde también hay “violaciones a los derechos humanos”, pues dijo que esto ocurre porque en México no se ha perseguido ni castigado a los responsables. En tanto que Sonia Fuente Villa, integrante de la APPO, declaró que está en contra de la reforma judicial porque se están “flagelando las garantías constitucionales de los ciudadanos, además están violando los derechos humanos”.Por ello, Sonia Fuente exhortó “a las diferentes organizaciones sociales del pueblo” a organizarse para dar una lucha de resistencia ante los atropellos de las autoridades. En el presidium estuvieron las ex diputadas locales perredistas Rosario Merlín y Adela Román, el asesor jurídico de las viudas de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez, así como Bernabé Jiménez Ruiz, de la Afadem.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/02/17/index.php?section=politica&article=004n2pol

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/02/18/index.php?section=politica&article=003n1pol

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/02/18/index.php?section=politica&article=003n2pol

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/02/18/index.php?section=politica&article=004n2pol

Participan miembros de la APPO y el CECOP en Acapulco

Juicio popular contra los Figueroa y Torreblanca; habrá sentencia histórica

ROBERTO RAMIREZ BRAVO

Con señalamientos que ligan la barbarie de los años setenta, cuando pueblos enteros fueron arrasados, con la violencia actual contra organizaciones y luchadores sociales, comenzó ayer el Juicio Nacional Popular, convocado por 38 organizaciones, que en su cuarta edición tuvo como ejes centrales las figuras de Rubén Figueroa Figueroa, Rubén Figueroa Alcocer y Zeferino Torreblanca Galindo.

Al inaugurar formalmente el proceso público que concluirá hoy, la luchadora atoyaquense Tita Radilla Martínez expresó que aunque Figueroa Figueroa ya esté muerto, es importante dejar constancia de los crímenes que cometió, “porque no fue fácil lo que hizo: asesinó, secuestró, torturó, desapareció a mucha gente”.

En el zócalo, el sol intenso del mediodía no fue suficiente para cancelar el encuentro en el que estuvieron presentes representantes de 38 organizaciones sociales. En el presidium, formando la Procuraduría Popular, en “un nuevo ejercicio del poder y de soberanía”, estaban Gilberto Hernández Santiago y Sonia Fuentevilla López, de la APPO; Adrián Ramírez López, de la Limmed; Carlos Sepúlveda Luna, del Centro de Derechos Humanos de la Coordinadora 28 de Mayo, AC, de Jalisco; y las ex diputadas locales Rosario Merlín García y Adela Román Ocampo, ex presidenta de la Barra de Abogados, y ex presidenta regional de la Asociación Nacional de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados.

Por el Tribunal Popular estuvieron Juan de Dios Hernández Monge, que ha sido parte de este tribunal en los diferentes juicios que se han llevado a cabo en el Distrito Federal, en Atenco y en Guadalajara; el ex rector de la UAG, José Enrique González Ruiz; Tita Radilla, de Afadem; y Felipe Flores Hernández, vocero del Cecop.

Al inaugurar oficialmente los trabajos, Radilla expresó que formar este tribunal “nos da la oportunidad de enjuiciar a los responsables de todas las atrocidades que cometieron y que siguen cometiendo desde muchísimos años atrás hasta ahora; y de que los responsables de tantas agresiones hacia el pueblo de Guerrero y de México, puedan tener un juicio que quede registrado en la historia”.

Aunque expresó “a lo mejor nunca va a habear justicia para nuestros familiares desaparecidos” pues “los responsables van a seguir ahí, todavía, riéndose, todavía viviendo, todavía gozando del puesto público y viviendo del pueblo de México”.


Dan entrada al proceso contra los Figueroa, Juárez Cisneros y Torreblanca Galindo

Jucio Nacional Popular: Guerrero, primer lugar en desapariciones

Criminalizar la lucha social y privilegiar los intereses de los ricos, las acusaciones

Desde 2006 se han reportado 107 desaparecidos, 11 secuestros y 390 asesinatos

ROBERTO RAMIREZ BRAVO

Lupa
En el segundo y último día de la cuarta audiencia del Juicio, organizaciones sociales de todo el país llegaron al zócalo de Acapulco, donde expusieron fotografías de desaparecidos en el guerra sucia, y contra la represión de la APPO, en Oaxaca Foto: JAVIER VERDIN

Guerrero ocupa uno de los cinco primeros lugares nacionales en violaciones graves a los derechos humanos y el primer lugar nacional en desaparición forzada de personas, con el agravante de “la existencia de presos polítios y de conciencia”, concluyeron los organizadores del Juicio Nacional Popular, por lo que dieron entrada al proceso contra los ex gobernadores Rubén Figueroa Figueroa, Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros, así como contra el mandatario actual, Zeferino Torreblanca Galindo.

A los gobernantes, en especial al actual, se les acusó de ser probables responsables de criminalizar la lucha social, de privilegiar “los intereses de los dueños del dinero” por encima de los del pueblo; del asesinato y acoso a periodistas y de impulsar megaproyectos contra la naturaleza social de ejidos y comunidades indígenas, como es el caso de La Parota, las mineras en Mezcala y Xochipala, entre otras cuestiones.

El resolutivo presentado por la Procuraduría de Justicia Popular en voz de uno de sus integrantes, Juan de Dios Hernández Monge, del Colectivo de Abogados Zapatistas, señala a los cuatro personajes como presuntos responsables “de delitos de toda índole, incluyendo delitos contra la humanidad”.

En la resolución del documento final participaron Gilberto Hernández Santiago, miembro de la Comisión Jurídica de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO); Alejandra López, del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo; Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limedd), y por Guerrero el abogado José Sánchez Sánchez y las ex diputadas locales Adela Román Ocampo y Rosario Merlín García.

Hernández Monge leyó el acta donde consta que “la criminalización de la lcuha social proviene incluso de supuestos agentes que han ofrecido demagógicamente un cambio a favor de la población más vulnerable, como es el caso de la llamada ley Dimayuga, que penaliza la protesta social y genera gran cantidad de órdenes de aprehensión contra luchadores sociales”.

El resolutivo destaca la existencia de 650 desaparecidos durante la guerra sucia, y de diciembre de 2006 a la fecha, hay 107 desapariciones forzadas, 11 secuestros y 390 asesinatos con el dato común de que fueron interceptados por hombres vestidos de negro, con gorra y armas largas.

El documento también consigna las torturas en las investigaciones sobre el asesinato del diputado Jorge Bajos y del periodista Amado Ramírez denunciadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la nula respuesta de las autoridades.

Desde su llegada al poder, Torreblanca Galindo se ha caracterizado por una política de agresión a los periodistas, prosigue el acta levantada, y destaca los asesinatos de Amado Ramírez y Misael Tamayo, así como la desaparición de Leodegario Aguilera durante el gobierno de René Juárez.

“La política criminal del estado de Guerrero ha implicado que el conjunto de la sociedad de esta entidad, se vea criminalizada, toda vez que la gran mayoría de los presos políticos, desaparecidos forzados y asesinados, son ajenos a las organizaciones sociales”, sentenció.

En el segundo y último día de la cuarta audiencia del Juicio Nacional Popular, se presentaron testimonios de varios puntos del país, así como saludos solidarios de otros países. Destacan el caso de Jesús Alfredo López García, quien fue brutalmente golpeado durante las movilizaciones de la APPO y luego abandonado en el hospital sin que le levantaran cargos. “Fue suerte que no me dejaran idiota”, ironiza.

También hubo muestras de solidaridad de otros estados con las luchas del Cecop, con los ejidatarios afectados por las minas, con los peridostas Allan García y Pedro Pardo, de La Jornada Guerrero, y de Jesús Trigo, de El Sur, agredidos por policías durante la represión a normalistas en la caseta de La Venta, en noviembre pasado.

El juicio popular, explicó Ramírez López, no es un mitin, sino un proceso legal donde las denuncias serán llevadas con rigor ante los tribunales formales.

Exigen en Acapulco amnistía y libertad para presos políticos

Tribunal Popular: la reforma penal favorecería las cárceles clandestinas

ROBERTO RAMIREZ BRAVO

La Procuraduría de Justicia Popular y el Tribunal Popular Nacional, que integran el Juicio Nacional Popular, hicieron un pronunciamiento ayer contra la reforma penal constitucional que está en curso, a la que calificaron como “una ley de excepción que favorece la legitimación de las cárceles clandestinas”, y al arraigo como una figura que sólo pretende “tener a la persona bajo coacción durante meses para que declare en su contra, además de que cuando el inculpado se declare culpable, el juicio se acorta y se le puede dar una sentencia benévola”.

Al dar a conocer esta postura, el procurador popular, Adrián Ramírez López, en nombre de los integrantes de las dos instancias, señaló que estas leyes que generan espacios de excepción, son muy graves sobre todo en la figura de delincuencia organizada, pues el solo hecho de que la autoridad piense que alguien se puede asociar para cometer delitos, es suficiente para que se le apliquen estas sanciones.

También dijo que el Juicio Nacional Popular demanda una la ley de amnistía y la libertad de todos los presos políticos y de conciencia y la presentación con vida desaparecidos y el castigo para los responsables de estas violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, Alejandra López, de la APPO, hizo un llamado a las mujeres a “dejar la cocina” y colocarse “en un plano de la lucha por la transformación de todos estos espacios que día a día nos han sido robados”, y señaló que las instancias existentes de procuración de justicia no ayudan al pueblo, sino ayudan al tirano a castigarlo y oprimirlo.

Gilberto Hernández Santiago, también de la APPO, expresó que el uicio Nacional efectúa ante instancias formales, como el Congreso, la Suprema Corte de Justicia o la PGR, un proceso paralelo para sacar adelante las denuncias. “Nos vamos sorprendidos por la gran cantidad de crímenes que han pasado en Guerrero, que ha sido históricamente golpeado, agraviado este pueblo, así como muchos ahora en todo México”, dijo.

Soledad Ortiz, integrante de la Comisión Nacional del Juicio Popular Nacional, manifestó que entre las organizaciones sociales “hay una gran preocupación por la violación de los derechos humanos que se vive en el país, principalmente en lo que hemos vivido en Oaxaca, en Atenco, en Guerrero, en Chiapas, hay una total impuniad e injusticia. Precisamente nos estamos dando cuenta de cómo están los agravios en Guerrero y esto nos constata que las leyes se hicieron para proteger a las trasnacionales, que los gobiernos lo único que están haciendo es legitimar la represión con la reforma penal que pretende cancelar las garantías individuales”.

El mandatario estatal se “aprovechó del partido”, sostiene

AMLO debe creerle a los que llamaron traidor al gobernador: González Ruiz

ROBERTO RAMIREZ BRAVO

El “presidente legítimo”, Andrés Manuel López Obrador, debe ser sensible a las inconformidades que le han manifestado los perredistas sobre el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, expresó el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, José Enrique González Ruiz, actual director del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Consultado en este puerto, a donde acudió para participar en el Juicio Nacional Popular, González Ruiz afirmó que cuando se manifiestan contra el mandatario –como en Iguala, donde lo llamaron traidor– “la gente no está inventando ni está diciendo mentiras, sino sólo lo que siente, y siente a Torreblanca como un advenedizo que aprovechó al PRD para encaramarse en el gobierno y ejercer un proyecto político de derecha a costa de muchos sacrificios del pueblo de Guerrero”.

Sobre las manifestaciones o contra el gobierno de Torreblanca, el ex rector consideró que “debería ser sensible López Obrador a estas cosas, yo le invitaría a que lo tomara en serio, la gente no está inventando ni está diciendo mentiras”.

Remarcó: “Yo creo que López Obrador debe saber que la gente habló en serio cuando le dijo esto de Zeferino, que no es una ocurrencia de una gente que gritó, sino que es el sentir de mucha gente que está pensando eso del gobierno del estado”.

Recordó que el hecho de que el que empresario, ex presidente de la Canaco y la Coparmex en Acapulco y ex alcalde de este puerto haya llegado a la gubernatura “no fue por su linda cara” sino por un amplio movimiento social que lo llevó a ese cargo.

Criticó al secretario de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, quien, dijo, “debería saberlo”.

Chavarría, remarcó, militó muchos años en el movimiento estudiantil universitario y era “una gente muy de izquierda, muy consecuencia, era hasta podríamos decir decmocrático, y ahora por el pragmatismo de seguir en el poder y de administrar el estado (junto con el gobernador) se han vuelto muy pragmaticos. Debieran considerarlo”.

Por otra parte, afirmó que en Guerrero “no hay visos de que los derechos humanos sean un tema importante para el gobierno. Yo veo en el caso de Ayotzinapa una actitud de golpeteo y de persecución, y un trato a los dirigentes sociales como delincuencial, como si fueran gente que causa daño a la sociedad. No veo sensibilidad ni preocupación en el gobierno del Guerrero. Yo quisiera decir otra cosa pero no puedo, estaría echando mentiras”.

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