viernes, 22 de febrero de 2008

Información Contra la Represión


México, D. F. a 21 de febrero de 2008.


Amnistía Internacional

Declaración Pública

Fecha: 7 de febrero 2008

Índice AI: AMR 41/004/2008

Reformas al sistema de justicia penal: avances y retrocesos

En los próximos días el proyecto de reforma constitucional en materia de justicia penal será nuevamente debatido en el Senado de México. Aunque el proyecto contiene importantes cambios en la materia, es necesario asegurarse de que su contenido se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos que el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir y respetar. Varias de las nuevas disposiciones propuestas deberían contribuir, si son aprobadas, al fortalecimiento del debido proceso y al respeto de los derechos humanos tanto del acusado como de la víctima; tal es el caso por ejemplo de la inclusión explícita en la Constitución del principio de presunción de inocencia, del principio de igualdad procesal entre las partes y de la nulidad de toda prueba obtenida mediante la violación de derechos fundamentales. Sin embargo, el proyecto también contiene elementos que minan los avances en materia de derechos humanos y garantías , y por ello es necesario revisarlos y modificarlos debidamente antes de su aprobación. La incorporación del arraigo en la Constitución es un claro retroceso. Esta forma de detención preventiva ha sido definida como arbitraria por órganos internacionales de derechos humanos tales como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y el Comité contra la Tortura, los que a su vez han recomendado su eliminación. El hecho de limitar el uso del arraigo a casos de delincuencia organizada no cambia su naturaleza ni el hecho de ser considerada una violación seria a los derechos humanos. Es importante destacar que la PGR arraigó a 727 personas entre 2005 y 2007. Adicionalmente, es preocupante que el Ministerio Público en las 32 entidades federativas puede continuar empleando el arraigo en el fuero común durante el periodo transitorio de las reformas. La ambigüedad con la que se ha definido "delincuencia organizada" y su régimen especial podrían facilitar la afectación de uno de los principios esenciales del derecho penal en un régimen constitucional moderno, como es el principio de legalidad especialmente en lo relacionado a la certeza de la ley. La definición de esta categoría en la reforma, es mucho más amplia que la definición contenida en la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional (Convención de Palermo) y deja abierta además la posibilidad de su ulterior ampliación a través de la legislación secundaria. Esto es de especial preocupación para Amnistía Internacional, pues se han documentado casos en los que esta figura ha sido utilizada de forma indebida para detener y procesar personas sin todas las garantías necesarias.

El concepto de "delincuencia organizada" incluido en el proyecto de reforma implicará un proceso judicial con garantías limitadas, lo que entre otros aspectos podrá dejar un amplio margen para que el Ministerio Público valore las pruebas recabadas dentro de la investigación, sin que necesariamente deba repetirlas ante el Juez durante el proceso judicial. Este régimen dejará abierto el riesgo de que se mantenga el desacreditado sistema actual, a través del cual se han cometido serias violaciones a los derechos humanos como la tortura. Por otro lado, si bien Amnistía Internacional considera positiva la restricción del concepto de flagrancia en tanto se acerca a las normas internacionales de derechos humanos, espera que la legislación secundaria en la materia no la desnaturalice tal como ya ha ocurrido en el pasado. La propuesta de que los policías puedan ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando esté en juego la vida o la integridad de las personas o en caso de flagrancia, genera serias preocupaciones. El abuso de poder por parte de policías para efectuar cateos o detenciones ilegales ha sido documentado con frecuencia por Amnistía Internacional, advirtiéndose en no pocas ocasiones que la actuación policial ilegal ha sido disfrazada ante el Ministerio Público o ante el Juez mediante el uso de evidencias fabricadas para justificar la actuación de los agentes policiales. La nueva facultad no se muestra en la dirección de eliminar tales abusos, ni tampoco incluye disposiciones que coincidan con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México. Amnistía Internacional considera que el establecimiento de Jueces de control puede constituir un mecanismo importante para supervisar la actuación de la Policía y del Ministerio Público, pero es necesario señalar expresamente que la función primordial de dichos Jueces es garantizar el respeto y cumplimento de los derechos humanos y el debido proceso. La reforma propuesta mejora el derecho a un abogado defensor, lo que en varios aspectos es positivo; pero a la vez es necesario definir el derecho a una defensa "adecuada" y a la "asistencia" de un defensor en congruencia con los estándares internacionales de derechos humanos.

La reforma supone la actuación de los funcionarios de justicia y seguridad pública conforme a los principios "legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos", sin fortalecer los mecanismos para lograrlo. La impunidad por las violaciones de estos principios sigue siendo uno de los grandes obstáculos a los avances en materia de justicia y seguridad pública; en consecuencia, Amnistía Internacional hace un llamado a quienes aprobarán esta reforma para que incluyan las medidas necesarias para lograr una rendición eficaz de cuentas de quienes hacen parte del sistema de justicia penal y de seguridad pública, y asimismo un sistema de reparaciones acorde con los estándares aplicables en casos de violación de derechos humanos.

Antecedentes

La reforma constitucional en materia de justicia penal fue acordada y aprobada en el Senado al final de 2006. Los diputados la aprobaron con dos cambios, lo que ha hecho que vuelva a ser discutida por los senadores en febrero de 2008. Amnistía Internacional ha promovido la adopción de reformas al sistema de justicia para terminar con las violaciones de derechos humanos (véase por ejemplo el Memorándum al Congreso de la Unión sobre las reformas de la Constitución y del sistema de justicia penal, Índice AI: AMR 41/032/2004).

Public Document

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International Secretariat, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK

www.amnesty.org

BOLETÍN DE PRENSA

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad da ha conocer el día de hoy la Opinión No. 20/2007 (México) emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria relativa al Caso de los indígenas nahuas Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, quienes el día 12 de enero del 2006 fuerón detenidos por integranes de la Policía Federal Preventiva cuando reparaban su vehículo en la carretera Cordova-Orizaba en el estado de Veracruz, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria considera que:

· No se les presento orden judicial alguna al momento mde ser detenidos

además de que no fuerón informados del motivo de su detención.

· Fuerón presentados ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación

en la Ciudad de Orizaba, donde el Titular de la Agencia sin decir las razones de su detención a Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, los mantuvo incomunicados y dos días despues los detenidos declararon sin ser asistidos de abogado defensor, ante la Unidad Especializada de Investigación de Secuestros, por el supuesto delito de Secuestro en agravio de un ex Senador, durante este epriodo no pudieron informar a sus familiares de su detención y no contarón con apoyo jurídico.

· Fueron trasladados al Distrito Federal donde el Titular de la Unidad Especializada de Investigación de Secuestros, ordeno su puesta en libertad.

· Sin embargo Agentes Policiales no identificados los trasladaron a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo y Acopio y Tráfico de Armas, furon arraigados en una casa de seguridad por 90 días, durante este tiempo ha la defensa le fue obstaculizado el accseso al expediente.

· El 31 de marzo del 2006, sin que mediara orden judicial alguna fueron allanados los domicilio de la madre de los hermanos Tzompaxtle Tecpile y de Maximino Tzompaxtle Tecpile hermano de los detenidos.

· Por lo que el grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria emite la siguiente opinión:

"La privación de la libertad de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López es arbitraria ya que contraviene alos artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoria III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo"

Habiendo emitido esta opinión, el grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, conforme a las normas y principios enunciados en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Cabe mencionar que Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López ha màs de dos años de su detenciòn se encuentran acusados del probable delito de "Delincuencia Organizada en la Modalidad de Cometer Actos de Terrorismo" y estan en espera de su Sentencia.

El día de hoy Edgar Cortez Secretario Tecnico de la Red Todos los Derechos para Todas ha presentado un Documental de 14 minutos de este Caso, que fue realizado por la Red solidaria Dècada Contra la Impunidad.

Desde la Red Solidaria Dècada Contra la Impunidad hacemos un llamado al Gobierno a resarcir el daño causado a Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López y al Juez Decimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz ha emitir una Sentencia apegada a el derecho nacional e internacional sobre derechos humanos.

Agradecemos la solidaridad mostrada mediante una carta por parte de el Obispo de la Diocèsis de Saltillo Josè Raùl vera Lòpez y del Obispo Emèrito de San Cristobal de las Casas Samuel Ruiz Garcìa asì como del apoyo brindado por el Centro de Derechos Humanos Miguel agustìn Pro Juàrez.

RED SOLIDARIA DÈCADA CONTRA LA IMPUNIDAD

Responsable: Ma. Magdalena Lòpez Paulino

Cel: 044 55 12 98 44 75

044 55 12 61 44 40

rddhorg@gmail.com

Diario La Jornada, jueves 21 de febrero de 2008

Encabezará los operativos por "tiempo indefinido"

Por la virulencia del narco, el Ejército seguirá en Tijuana

Fabiola Martínez

El Ejército permanecerá por tiempo indefinido en Tijuana, Baja California, a la cabeza de los operativos contra el narcotráfico.

Jorge Ramos, alcalde de aquella ciudad fronteriza, informó que la presencia de las fuerzas federales, en especial el Ejército, será por "el tiempo que sea necesario", movilización a la cual se agregará un programa "social" para contrarrestar el creciente consumo de drogas en la región.

Los aspectos anteriores forman parte de acuerdos entre los gobiernos local, estatal y federal. En principio, la Secretaría de Seguridad Pública autorizó ayer 104 millones de pesos para equipamiento de la policía municipal y material de control de alto impacto para agentes de los tres niveles de gobierno.

A pesar de las críticas de organismos defensores de derechos humanos respecto de los riesgos que conlleva mantener a los soldados en tareas de combate a la delincuencia organizada, Ramos aseguró que los "mandos" son civiles "y la coordinación de acompañamiento" se da con el Ejército "en delitos de alto impacto".

Subrayó que la lucha contra el narcotráfico forma parte de una estrategia de largo plazo, aunque auguró que "en un año vamos a recuperar la tranquilidad en Tijuana" para volver a niveles de seguridad que hubo "hace mucho tiempo".

Según el presidente municipal de Tijuana, en 80 días del actual gobierno local –de extracción panista– se registra una disminución de 22 por ciento de los delitos.

"Pero no echamos las campanas al vuelo; hay que hacer una tarea de fondo, estructural, y eso vine a acordar con el secretario de Gobernación, para que se mantenga la presencia militar en Baja California y que se le dé un acompañamiento social al problema de la inseguridad", dijo Ramos en entrevista.

Al término de la reunión privada que sostuvo con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el alcalde comentó que el acuerdo con el responsable de la política interior es "fundamentalmente la presencia del Ejército en Baja California" y el "acompañamiento social".

Dijo que en los próximos días la Secretaría de Desarrollo Social enviará un equipo de expertos en atención a delincuencia juvenil, en el graffiti y en otras actividades similares que ocurren en las colonias de mayor incidencia criminal en Tijuana.

Diario La Jornada, jueves 21 de febrero de 2008

El IFAI se reserva otros datos para proteger su labor

Operan en México 227 agentes de la DEA

Pide a la SFP dar copia de renuncia de Germán Martínez

Elizabeth Velasco C.

El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) resolvió hacer público únicamente el dato de que en México operan 227 elementos encubiertos de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), 37 más de los que trabajaban en el país en 2006.

Los agentes están diseminados en 13 puntos de la República Mexicana y desempeñan sus operaciones antinarcóticos dentro del Programa de Unidades de Protección Sensible.

Lo anterior fue dado a conocer durante la presentación de la ponencia del recurso 4263/07, por el comisionado del IFAI Alonso Gómez Robledo.

No obstante que esta información se hizo pública en Estados Unidos, en un informe que presentó a principios de este mes el director de Inteligencia de la DEA, Anthony Placido, el comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio, emitió un "voto particular" al considerar que dar a conocer esa cifra provocaría que se solicitaran datos de años anteriores y con eso se podría deducir "la capacidad operativa de los agentes" del vecino país en México.

Sin embargo, el IFAI confirmó la reserva que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) determinó por 12 años acerca de la información relativa a los lugares y condiciones en que operan.

La reserva se justificó, entre otras razones, porque dar a conocer esos datos pondría en riesgo la integridad de los propios agentes; se causaría serio perjuicio a la persecución de los delitos; se alertaría a los grupos de la delincuencia organizada sobre su presencia, además que se "afectarían" las relaciones internacionales de México, particularmente las que sostiene con Estados Unidos,

Por otra parte, el pleno del IFAI ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que entregue copia de la carta de renuncia que el ex titular Germán Martínez presentó a Felipe Calderón en septiembre de 2007 para poder "contender" por la presidencia nacional del PAN, a la cual accedió sin enfrentar rival alguno.

Cabe destacar que dicha carta se distribuyó entre los medios de comunicación que cubren las actividades de la Presidencia de la República, por lo cual no existen elementos fundados para que la SFP declare la inexistencia del documento. Este asunto no se debatió en la sesión, y la copia del recurso se negó por contener "engrose" (modificaciones).

En cuanto al debate sobre la operación de agentes de la DEA en México, el comisionado Gómez Robledo refirió que la cancillería mexicana informó también que los elementos antidrogas forman parte de la plantilla del personal diplomático y consular de Estados Unidos en el país.

Esto, de acuerdo con lo que señala un acuerdo suscrito entre el gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Gobernación, la propia SRE y la Procuraduría General de la República. La presencia de esos agentes también es regulada por la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y Consulares.

Un reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos indica que los datos de los agentes de la DEA asignados a México están concentrados en la Agencia Federal de Investigación, y periódicamente se les somete a rigurosas revisiones de antecedentes y exámenes de polígrafo y antidoping. Asimismo, les han asignado tareas de capacitación, cada vez más especializadas, para los policías mexicanos.

Diario La Jornada, jueves 21 de febrero de 2008

Intercambian datos previo a la reunión de la ASPAN

Funcionarios de EU y México analizan agenda de seguridad

Fabiola Martínez

Funcionarios de inteligencia civil de México y Estados Unidos se reunieron ayer en la Secretaría de Gobernación con el propósito de intercambiar datos en esa materia y preparar el encuentro de funcionarios de alto nivel de ambas naciones, programado para la semana entrante.

A la reunión privada asistió el embajador de Estados Unidos en México, Antonio O. Garza, acompañado de integrantes del Instituto Nacional de Inteligencia del país vecino, encabezados por Donald Kerri, director adjunto del organismo.

Por el lado mexicano acudió Guillermo Valdés, director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); Juan Carlos Fonserrada Berumen y Gustavo Muar Betancourt, director de Asuntos Internacionales y secretario de la dependencia, respectivamente.

No hubo información oficial sobre el encuentro. Sin embargo, trascendió que tomó relevancia el tema de la migración y se abordaron aspectos de la llamada Iniciativa Mérida, estrategia de seguridad bilateral para la cual el gobierno del presidente George W. Bush propuso una contribución de 500 millones de dólares, en la primera de tres partidas similares, aunque este punto no ha sido aprobado por el Congreso estadunidense.

Los funcionarios de los dos países delinean el trabajo y los posibles encuentros bilaterales, entre otros, del titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el secretario del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, Michael Chertoff, en el contexto de la reunión ministerial de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), a realizarse los días 27 y 28 de febrero próximos en Los Cabos, Baja California Sur.

En ese encuentro –como se difundió ayer– se definirán las estrategias de seguridad regional, combate a la delincuencia organizada y el terrorismo.

Hace un año, en la reunión ministerial de la ASPAN se determinaron mecanismos de alto nivel para supervisar actividades de emergencia en casos de necesaria protección de infraestructura "crítica" y la forma de restablecer el tránsito fronterizo, en caso de un incidente.

En la reunión preliminar, a desarrollarse también en Los Cabos, se dará seguimiento a los compromisos firmados por ambos gobiernos en 2007, acerca de seguridad en las fronteras, sustentabilidad y energía renovable, competitividad y otros temas vinculados a la protección civil.

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