Autor: Ana Lilia Pérez
En 2007, Pemex Exploración y Producción, a cargo de Carlos Morales Gil, desvió más de 6 mil millones de pesos de dos fideicomisos capitalizados para pagar Pidiregas, destinándolos al pago de contratos que no tenían relación alguna. Más del 10 por ciento de los recursos se usó para supuestas indemnizaciones por litigios, renta de stands y compra de hielos y agua sin contrato de por medio
Por petición del auditor González de Aragón, el Órgano Interno de Control deberá investigar a los funcionarios involucrados por dichas irregularidades y, la Secretaría de Hacienda, auditar a las compañías beneficiadas.
Cuando iniciaba la crisis económica mundial y Estados Unidos, el principal cliente de Pemex Exploración y Producción (PEP) en la compra de crudo, anunciaba una eventual recesión, el director de esa subsidiaria, Carlos Arnoldo Morales Gil, gastó 8 mil 869 millones de pesos en pagos adicionales a los estipulados en los contratos de algunas empresas prestadoras de servicios en la Sonda de Campeche; en indemnizaciones de litigios y para pagar adjudicaciones directas que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fueron irregulares.
Todo ello se etiquetó como gastos de los rubros “servicios varios” y “varios”.
La discrecionalidad en el manejo de estos recursos estriba, en parte, en que los rubros “servicios varios” y “varios” no tienen una partida presupuestal ni cuenta específica. El dinero gastado por esta vía se obtuvo de tres partidas: el presupuesto programable, 2 mil 490 millones de pesos; el Fideicomiso Pemex Proyect Funding Master Trust-MT01, 5 mil 586 millones 678 mil 400 pesos, y el Fideicomiso Irrevocable de Administración F/163- MTN, 792 millones 172 mil pesos; los dos últimos, vehículos financieros de Petróleos Mexicanos (Pemex) para garantizar los Pidiregas (proyectos de infraestructura diferida en el registro del gasto) que, según la ASF, en 2007 fueron usados por los funcionarios de PEP prácticamente como caja chica.
El 10 por ciento (890 millones de pesos) se utilizó en la compra de agua, hielo, renta de stands en exposiciones, pagos por demoras en transportación, impuestos sobre nómina y derechos de paso, todos sin documento contractual de por medio. De la misma partida, indebidamente se gún la ASF, se usaron 201 millones de pesos para pagar indemnizaciones por litigios y comprar dos terrenos.
Lo anterior ocurrió ante las omisiones del Órgano Interno de Control (OIC) en PEP, cuya función es vigilar el manejo que se hace de los recursos de la subsidiaria. Por el contrario, según detectó la ASF, el organismo que precisamente desde 2007 encabeza el exempleado del Grupo Energético del Sureste, Karim Elías Bobadilla, ha sido partícipe de las supuestas irregularidades en contrataciones y pagos.
Fideicomisos, desvío de recursos
Los fideicomisos Pemex Project Funding Master Trust-MT01 y el Fideicomiso Irrevocable de Administración F/163-MTN (creados en octubre de 1998 por la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex) fueron constituidos exclusivamente para pagos de bienes y servicios de los proyectos Pidiregas, incluidos los honorarios por servicios fiduciarios de asesoría legal de auditores externos y todos aquellos gastos que se derivan de la operación del Master Trust.
En el foro de discusión entorno a la reforma energética (julio de 2008 en el Senado de la República), Arturo González de Aragón aludió la discrecionalidad de la administración de Pemex en el manejo de Pidiregas. Actualmente el endeudamiento por esta vía supera los 2 billones de pesos, pasivo que deberá ser amortizado en los próximos 23 años. El auditor superior calcula que en 2012 esta deuda pública llegará a su nivel máximo de obligaciones de pago con 204 mil millones de pesos.
La reticencia de Pemex de transparentar los Pidiregas, incluso ante la misma ASF a la que ha negado información, “ha provocado que estos pasivos, que son hoy en día la principal deuda pública del país, sean prácticamente inauditables”, explica a Contralínea uno de los auditores de la ASF, comisionado a examinar lo que gastó PEP en el primer año de gobierno de Felipe Calderón y el primero también de Jesús Reyes Heroles al frente de la petrolera.
El legislador Ramón Félix Pacheco, secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, comenta que cuando los Pidiregas comenzaron a aplicarse representaban un porcentaje limitado de la inversión en PEP, “pero el abuso en esta vía de financiamiento lo llevó a un callejón sin salida y a un elemento sin control en las finanzas de la empresa y del gobierno”.
El auditor consultado por Contralínea destaca que cientos de contratos se han echado a la misma bolsa de Pidiregas sin ser proyectos de inversión.
Trabajadores adscritos a los campos petroleros de Tabasco y las áreas de plataformas en la Sonda de Campeche dicen que las labores que ellos realizaban (básicamente de mantenimiento) ahora son ejecutadas por compañías privadas nacionales y extranjeras bajo esquemas Pidiregas. Es decir, que la petrolera está contratando a terceros las actividades que debían hacer los mismos trabajadores pagados en su nómina.
Miguel Ángel Sánchez, supervisor de PEP en Tabasco, explica: “Cada vez son más las compañías que hacen funciones que antes hacía el petrolero, desde jardinería, chapeo, limpieza, pintura, soldadura, mantenimiento de equipos, todo lo hacía personal de Pemex y ahora estos servicios se están metiendo como Pidiregas. En los contratos, supuestamente, las compañías traen personal de primer nivel con todo su equipo, pero yo que soy el encargado de recibir a esas compañías puedo decir que a su personal no le dan siquiera uniformes y el equipo que usan es el mismo de Pemex”.
De allí que en su auditoría a la cuenta pública 2007 la ASF destaque que en la subsidiaria 6 mil 378 millones 850 mil pesos “fueron pagados indebidamente con recursos Pidiregas”, de los fideicomisos Master Trust- MT01 y F/163-MTN, desviados a los rubros “servicios varios” y “varios”, justificándose como “pagos por actividades prioritarias para la adquisición de bienes o servicios que generan recursos suficientes para el pago del financiamiento”.
El órgano de fiscalización concluyó que la subsidiaria contravino “los criterios para la administración de los recursos públicos federales: legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas”.
Arturo González de Aragón determinó que los funcionarios de PEP deberán aclarar el uso de los 6 mil 378 millones de pesos. Por la gravedad del caso, se pidió al OIC abrir las respectivas investigaciones.
Para justificar los pagos, erróneamente se registraron los servicios como si se tratara de gastos relacionados con las actividades de explotación de yacimientos de petróleo o gas natural, y los gastos de exploración, transportación o entrega de hidrocarburos.
Contrario a las normas fiscales –a juicio de la ASF–, se les aplicaron las deducciones como Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos (DOH). Por ello se dictaminó que en materia administrativa y fiscal PEP no tiene una normatividad interna para calcular el DOH, “lo cual es contrario a las normas de fiscalización”.
Los contratos
A cuenta de la partida “servicios varios” y “varios”, en 2007 se hicieron 1 mil 106 contrataciones: 409 por licitación pública, cuyo monto ascendió a 2 mil 346 millones 950 mil pesos; 368 por adjudicación directa, por 2 mil 33 millones de pesos; 290 vía convenios entre entidades, por un monto de 3 mil 590 millones 793 mil pesos; y 39 contratos por invitación, por 27 millones 803 mil pesos. Más los 880 millones de pesos que, según argumentó PEP ante la ASF, se utilizaron para supuestos pagos sin contrato.
De los “convenios entre entidades”, los cuales representaron más del 30 por ciento de los recursos ejercidos, la auditoría revela que esta modalidad no está regulada, así que los funcionarios contratan a libre albedrío sin transparentar los procesos, lo que, a consideración de la ASF, infringe la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
La ASF revisó 12 contratos adjudicados por diversas modalidades, que suman el 23 por ciento de los recursos gastados. En ellos se detectaron supuestas violaciones del OIC a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). A juicio de la ASF, la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de la ley por parte de funcionarios y contratistas se convirtió en infractora, por ello pidió a la Secretaría de la Función Pública investigar las operaciones de la oficina que encabeza Karim Elías Bobadilla.
Contralínea solicitó una entrevista con el contralor, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Uno de estos casos fue la adjudicación directa del contrato 4282169180 por 27 millones 484 mil pesos a Construcciones Metálicas de Campeche.
En contravención a la LAASSP, no se reportó ante el OIC y tampoco se remitieron los informes mensuales de la ejecución, requisito obligatorio para su pago. Lo mismo ocurrió con el contrato 4222078080, otorgado a Dowell Schlumberger de México por 90 millones de pesos, y el 4204068112, adjudicado a Compañía Mexicana de Geofísica por 173 millones de pesos.
Al escudriñar las contrataciones la ASF descubrió que la adjudicación directa a Construcciones Metálicas de Campeche fue ilegal. La otorgó el coordinador de Servicios Marinos, Manuel de Jesús Alegría Constantino, el 19 de octubre de 2006, para “la integración a los sistemas de apoyo logístico de transporte de personal y hospedaje”. Construcciones Metálicas instalaría el BAKERITRACSM (software integrador para los sistemas logísticos de transportación de personal y hospedaje) propiedad de la compañía texana Baker/MO Services Inc.
El argumento para no licitar fue que Construcciones Metálicas tenía los derechos exclusivos del software, lo cual era falso, según descubrió la ASF, porque la contratista (que no aparece en el padrón de prestadores de servicios del gobierno federal) ni siquiera tenía los registros de propiedad industrial. En consecuencia, determinó la auditoría, la contratación era inviable, por ello pidió al OIC abrir una investigación contra la empresa y los funcionarios involucrados.
Pero en este caso también solicitó a la SFP investigar al OIC. La ASF supone la responsabilidad de los contralores ya que el mismo órgano instruyó a los funcionarios de PEP que no se le enviaran los dictámenes ni las justificaciones que sirvieron de base para no celebrar una licitación pública. La ASF determinó que la contraloría interna violó la LAASSP.
El mismo caso se repitió en el contrato 4222078080 de la empresa Dowell Schlumberger, en el cual el OIC pidió no justificar su adjudicación directa.
Cuando la ASF revisó el contrato descubrió que además éste se confirió sin verificar si la compañía estaba al corriente en sus obligaciones fiscales.
Los privilegios de Asesa
Entre los casos enlistados por la ASF están las contrataciones con la empresa Aeroservicios Especializados, SA (Asesa), del Grupo Protexa, con sede en Nuevo León, que tiene como director general y accionista mayoritario a Humberto Lobo Morales. En diversas ocasiones, tanto la SFP como la ASF han fiscalizado sus negocios con el gobierno federal (mayoritariamente con PEP), detectando diversas irregularidades. Aun cuando la SFP ha declarado la nulidad o reposición de los procesos de licitación que han favorecido a Asesa, e incluso se han fincado responsabilidades a funcionarios vinculados a éstos, la compañía prácticamente concentra los contratos para el servicio de transporte aéreo en la Sonda de Campeche.
Año con año, la subsidiaria le destina sumas millonarias por la renta de sus helicópteros, extrañamente, sin optar por las adquisiciones propias.
Consigna la ASF que, “inexplicablemente, PEP no ha realizado un estudio de costo-beneficio que demuestre la factibilidad de la adquisición de helicópteros en relación con lo que paga por su renta”.
En su reciente auditoría detectó que PEP desvió 114 millones 551 mil 200 pesos de la partida destinada a la construcción de instalaciones y obra especializada para pagos de los contratos 4182458042, 4182458052 y 4182348632, signados con Asesa entre 2004 y 2005 “para el servicio aéreo de personal y/o carga en la Sonda de Campeche”. Por ello, pidió al OIC investigar a los funcionarios involucrados en este supuesto desvío de recursos y, en su caso, fincar responsabilidades.
Se detectaron también pagos en demasía y la terminación anticipada de los servicios. El detalle de las supuestas irregularidades consignadas por la ASF es el siguiente: El contrato 4182458042, denominado paquete “A”, se asignó por un monto mínimo de 35 millones 259 mil dólares y máximo de 44 millones de dólares. El contrato 4182458052, denominado “B”, se asignó por un monto mínimo de 46 millones 570 mil dólares y máximo de 58 millones 213 mil dólares. En tanto que el contrato 4182348632, denominado paquete “C”, se asignó por un monto mínimo de 63 millones de dólares y máximo de 78 millones de dólares. El monto máximo estipulado para los tres contratos suma 181 millones de dólares para ejercerse entre 2004 y 2009. La ASF descubrió que en 2007 se le pagaron 241 millones de pesos más de lo autorizado.
Para 2007, del paquete “A” se contrataron vuelos por 14 millones 651 mil dólares y 160 millones de pesos, pero se pagaron 22 millones 550 mil dólares y 230 millones de pesos. Del paquete “B” se contrataron vuelos por 15 millones 498 mil dólares y 169 millones 368 mil pesos, pero se pagaron 23 millones de dólares y 250 millones de pesos. Del paquete “C” se contrataron vuelos por 15 millones 724 mil dólares, y 171 millones 845 mil pesos, pero se pagaron 24 millones de dólares y 262 millones de pesos.
Además, los directivos de PEP autorizaron que Asesa diera por cancelados sus servicios hasta un año antes de la fecha estipulada en los contratos. El impacto es incuantificable, ya que el transporte aéreo es la principal vía de comunicación y traslados en la principal región productora de petróleo: El plazo del contrato “A” era de 1 mil 98 días, vigente del 31 de diciembre de 2005 al 1 de enero de 2009, pero sólo dio servicios 791 días. Se canceló el 29 de febrero de 2008. El paquete “B” se contrató durante 1 mil 371 días (del 31 de diciembre de 2005 al 1 de octubre de 2009), pero sólo fue vigente 991 días. En tanto que en el paquete identificado como “C” se le contrataron 1 mil 827 días de servicio (del 1 de octubre de 2004 al 1 de octubre de 2009), pero Asesa sólo dio servicio 1 mil 447 días, pues concluyó el pasado 16 de septiembre de 2008, es decir, 380 días antes de lo estipulado.
Ante la ASF, los directivos de PEP justificaron que los contratos se modificaron en su fecha de terminación y en el precio a pagar por cada año, “debido a la gran demanda del servicio de transportación aérea en la Sonda de Campeche para los trabajos de mantenimiento y construcción para la exploración y explotación de crudo”.
Sin embargo, destaca la auditoría, la subsidiaria “no pudo acreditar las actividades adicionales que originaron el aumento en la demanda de servicios de transporte aéreo de personal”. A juicio de la ASF, fue ilegal que Asesa concluyera los contratos antes del periodo estipulado, ya que “no se pudo verificar la existencia de controles en los diferentes activos que permitieron asegurar (la) eficiente utilización (de los vuelos)”. El auditor González de Aragón consideró que el OIC debe investigar el caso. Hace hincapié en la responsabilidad de los funcionarios que autorizaron los pagos en demasía y la anticipación de los plazos contractuales.
Detrás del subrepticio acuerdo entre los directivos de PEP y los representantes de dicha compañía podría haber actos más graves y sobre todo un millonario impacto económico en las arcas públicas. A unos días de que se cancelaran los contratos, los directivos de PEP adjudicaron a Asesa un nuevo contrato por 1 mil 64 millones 313 mil 773 pesos para los mismos servicios de transporte en la Sonda de Campeche durante 1 mil 827 días. Es decir, que la contratista ya aseguró su entrada como prestadora de servicios en la administración de Pemex del próximo sexenio.
Según datos del sistema Compranet, el 21 de febrero de 2008 PEP convocó a la licitación 18575107-006-08, la cual, pese al monto involucrado, se deliberó en menos de tres semanas con la asignación a la citada compañía. El 28 de febrero la misma subsidiaria le había adjudicado el contrato 428218815, por 37 millones 350 mil 778 pesos.
La ASF asegura que las millonarias contrataciones afectaron el fondo presupuestal para el ejercicio fiscal 2008, pues esos gastos no estaban considerados en la hacienda pública. Y es que el oneroso monto que se pagó por los contratos 4182458042, 4182458052 y 4182348632 garantizaba a la paraestatal el transporte aéreo prácticamente hasta octubre de este año, así que para cubrir los pasivos contraídos al margen de la SHCP, la administración de Morales Gil de nueva cuenta echó mano de los fideicomisos para Pidiregas.
El diputado Ramón Pacheco alerta que “se trata de un problema muy serio el que está detectando la ASF, de allí la importancia de que ese organismo insista en verificar cómo se operan los recursos en Pemex”. El legislador enfatiza que los directivos de la paraestatal deben “clarificar sus operaciones y explicar cómo se va a cubrir esa deuda, porque es imposible que sigan manejándose como hasta ahora.
El monto de deuda que han adquirido ya rebasa cualquier nivel racional, y si a esto sumamos los manejos ilegales, tenemos un verdadero problema”.
Contralínea solicitó entrevistas con el director de PEP, Carlos Morales Gil y con los directivos de Asesa; a través del área de prensa, el funcionario se negó a la entrevista, mientras que el vocero de la compañía, José Cerda, tuvo conocimiento de la petición, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
También en la cuenta “Servicios varios”, de la partida “Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus funciones oficiales”, se desviaron 132 millones 815 mil pesos para el contrato 4120038032 con la empresa Cotemar, por alimentación y hospedaje en plataformas.
Incumplimientos fiscales
La ASF detectó supuestas irregularidades fiscales en los pagos del contrato 414104838 que PEP asignó a la Compañía Mexicana de Exploraciones (Comesa), debido a que en 12 facturas, que suman 22 millones de pesos, la empresa no desglosó el IVA. La ASF supone evasión de impuestos, por lo que pidió al Servicio de Administración Tributaria auditar a la empresa, domiciliada en el Distrito Federal.
En mayo de 2004 fue contratada para realizar estudios sismológicos en San Pablo Nopaltepec por 672 millones de pesos, en un periodo originalmente estipulado del 1 de junio de ese año al 18 de marzo de 2006. Supuestamente Comesa trasladó los 22 millones de pesos para cubrir el pago de las afectaciones a propietarios o derechos patrimoniales a terceros, por lo que, según PEP, se eximió el pago del gravamen. A juicio de la ASF, la operación fue irregular puesto que se trata de un gasto dentro de un contrato de prestación de servicios, así que la contratista debía declarar impuestos por cada factura emitida.
También se detectó que una de esas facturas sí consideró el gravamen, pero éste fue pagado por PEP. Al respecto, la auditoría determinó supuestas responsabilidades de los funcionarios de la subsidiaria.
Respecto de la auditoría realizada a PEP, la diputada Valentina Batres Guadarrama concluye que la información a la que tiene acceso el propio auditor superior “es aún insuficiente para que se pueda determinar la totalidad de irregularidades que hay en Pemex. De allí que el auditor mencione que éste es un gasto discrecional, no sólo por la forma en que se contrata, sino por la forma en que se paga.
En la subsidiaria se está creando una peligrosa maraña de corrupción”.
Desvíos a pagos de litigios
De los 8 mil 869 millones de pesos erogados en la partida “servicios varios”, 201 millones de pesos se utilizaron para gastos originados por el supuesto incumplimiento contractual de PEP con terceros o con inversionistas capitalizables. De forma irregular –según la ASF–, contablemente se registraron como gastos relacionados con la exploración y explotación de crudo. Incluso, como se les hizo pasar como gastos relacionados con la exploración y explotación, se les aplicaron deducciones fiscales que no correspondían.
Detalla la ASF que de la partida presupuestal destinada a los trabajos de exploración y explotación se hicieron “indebidamente” los siguientes pagos: 40 millones de pesos para cubrir a Agpa Industrial la indemnización del juicio ordinario 43/2007; 32 millones 500 mil pesos para CCC Fabricaciones y Construcciones, derivado de una demanda a PEP; 29 millones 967 mil 900 pesos para pagar a Oceanografía la indemnización por el juicio mercantil 22/2005.
Además de 26 millones para Proyectos y Construcciones del Usumacinta, derivado del juicio ordinario 11/2004; otros 14 millones de pesos para pagar al consorcio texano N-I Energy Development Inc la indemnización del laudo mercantil 57/2003; otros 5 millones 243 mil pesos para Excelencia Computacional, derivado del juicio ordinario 01/1997, en el cual PEP resultó condenado a pagar por rentas vencidas, devengadas a partir de enero de 1996 a septiembre de 2004.
También 5 millones como indemnización a Construcciones Ribereñas del Sur por el juicio 146/2002; 3 millones 990 mil a Hanover Compressor Company por el juicio 20/2002. Para pagar a la empresa Sistema de Destrucción Térmica “daños y perjuicios por incumplimiento de contrato: 3 millones 410 mil pesos, y 2 millones 677 mil pesos para Induemes, SA, por el juicio 01/1999, en el cual resultó condenado PEP por indebidas retenciones y gastos financieros.
De dicha partida también “indebidamente” se pagó 1 millón 918 mil pesos a Mario Enrique Villanueva León por salarios caídos según laudo laboral. La subsidiaria también erogó 36 millones de pesos para comprarle dos terrenos a José Ángel Carrillo Resendiz.
La ASF considera que todos los litigios y adquisición de terrenos pagados con esos recursos fueron irregulares, por lo que pidió a PEP aclarar los supuestos desvíos y al OIC abrir las investigaciones correspondientes. (ALP).
Bergesen bajo sospecha de evasión
Otra de las compañías beneficiadas por la administración actual de PEP fue la empresa Bergesen Worlwide Limited (BWL), a la que en 2005, por intermediación de Antonio Juan Marcos Issa y Juan Reynoso Durand –socios de la compañía naviera Blue Marine, PEP le arrendó un floating production storage and offloading (barco flotante, de almacenamiento, producción y descarga, FPSO), bautizado en México como El Señor de los Mares.
Aunque se promovió como la mejor ingeniería que ha llegado a México, en realidad en 2005, cuando la noruega lo adquirió en Singapur, tenía una antigüedad de 28 años.
Ya el año pasado El Señor de los Mares mereció la especial atención de la ASF, la cual, a petición de la Cámara de Diputados dentro de su revisión a la cuenta pública correspondiente al último año de gobierno de Vicente Fox, elaboró una auditoría especial a la adquisición del barco en la que determinó un sobreprecio.
PEP negoció el pago del contrato 412005846 en dos etapas: la primera en una emisión de 50 por ciento del costo y la segunda en 180 mensualidades fijas a 15 años.
En su revisión a la cuenta pública 2007, González de Aragón integra el caso de FPSO y su arrendataria Bergesen por ser ésta una de las compañías a las cuales se le pagó con recursos del rubro “servicios varios”. Los pagos a cuenta de los contratos 4120058460 y 4120058461 en 2007 ascendieron a 117 millones de pesos. Destaca la ASF que la contratista no presentó su declaración anual del ejercicio 2007.
Ante el Servicio de Administración Tributaria, Bergesen Worldwide Limited, que tiene su sede en Drammensveien, Oslo, está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes como residente en el extranjero con establecimiento permanente en México, con el RFC EXT-031029-NOX. Como tal, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, es obligado al pago del Impuesto al Valor Agregado.
En el padrón de prestadores de servicios del gobierno federal mexicano, está registrada en el giro “empresa de inversión y holding, propietaria, administradora, constructora, reparando, adquiriendo y vendiendo embarcaciones y generalmente realizando negocios que pudieran ser, en opinión de la junta directiva, llevados a cabo ventajosamente para y por la compañía”.
En la auditoría se detectó que en el contrato signado entre PEP y Bergesen, ilegalmente se estipuló una cláusula donde se indica que la subsidiaria del Estado asumirá el pago del gravamen que por ley corresponde a la contratista. Ello, estima la ASF, “podría constituir un daño y/o perjuicio al fisco federal”.
González de Aragón dictaminó que las autoridades hacendarias mexicanas deben auditar a la compañía. Pidió también al OIC en PEP investigar a los funcionarios que dieron a Bergesen el privilegio de que la paraestatal asumiera el pago de sus impuestos.
Por el monto económico, los contratos signados con Bergesen ocupan el tercer lugar dentro de las deudas Pidiregas, después del contrato con la española Repsol para la operación del bloque Reynosa-Monterrey en la Cuenca de Burgos, por 2 mil 437 millones de dólares, y el de Dowell Schlumberger/Schlumberger Offshore Services también por 2 mil 409 millones de dólares. (ALP)Para estar mejor informado visita
Resiste Acapulco
El primer caso confirmado de influenza A H1N1 fue el de Édgar Hernández, un niño de 5 años que vive -porque sobrevivió al ataque del virus- en La Gloria. Hace un mes exactamente, el 1o. de abril, presentó síntomas parecidos a los de una infección respiratoria aguda que en las semanas recientes había afectado a sus vecinos del propio poblado perteneciente al municipio de Perote, en Veracruz. Al día siguiente, la empresa verificadora Veratect reportó, desde ese mismo lugar, a la Organización Panamericana de la Salud la aparición de un virus desconocido que después sería identificado como el de esa enfermedad que ha adquirido ya el rango de pandemia.
El brote de neumonía, o de una infección respiratoria semejante, afectó en marzo a unas 400 personas (un número altísimo teniendo en cuenta que en La Gloria viven 3 mil habitantes) y causó la muerte de dos niños. Ése es otro indicador de que probablemente allí se gestó la malandanza que ahora nos afecta de tantos modos. Y es que, según algunos lugareños, la comarca está inficionada por la operación de la empresa Granjas Carroll de México, SA, que es propietaria de 16 establecimientos ubicados en municipios de Veracruz y Puebla, en comunidades como La Gloria misma, Xaltepec, El Águila, Achichica, Chichicuautla, Maravillas, etcétera.