Combatan el terrorismo por medio de la justicia, exigen manifestantes en ciudades de todo el orbe
Afp y Dpa
Washington, 11 de enero. Alrededor del mundo se realizaron protestas para exigir el cierre de la prisión de Guantánamo, creada el 11 de enero de 2002 en una base militar en territorio de Cuba, con manifestaciones en que también se pidió el traslado de los detenidos a Estados Unidos para ser juzgados por tribunales regulares.
El grupo pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) inició una campaña en Estados Unidos en la que llamó a la población a vestirse de anaranjado en protesta contra esa prisión.
Paralelamente, un tribunal de apelaciones de Washington anuló una demanda por torturas presentada por cuatro ex prisioneros británicos en Guantánamo.
Las protestas se extendieron desde puntos como Londres, Roma, Atenas, Madrid, Suecia, Irlanda, Sydney, Washington y otras 20 ciudades estadunidenses, pasando por países como Paraguay, Filipinas y Bahrein, en movilizaciones convocadas en cada caso por AI y otras organizaciones humanitarias.
En la mayoría de los actos los manifestantes vestían uniformes color naranja idénticos a los que son obligados a usar los detenidos en el campo de Guantánamo.
También hubo protestas en jaulas a cielo abierto similares a las que autoridades de Estados Unidos han usado para exhibir a esos prisioneros.
En Washington, los manifestantes se reunieron bajo una fría lluvia de invierno en la explanada de la sede del Congreso.
Los participantes en la movilización marcharon luego hasta la Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros deben decidir en los próximos meses los límites del Poder Ejecutivo sobre los detenidos.
“Cierren Guantánamo, combatan el terrorismo por medio de la justicia”, corearon los manifestantes al llamado de Larry Cox, responsable de AI en Estados Unidos, quien también denunció en un discurso la prisión de Bagram en Afganistán, donde, aseguró, se practica la tortura.
Según la organización de defensa de las libertades civiles ACLU, esta semana se realizarán otras 20 manifestaciones en todo Estados Unidos, en las que se invita a los militantes a vestirse de naranja.
“Me vestiré de naranja porque creo en los derechos humanos”, esribió la actriz Susan Sarandon a la ACLU.
En Madrid, AI entregó a la embajada de Estados Unidos 170 firmas de parlamentarios españoles reclamando el cierre del programa de detención secreta. Otra petición, firmada por mil 100 parlamentarios del mundo entero y unos 100 mil ciudadanos estadunidenses, también será entregada a la Casa Blanca.
Se estima que por la prisión isleña ha pasado hasta ahora más de 800 hombres –incluidos menores de edad– acusados por Washington de terroristas, sin posibilidad de un juicio y sin derecho a un abogado o a ver a su familia. En la mayoría de los casos, ni siquiera se han presentado cargos formales contra ellos.
Al mismo tiempo, miles de personas se manifestaron en ciudades de Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía y América Latina en repudio al campo de detención de Guantánamo, uniéndose al pedido de cerrar el penal y dar garantías legales a los prisioneros.
Sobre esa cárcel ha habido denuncias de malos tratos físicos, de que los guardias se burlan de la religión de los internos, de que se les niega el derecho de reunirse con abogados defensores, además de que las autoridades estadunidenses han rehusado permitir que miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja visiten a los recluidos.
En tanto, un tribunal federal de apelaciones de Washington anuló hoy una demanda por torturas presentada por cuatro ex prisioneros británicos de la base de Guantánamo, al justificar las acciones de tortura por estimar que los responsables demandados habían actuado en el “ejercicio de sus funciones”.
“Las supuestas conductas (injustas) eran inherentes a los deberes legítimos de su empleo” para interrogar sospechosos, justificó el juez Karen Henderson en su dictamen en relación con los británicos Shafiq Rasul, Asif Iqbal, Rhuhel Ahmed y Jamal Al-Harith, liberados en 2004 sin formularse ningún cargo en su contra.
Los cuatro británicos estaban entre cientos de sospechosos de terrorismo detenidos en la prisión sin juicio, desde la apertura de la cárcel por Estados Unidos para su “guerra contra el terror”, donde Washington rechaza reconocerlos como prisioneros de guerra e ignora la Convención de Ginebra.
El grupo también había presentado una demanda contra el secretario estadunidense de Defensa de la época, Donald Rumsfeld, y otros responsables de la base naval estadunidense, reclamando cada uno 10 millones de dólares.
El juez sostuvo que no se puede fincar responsabilidad a los funcionarios individualmente porque desempeñaban su trabajo, y que no “pusieron en práctica una política de tortura por motivos no relacionados con la recolección de datos”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/01/12/index.php?section=mundo&article=036n1mun
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