NARCOTRÁFICO S.A.

por José Luis Piñeyro
(publicado en El Universal el 19 de enero de 2008)

Para Carmen Aristegui con solidaridad

La reciente publicación de El almanaque mexicano 2008, editado por Sergio Aguayo, contiene un apartado especial dedicado al narcotráfico, además de otros como “Economía y desigualdad social” o “Seguridad e inseguridad”, este último con un subapartado sobre las Fuerzas Armadas y las corporaciones policiacas. Sin duda, las cuantiosas estadísticas y agudas reflexiones son un instrumento muy útil para especialistas y una primera aproximación a los graves problemas nacionales.
El apartado “Narcotráfico y violencia” reconoce que ambos crecieron por la pasividad de Fox, la fragmentación del poder y un efecto no deseado de la democracia. Dicho tráfico nació dependiente del poder político y por décadas respetó las reglas del Estado que le vetaba participar en política, desviar drogas destinadas a EU al mercado interno y respetar las decisiones del gobierno.
Concluye: “La alternancia en el poder y el aumento en el poder de los Estados destrozaron los acuerdos y hoy el crimen organizado trata con funcionarios de los tres niveles de gobierno y promueve el consumo”. Es decir, que hoy el narco trate con gobiernos estatales y municipales de los tres principales partidos, y no sólo con uno, le ofrece mayor autonomía de acción para regionalizar sus actividades, fortalecerse y concentrarse o diseminarse frente a emergencias, participar en las elecciones e imponer candidatos —como recién sucedió en Michoacán—, generar una base de apoyo social estable y dispersa, incursionar en otras actividades delictivas, todo ello aunado a la presencia de los “nuevos virreyes”, algunos gobernadores que al amparo de la descentralización política reclaman una sospechosa soberanía.
Apunta El almanaque que el narcotráfico es definido por el gobierno como la principal amenaza a la seguridad nacional, pero “la información que entrega es insuficiente, fragmentada y en ocasiones imprecisa”. No sólo la información es fragmentaria sino las propias acciones policiaco-militares; ayer como hoy las autoridades reconocen la necesidad de una mayor coordinación de los gobiernos federal, estatales y municipales; además, las acciones son dominadas por una lógica represiva y para nada preventiva del consumo de drogas. Así, se informa que, según el Consejo Nacional contra las Adicciones, por cada peso gastado para prevenir el consumo se utilizan 16 para combatir la oferta: la producción, distribución y consumo de drogas. El menosprecio por las acciones preventivas es tal que el gobierno de Calderón en sus primeros cinco meses “transmitió 732 mil 886 mensajes sobre el combate al narco; ninguno para combatir el consumo”.
Por otra parte, la medida oficial del avance antinarcóticos es el número de erradicaciones de plantíos, aseguramiento de drogas y detenciones; como cada año aumenta dicho número, puede obedecer a una mayor eficiencia del gobierno federal o al crecimiento exponencial del narcotráfico y la drogadicción. ¿Cuál cree el lector que será el caso? Sobre los arrestos se señala: “La mayoría de los detenidos son narcomenudistas o consumidores. Es cuestionable el criterio oficial de incluirlos como parte de una organización criminal”. Las cárceles están llenas de drogadictos y pocos narcotraficantes cuando debería ser al revés.
Además, el gasto gubernamental en rehabilitación de drogadictos es mínimo, como lo muestra el presupuesto de los Centros de Integración Juvenil. Sobre los sicarios, se señala que 237 mil efectivos militares desertaron de 1994 a 2006 y que si 10% los reclutara el narco, tendría “un ‘ejército’ de elementos bien entrenado y armado, con información sobre las operaciones y el sistema de telecomunicación”. A esta milicia hipotética hay que agregar que con 1% de los 55 millones de pobres y pobres extremos que ingresaran al crimen organizado, tendríamos 550 mil personas, otro ejército de reserva.
Aspecto adicional planteado es: “Otro enigma es la magnitud de la infiltración del aparato de seguridad por el crimen organizado. Un indicador podría ser el personal al que la Sedena detectó adicción a las drogas, de 2001 a 2007, un total de 3 mil 184 militares”.
Cabría agregar otros indicadores: las policías municipales, estatales y federales, donde la infiltración es mayor, los funcionarios que venden información confidencial, los responsables de enriquecimiento ilícito. Sacar del Estado y también de la sociedad a los anónimos apoyos del narco, aunado a campañas de rehabilitación de drogadictos, de prevención de delitos, de participación ciudadana y de creación masiva de empleos permanentes con salarios dignos, son los únicos caminos para controlar y reducir el narcotráfico. La sola óptica represiva está agotada; urge una política de Estado.

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