RESCATAR AL CAMPO (1)

por Alejandro Encinas Rodríguez

(publicado en El Universal, el 15 de enero de 2008)

La liberación de las importaciones de los productos agrícolas ha puesto al descubierto, además de una fuerte inconformidad de los productores rurales, el incumplimiento de las premisas que justificaron la apertura del campo y la difícil situación que atraviesa.
En agosto de 1991, durante el anuncio de los resultados de la negociación, el entonces secretario de Comercio, Jaime Serra, afirmó que la transición de la agricultura mexicana contaría con un plazo suficientemente largo para lograr un ajuste equilibrado, garantizando el acceso libre de las exportaciones mexicanas a EU y Canadá, y dando certidumbre de largo plazo al productor. Se aseguraría —dijo— el acceso a insumos en condiciones de competitividad internacional y se establecería un sistema de apoyos directos para sustituir los mecanismos de protección comercial, propiciando un cambio de cultivos hacia aquellos que generaran mayores ingresos.
Ninguno de estos compromisos se cumplió: no se logró el equilibrio anunciado ni se garantizó el acceso libre de las exportaciones mexicanas; el déficit en la balanza comercial agropecuaria es de 2 mil millones de dólares anuales. La firma del tratado implicó profundas reformas al marco legal y su alineamiento con los principios de liberación del comercio; el retiro del Estado del fomento al desarrollo rural; la privatización de empresas públicas y la contracción del gasto.
Se desmanteló el aparato de fomento al desarrollo rural; se eliminaron precios de garantía y subsidios, en tanto EU y Canadá los incrementaron. Según la OCDE, los subsidios del gobierno estadounidense a sus agricultores representan en promedio 21 mil dólares por productor; en México no llega a 700 dólares. Los subsidios totales a los productores de EU son del orden de 99 mil millones de dólares anuales, mientras que el presupuesto total para el campo mexicano este año asciende a 19 mil millones de dólares.
El gobierno mexicano no cobró los aranceles establecidos en el TLC, provocando pérdidas al erario público. Se estima que los aranceles no cobrados a las importaciones de maíz significaron más de 4 mil millones de dólares, monto similar al presupuesto de Sagarpa en 2006. La reconversión hacia cultivos más rentables no se logró, las unidades productivas del sector social quedaron en el abandono y el sector empresarial giró a la producción de maíz. De acuerdo con cifras oficiales se perdieron 2 millones de empleos en la agricultura. La exportación se concentró en 5% de las unidades productivas. El Banco Mundial reconoce que los índices de indigencia en el agro mexicano superan a los de hace una década: ocho de cada 10 campesinos son pobres.
Se han venido perdiendo la seguridad alimentaria y la economía campesina. Durante la última década la importación de maíz pasó de 3% a 50% del consumo; se importa 95% del consumo de soya, 57% del trigo, 50% de la carne y 30% del frijol. México es el primer importador de leche en polvo del mundo. Agencias estadounidenses indican que el comercio entre ambos países sólo hubiera sido 3% menor sin el TLC. Las exportaciones se basan fundamentalmente en tomate, tequila y un reducido número de hortalizas. Las exportaciones agropecuarias se concentran en 20 grandes corporaciones.
Ante esta situación es necesario avanzar en la renegociación del capítulo agropecuario del TLC. Ello es factible toda vez que según estudiosos el tratado ha tenido a la fecha 46 modificaciones, todas ellas propuestas por el gobierno de EU, por lo que es inaceptable el argumento de que no se puede tocar ya que se abriría la caja de Pandora. El Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de ejercer sus facultades para exigir esta renegociación, estableciendo medidas para apoyar a los productores mexicanos en igualdad de condiciones.
La renegociación en sí misma no resuelve el problema. El Estado debe recrear los instrumentos que permitan atenuar las disparidades existentes e implementar un plan emergente para la producción de maíz, frijol, azúcar y leche que mitigue los efectos de la apertura. La situación demanda que la sociedad y sus organizaciones se solidaricen con las causas de un nuevo movimiento campesino en ciernes y acompañen —respetando su autonomía— sus iniciativas, como la Marcha Nacional Campesina al zócalo, el próximo 31 de enero.