De ISA: LAS VOCES DEL GABINETE LEGÍTIMO

REFORMA DEL ESTADO

por Bernardo Bátiz V.
Secretario de Justicia y Seguridad del gobierno legítimo de México

Ya estaríamos en eso, en la reforma del Estado, si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hubiera reconocido a quien realmente triunfó en las elecciones de 2006; estaríamos ya viviendo en una economía de austeridad, de eficacia, de honradez, con los ojos puestos en las necesidades de la nación, y estaríamos viendo cómo las instituciones del Estado sirven para mejorar la situación general del pueblo.
Pero no fue así y nuevamente se pospone un cambio de fondo que se ha dejado pasar en varias ocasiones anteriores; la más destacada fue cuando en el año 2000 Fox no supo o no pudo, o no lo dejaron, responder a las muchas expectativas que los votantes pusieron en su candidatura, sin duda diferente durante las elecciones a las candidaturas de sus predecesores, pero con un resultado, ya en el gobierno, peor que los que habíamos sufrido con anterioridad.
Una reforma a fondo del Estado implica modificaciones profundas en cuanto al uso de los instrumentos de poder que sirven ahora a unos cuantos privilegiados y que deben emplearse en servir primero a los pobres y enseguida a todos los demás, cuidando del patrimonio de nuestra patria; esto es, como se lo han propuesto el “gobierno legítimo” y su presidente Andrés Manuel López Obrador, defendiendo la soberanía nacional, el patrimonio de la nación, especialmente el petróleo, pero también la electricidad, las costas, los recursos naturales y, sin duda alguna, el patrimonio cultural que nos identifica.
Según la Ley de la Reforma del Estado, disposición legislativa disparatada consistente, más que en una verdadera ley, en la expresión de un deseo, ésta ya ha quedado rebasada e incumplida, puesto que la intención expresada en uno de sus preceptos era tenerla lista para el fin del año que acaba de terminar, como si se pudiera reformar el Estado sólo con acuerdos parlamentarios y sin la injerencia e intervención directa de la gente.
Una verdadera reforma del Estado requerirá de una nueva Constitución, tema del que se habló mucho hace un año y del que ahora todo mundo parece olvidarse. Sería una verdadera novedad que sin violencia, mediante un amplio movimiento social desde abajo, se pudiera llevar a cabo un cambio que rompiera el sino fatal de que cada nueva Constitución mexicana lleva sobre sus hombros una guerra interna.
Las reformas que se han aprobado, en contra de la opinión de la gente, en materia de justicia, seguridad social, impuestos, comercio exterior, entre otras, no han tenido como objetivo cambiar para mejorar, sino, muy por el contrario, son nuevos instrumentos de sometimiento y control que están tensando la cuerda que puede reventar en cualquier momento; contra estas reformas está la propuesta del movimiento enérgico, pero civil y pacífico, que cuenta con varios mecanismos de acción. Uno es el Frente Amplio Progresista que actúa en el flanco institucional de los congresos federal y locales y gobiernos municipales y estatales.
Está, además, el gran movimiento de masas que es la convención nacional democrática, con sus asambleas periódicas, y principalmente la inusitada movilización de cientos de miles de mexicanos que se han incorporado como colaboradores del “gobierno legítimo”, mediante la firma de una carta compromiso y la obtención de una credencial que los acredita con ese carácter.
Son ya, en 11 meses de trabajo, cerca de 2 millones de ciudadanos dispuestos a lograr la verdadera reforma política apoyando a quien, lo saben con certeza, es un dirigente político excepcional, cuya principal característica es no darse por vencido y continuar persiguiendo su objetivo, que es lograr un país para todos, en el que cada quien pueda tener acceso a lo necesario para vivir, a educación, a cultura, a seguridad social, a salud, a vivienda, y todos disfrutando en un ambiente de libertad y armonía.
2008 será crucial para seguir adelante y para demostrar que cuando se tienen ideales y se trabaja por ellos, ni todo el dinero ni todas las televisoras y radiodifusoras juntas, ni todas las fuerzas armadas, detienen al pueblo movilizado y convencido del cada vez más necesario cambio de estructuras.

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ARISTEGUI: DESPIDO PREVENTIVO

por Luis Linares Zapata
Secretario de Desarrollo Económico y Ecología del gobierno legítimo de México

El programa radiofónico de Carmen Aristegui en la antigua XEW se colocó, por voluntad propia, en un sitio de obligado quiebre según la lógica del modelo de gobierno vigente. En ese punto coinciden tres diferentes conjuntos de voluminosos intereses y particulares visiones que forman parte integral del poder en México. Los tres contrarios no sólo a mucho de los contenidos, sino también a las orientaciones que la conductora imprimió en su actuación difusiva.
Por un lado, y como segmento primordial, está la actitud entreguista que abrazan con insólita fe y conveniencias el Presidente del oficialismo y sus grandes patronos. Las marcadas carencias de legitimidad de Calderón, aunadas a su pobre desempeño durante el pasado año, lo tornan por demás sensible a las diferentes opiniones, en especial aquéllas con amplia recepción entre el público. En otro de los vértices se apilan los sentires y los negocios del consorcio Televisa. Por experiencia acumulada se sabe que en esa empresa las antipatías para con todos aquellos que no le son fieles hasta la ignominia son argumentos cruciales para evaluar los futuros de personas y programas. Y, por último, la estrategia imperial de las empresas españolas y su gobierno para con los consumidores y usuarios de sus antiguas colonias en América. Una tripleta de masivos intereses frente a una sola mujer, por más que ésta haya mostrado la capacidad operativa suficiente (rating) para atraer, alrededor de sus enfoques, apertura y diversas voces, al amplio auditorio de ciudadanos que le respondió.
A Carmen, sin embargo, no se le despide únicamente por lo que ha hecho, sino, de manera primordial, por lo que podría representar en el próximo futuro, que ya se configura desde los centros decisorios de dentro y fuera del país. Y esto es lo interesante de un movimiento que bien puede ser llamado de acción preventiva empresarial.
En efecto, sobre la evaluación que se hace de su trayectoria pesan sus propias posturas, enfoques y agenda sobre espinosos temas. Todos ya bien examinados por distintos articulistas y actores de la vida pública. Muchos de los cuales, por no decir que todos ellos, incómodos para las derechas y distanciados de la línea oficial. En ese segmento ideológico y programático, crecientemente conservador y hasta reaccionario, Aristegui hizo muchos enemigos jurados y otros tantos celosos rivales que no podían menos que reaccionar en defensa de sus posiciones y de sus inocultables ambiciones. Al mismo tiempo, y por contraste necesario, se acercó a otro segmento del mercado radiofónico. Uno, muy vasto, que se ha dejado de lado por aquellos afiliados a la oficialidad: el del centro y la izquierda nacionales. Así se da esa confluencia, antes mencionada, que determinó su airosa y digna salida. El costo para con los autores de tan inicua medida preventiva es sustancial. Pero los intereses que se defienden por parte de esas tres fuerzas en movimiento es, también, inmenso: el petróleo y, más ampliamente, el control de los negocios con la energía de México.
La idea, avanzada por Ciro Gómez Leyva en uno de sus condensados artículos, de reducir el asunto a un diferendo entre una conductora y los burócratas que manejan la estación (W), es simplista, por decir lo menos. Si ése fuera el caso, los dos sujetos mencionados por la crítica ya hubieran tenido que dejar esa estación por el daño ocasionado a la imagen y objetivos de sus patrones. A Calderón por inducir su salida a través de su cuñado, aun cuando éste niegue su directa participación. A Televisa por cobrar venganzas indebidas y torpes.
Aristegui no asistió al descomunal acto de fuerza de los concesionarios frente al Senado y sostuvo posturas independientes y diferenciadas en cuanto a la ley de medios, dando cabida a disidentes para informar mejor a la ciudadanía. Y, sobre todo, ha afectado la imagen imperial que tanto las empresas españolas como su gobierno se van labrando y donde Prisa es factor primordial.
La actuación estelar de las empresas españolas en Latinoamérica es un fenómeno de reciente conformación. En Argentina, en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia y Ecuador han dejado una estela de abusos, atropellos y trampas inocultables. Baste recordar la inscripción, como de su propiedad, que Repsol hizo en la bolsa de valores de Nueva York de las reservas de gas bolivianas. Mucho del enfrentamiento entre el rey, Ortega y Chávez obedece a este tipo de fricciones en distintos renglones de negocios.
En realidad, Prisa y sus andanzas difusivas en estas regiones la han convertido no sólo en un agente de sus propios intereses (El País, Santillana), sino en un ariete de respaldo y promoción para la nueva colonización. Actividad que concretan numerosas empresas, en primer término las energéticas, campo donde han concentrado sus ambiciones, aunque no de manera exclusiva. Las telecomunicaciones y la banca son otras de ellas a cual más estratégicas para el futuro desarrollo del país receptor y ante el cual ejercen las debidas presiones, siempre aunadas al oficialismo en turno.
En todas estas actividades empresariales la buena disposición, la simpatía, los intereses cruzados y las complicidades con las autoridades son cruciales. De ahí que mantener relaciones fluidas y aceptadas por las mayorías se convierte en un objetivo trascendente. Varias empresas españolas han incursionado ya en el gas mexicano (Burgos) y otras esperan hacerlo ahora que la administración de Calderón (junto con el priismo entreguista) abra oportunidades en las diversas áreas de Pemex hasta hoy reservadas para el Estado.
La penetración de los españoles en la Comisión Federal de Electricidad ya es abrumadora (recuérdese la causa eficiente de las inundaciones en Tabasco). Prisa no es ajena a toda la embestida que se dará para forzar la participación del capital privado en Pemex, sobre todo el internacional, donde los españoles, por sus propias e ingentes necesidades, ambicionan una tajada considerable del suculento pastel. Por eso en la XEW, y en el resto de Latinoamérica, han diseñado un ejercicio editorial sometido a sus designios y no permitirán que los conductores tengan independencia alguna. Los que sustituyan a Carmen sabrán a qué atenerse y la audiencia también.
Por eso sale Aristegui de la XEW. A la ya firme audiencia que tenía había que unirle lo que podría adicionarse si, con sus micrófonos abiertos, diera cabida a la inconformidad que sobrevendrá cuando se cambien las reglas constitucionales o se alteren leyes secundarias para la entrega de la joya productiva nacional. Un panorama tan difícil de digerir por el poder, que se opta por esa medida preventiva que, como todos esos experimentos represivos, tendrá sus inevitables consecuencias y, a pesar de todo, un final inesperado.>
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EL ARMA ORGÁNICA DE LOS RESISTENTES

por Gustavo Iruegas
Secretario de Relaciones Internacionales del gobierno legítimo de México

La organización del poder popular que libere al pueblo mexicano de la voracidad de la oligarquía extranjerizante y de los desmanes del gobierno corrompido ya está en marcha. Después del fraude a la voluntad popular por la vía del golpe de Estado, el pueblo de México decidió no darse por vencido.
Hasta el 16 de septiembre de 2006 se mantuvo el reclamo democrático en el nivel electoral. Ese día se inició el proceso de rechazo y resistencia al gobernante espurio que detenta el poder nacional y subvierte las instituciones. Ante la alternativa de designar un coordinador de la oposición y un presidente legítimo se optó por el segundo; la oposición es parte del sistema y se rige por sus reglas, como los partidos y los legisladores se han encargado de demostrar a lo largo del año. La condición de legitimidad del presidente López Obrador le viene de la designación soberana del pueblo, misma que asumió formalmente el 20 noviembre. Su misión es revertir al pueblo la soberanía en plenitud y reencauzar los esfuerzos del Estado hacia el cumplimiento de su cometido original: propiciar la seguridad y promover el desarrollo de la nación mexicana. El cumplimiento de esa misión tiene como causa la necesidad de justicia, democracia y soberanía; su objetivo es refundar la República sobre bases éticas; la estrategia es la toma del poder de manera pacífica; la táctica consiste en organizar a los ciudadanos para la resistencia territorial y el arma orgánica es el valor civil. Toda esta concepción de lucha parte del convencimiento cada vez más profundo de que sólo el pueblo puede salvar al pueblo y sólo el pueblo puede salvar a la nación.
El primero de diciembre empezaron los trabajos de la organización del poder popular para enfrentar a la desarraigada camarilla y al gobierno que engendró ya corrompido. Diciembre de 2006 y enero de 2007 se emplearon en organizar el pequeño, pero efectivo aparato dedicado a recibir de los ciudadanos el patriótico compromiso, voluntario y personalísimo, de luchar junto al presidente López Obrardor y proveerles sus credenciales de representantes del “gobierno legítimo”.
A lo largo de 2007 se definieron la causa, el objetivo y la estrategia. En 2008 la tarea se centrará en el crecimiento de la organización y la profundización de su carácter territorial. La organización territorial es una opción como lo podrían ser la laboral o la partidista. Hay que destacar que la organización territorial es tan novedosa en México como lo es la resistencia pacífica y las otras dos han probado ser fácilmente neutralizadas por el sistema y su fórmula infalible: la corrupción.
La organización de lucha pacífica del “gobierno legítimo” se ha iniciado en el nivel municipal —delegacional en el Distrito Federal— y se desdoblará a escala distrital. Avanzado el proceso se pensará en los niveles seccionales y por último el de colonia, barrio, pueblo, unidad habitacional y otros. Para visualizar la capacidad de movilización popular de esta organización, habría que pensar quizá en el nivel de comités de manzana o, en su caso, por casilla electoral. Así se podría imaginar, en el extremo más obvio, el llamado a todos los resistentes de implantar una vigilante presencia en todas y cada una de las casillas electorales, cada quien en la suya. Igualmente se podrá pensar en otras formas de uso y de movilización a lo largo de la lucha que implica la defensa de los intereses populares, vale decir, producción agrícola, precios de los productos de primera necesidad, salarios; del patrimonio nacional en la forma petróleo, energía, seguridad y, destacadamente, la soberanía nacional que todos los elementos anteriores involucran.
El energético principal de la lucha popular es la indignación frente al abuso. Esta especial indignación es privativa de los resistentes, porque sólo se da en quien previamente guarda la condición de dignidad. Los bribones no se indignan; se enfurecen, se fastidian o se enfadan, pero la indignación no les va bien, no son dignos. En la indignación de los resistentes germina el coraje necesario para oponerse al abuso, algo que se conoce como valor civil. Un valor de gran aprecio en el pueblo de México, que, en otras épocas, cuando se enseñaba civismo en las escuelas, se ilustraba con el ejemplo del joven Porfirio Díaz en ocasión de una pantomima electoral del dictador Santa Anna: como no se usaban las boletas electorales ni las casillas, se puso sobre una mesa un par de libros para que en uno firmaran los ciudadanos señalando así su preferencia por Su Alteza Serenísima o por don Juan Álvarez, que entonces representaba la oposición. Vigilaba la escena un pelotón de amenazantes soldados. Un oficial se presentó con 30 firmas de los vecinos para Santa Anna y Porfirio exigió que sólo se anotaran 29 porque él no había dado su voto a nadie. Alguien comentó que solamente los que tenían miedo se abstenían de votar y el futuro héroe del 2 de abril firmó en su presencia el libro de don Juan Álvarez.
En la actualidad entendemos por valor civil un agregado a la virtud de las personas que actúan conforme a sus convicciones y tienen además el valor de sostenerlas en público afrontando toda clase de represalias, afrentas y riesgos. La actitud de los resistentes entraña esa entereza de ánimo para cumplir con determinación y patriotismo su compromiso de acudir al llamado del “presidente legítimo” para defender las causas populares y nacionales. Es por eso que, con 2 millones de resistentes acreditados, los resultados de 2007 permiten al “gobierno legítimo” adelantar grandes progresos en 2008.

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