Disuelven huelga en Cananea con apoyo policiaco y militar

Unos 800 efectivos –entre militares y policías federales y estatales– se enfrentaron con cientos de trabajadores que custodiaban los tres principales accesos a la empresa Minera de Cananea, luego que la JFCA declaró inexistente la huelga iniciada allí el pasado 30 de julio. Según autoridades federales, el sindicato minero fue notificado de la determinación a las 11:30 horas. No obstante, antes de las 5:30 de la madrugada llegaron a la ciudad sonorense ocho camiones con soldados y agentes. A las 10 de la mañana ocurrió la primera embestida Foto Miriam Villavicencio


800 agentes de seguridad se enfrentan con trabajadores; hay 40 heridos y 5 desaparecidos
Disuelven huelga en Cananea con apoyo policiaco y militar
La JFCA declaró ayer “inexistente” el paro
Representantes del gremio tramitan amparo

Ulises Gutiérrez Ruelas (Corresponsal)

Hermosillo, Son., 11 de enero. Al menos 800 agentes de seguridad, entre militares y policías federales y estatales, se enfrentaron a cientos de trabajadores que custodiaban los tres accesos principales de la empresa Minera de Cananea, a quienes desalojaron de las instalaciones una vez que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró inexistente la huelga iniciada en el 30 de julio pasado.
Sergio Tolano Lizárraga, se-cretario general de la sección 65 del sindicato minero, informó que el desalojo dejó un saldo de 40 mineros heridos –cinco requirieron hospitalización–; cinco detenidos, quienes fueron liberados a las 17 horas, e igual número de desaparecidos, incluida la esposa de un obrero.
“Las autoridades aventaron el papel (la notificación) por una puerta de la mina; yo no estaba presente. Ahora dicen que no quise recibirlo”, denunció el dirigente, quien reprobó la actitud de los gobiernos federal y estatal de no entregar debidamente los documentos, lo que hubiera evitado el enfrentamiento.
“Todo el tiempo hemos actuado conforme a derecho, incluso ahora que el gobierno determinó que la huelga es ilegal. En la ciudad de México estamos tramitando un amparo que debe salir este viernes (ayer) a nuestro favor”, dijo Tolano Lizárraga. Hasta el cierre de esta edición no se conocía dicho resolutivo.

Policías tempraneros

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer en la ciudad de México que a las 11:30 horas notificó al sindicato minero la declaración de inexistencia de la huelga; sin embargo, desde las 5:24 de la mañana llegaron a la mina ocho camiones con tropas del Ejército y la Policía Federal Preventiva.
De inmediato se corrió la voz por el pueblo. Muchos habitantes decidieron no salir a las calles, los niños no fueron a clases y varios comercios no abrieron. En los tres principales accesos de la mina los trabajadores de guardia se daban ánimos para no rendirse y se alentaban para defender sus derechos.
Pasadas las 7 horas llegaron también camionetas de la policía estatal investigadora y de Seguridad Pública. Las fuerzas sumaban casi 800 elementos, quienes se reunieron en la Casa de la Cultura, a unas cuadras de la principal entrada del socavón.
A las 10 de la mañana ocurrió la primera embestida. Los mineros no pudieron mantener el control de la puerta uno, ante la agresión con gases lacrimógenos, balas de goma y toletes.
“Llegaron repartiendo golpes”, denunció en ese momento Tolano Lizárraga, quien en las siguientes horas confirmó la caída de una de las tres puertas de la mina, además de las áreas de producción y almacenamiento.
A la 13:40 horas se generó el enfrentamiento más violento. Tolano Lizárraga llamó a sus compañeros a no exponer su vida y a reunirse en las oficinas del sindicato, a unas cuadras del lugar, para analizar las acciones que seguirían entonces.
Un comandante de la PFP con rango militar llegó a dichas oficinas e intentó diálogar con los mineros para evitar que retomaran el yacimiento, pero no tuvo éxito. A esas horas estaban reunidos unos 800 trabajadores.
Sobre los desparecidos, Tolano Lizárraga se comprometió “a dar con el paradero de cuatro compañeros y la esposa de uno, ya que no están detenidos en la agencia del Ministerio Público”. La reunión, que comenzó a las 17:30 horas, continuaba al cierre de esta edición.
El gobernador Eduardo Bours sostuvo que la presencia de la policía estatal fue para “permitir la entrada de los trabajadores a la mina”. En tanto, Benjamín Bolaños, vocero de Mexicana de Cananea, expuso que durante los 165 días que duró la huelga la empresa tuvo pérdidas por 500 millones de dólares.
Por la noche, Industrial Minera México informó en un comunicado que recuperó el control de los tres accesos a la mina, y anunció que “cientos de trabajadores” regresaron a laborar a esas instalaciones; sin embargo, esta versión fue desmentida por representantes del sindicato.

El yacimiento se recuperó antes de que se cumplieran las 24 horas que prevé la legislación

Carolina Gómez Mena

A pocas horas de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró por segunda vez inexistente la huelga en la mina de Cananea, Sonora, el Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) promovió un amparo contra esa decisión.
El abogado del gremio, Juan Rivero Legarreta, confió en ob-tener la protección de la justicia, pues la huelga en ese yacimiento propiedad de Grupo México fue “legal”.
A las 11:30 horas de ayer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer en un comunicado la decisión de la JFCA, y recordó que los trabajadores tienen 24 horas para regresar a sus labores, pues de lo contrario la empresa puede rescindir la relación laboral.
Justamente porque ese periodo está previsto en la Ley Federal del Trabajo, el abogado criticó que “fuerzas policiacas federales y locales, además de militares, se hayan apostado en las inmediaciones de la empresa con el fin de romper la huelga”.
El reclamo fue secundado por Juan Luis Zúñiga Velásquez, primer vocal del consejo general de vigilancia y justicia del sindicato minero, y Carlos Pavón, secretario de asuntos políticos, quienes reiteraron que la legislación laboral prevé un mínimo de 24 horas para atender la resolución.
Sin embargo, añadieron que esa actitud de “hostigamiento” hace pensar que la STPS y la empresa buscaron “reventar por la fuerza una huelga legalmente estallada”.
El cese de labores comenzó el 30 de julio pasado. Los mineros de la sección 65 exigieron entonces mejoras en las condiciones de higiene y seguridad; no obstante, el movimiento fue declarado inexistente por la JFCA, pero el gremio interpuso y ganó un amparo en contra de la decisión.
Fue un ataque vil: mineros
Consultado por este diario, Carlos Pavón criticó la resolución de la JFCA, órgano dependiente de la STPS, y calificó de acción “vil” el arribo de agentes federales y estatales.
Según representantes del gremio, a la mina llegaron más de 800 elementos en 80 patrullas. “Esto es un amago represivo y constituye una clara violación a la legalidad y a las garantías constitucionales”, señalaron.
Pavón informó que ayer por la tarde los trabajadores realizaban una asamblea para definir las próximas acciones.
La JFCA justificó su fallo al señalar que lo hizo “en estricto apego” a lo dispuesto por un tribunal colegiado que el 21 de diciembre de 2007 dejó sin efecto una primera resolución.
Por su parte, la STPS consideró que “no fueron satisfechos los requisitos de ley” para declarar la suspensión de labores, y tomó como base actas notariales presentadas por el sindicato y la empresa, en las cuales “se acredita que la huelga no estalló en la hora señalada en el emplazamiento”.
El abogado de los mineros, Juan Rivero Legarreta, precisó que el argumento de la JFCA es que “el día en que se estalló la huelga no estaban todos los trabajadores, pero esa no es una resolución jurídica, sino algo pueril” que no invalida la suspensión de actividades.
Sobre la presencia de policías y soldados en la mina, la STPS señaló que esa determinación se tomó para “facilitarles a los empleados el derecho al trabajo” y garantizar que puedan regresar con absoluta libertad a sus puestos.
El Sindicato Mexicano de Electricistas expresó su solidaridad con los mineros de Cananea, y calificó de “golpe artero e impúdico” el desalojo. Francisco Farina, vocero del Frente Sindical Mexicano, calificó al titular de la STPS, Javier Lozano, de “simple empleado del poder económico”. Por la noche, trabajadores de la sección 65 propusieron promover un paro nacional en el sector en protesta por la inexistencia de la huelga.