Impulsa el FNCR la creación de un registro nacional de presos políticos

“El Estado castiga la lucha social y da impunidad a violadores de derechos humanos”
Impulsa el FNCR la creación de un registro nacional de presos políticos

Emir Olivares Alonso

El Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) propuso crear un registro de todos los presos políticos que existen en el país y luchar por una ley de amnistía con la finalidad de que sean liberados de inmediato y se cancelen las órdenes de aprehensión contra luchadores sociales. Llamó a la unificación, porque si bien “la pelea inmediata es la libertad de los presos de conciencia y la presentación de los desaparecidos, a largo plazo es terminar con la represión y la impunidad”.
Durante el primer Foro Nacional Contra la Represión –inaugurado por los representantes del Movimiento de Egresados de la Normal de Ayotzinapa en protesta por la represión del viernes pasado–, integrantes de las organizaciones que conforman el FNCR aseguraron que mientras el Estado castiga a los luchadores sociales, otorga “impunidad absoluta” para quienes vulneran los derechos humanos.
El próximo 10 de diciembre el FNCR efectuará su tercera Asamblea Nacional donde analizará y en su caso aprobará las propuestas surgidas del foro de ayer. Además realizará una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigir el castigo a los violadores de garantías fundamentales.
El diputado federal José Antonio Almazán señaló que urge definir quiénes son los presos políticos, por lo que un registro debe constar de nombres, apellidos y motivos y/o delitos por los que están detenidos.
En ese sentido, resaltó que es viable una ley de amnistía, que podría discutirse en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso. “Debemos definir qué queremos alcanzar con esta ley”.
Agregó que en el Senado y la Cámara de Diputados “hay un espacio que podría permitir avanzar en una posible ley de amnistía, pero el tiempo está encima. La oportunidad es el próximo periodo, porque después se viene la disputa electoral de 2009”.
El legislador hizo hincapié en que existen proyectos de este tipo en algunos puntos del país, pero lo urgente es definir una norma común para mayor beneficio.
Cuestionan alcance de la ley
En ese sentido, Erika Zamora, ex presa política y sobreviviente de la matanza de El Charco, Guerrero, propuso analizar esa ley porque “sólo beneficia a quienes están acusados de delitos políticos y la mayoría de los presos de conciencia en el país están acusados por otros ilícitos” como secuestro, ataque a las vías de comunicación, posesión de armas, entre otros.
Zamora dijo que la ley no basta para liberar a esos detenidos, sino que “el factor determinante es el movimiento social”. Asimismo, subrayó que se debe continuar con la denuncia de los responsables intelectuales y materiales de violaciones a los derechos humanos.
En su turno, el general Francisco Gallardo, refirió que ahora el énfasis en las acciones del FNCR deben ser “estratégicas y tácticas”. Señaló que si bien no debe descartarse la propuesta de la ley de amnistía, el mayor impulso debe darse en el “rompimiento de las estructuras que permiten las violaciones a derechos humanos”; pues, explicó, aunque se logre la liberación de los casi 500 presos políticos en México, las violaciones a las garantías fundamentales podría continuar.
“Tenemos que impulsar reformas a la Constitución, si no más adelante tendremos que buscar nuevas leyes de amnistía”.
Alertó sobre las implicaciones que traerá consigo la llamada Iniciativa Mérida, con la cual “la represión va a tomar mayor énfasis” y abriría el paso para que Estados Unidos maneje los recursos energéticos nacionales.
La periodista Blanche Petrich aseguró que casos como los de Guadalajara, Atenco, Oaxaca y Ayotzinapa reflejan “un profundo divorcio de la clase política con la sociedad”, pues sin importar quién sea el partido gobernante en cada región, el común denominador es la represión de la lucha social.
Destacó que el FNCR demuestra “una importante maduración en el debate”. Llamó a tener precisión en las cifras de presos políticos y subrayó que en la última década, alrededor de 900 ciudadanos “han pasado por las cárceles por protestar”.
Señaló que la defensa de la tierra, del medio ambiente, de los derechos humanos, del trabajo y de la democracia son motivo de encarcelamiento en este país. “En la sociedad no están encendidas las alarmas por esta grave situación, y ello en gran medida es producto del bloqueo informativo de los medios de comunicación”.

http://www.jornada.unam.mx/2007/12/02/index.php?section=politica&article=015n1pol