Laura González
Los derechos fundamentales de libertad de expresión y de acceso a la información son indispensables en una sociedad democrática. La libertad de expresión comprende el derecho de expresar el pensamiento propio, y el derecho de buscar, recibir y difundir ideas de toda índole.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la libertad de expresión es una garantía fundamental en la existencia misma de una sociedad democrática. Sin duda, la política se basa en gran medida en la comunicación. Esto es cierto para toda forma de gobierno, pero lo es especialmente para la democracia, la cual depende de procesos deliberativos que hacen posible el ejercicio de la razón pública.
Hoy por hoy, los medios de comunicación representan el puente para que la ciudadanía conozca y acceda a los procesos democráticos, vigile y participe en el quehacer de cada gobierno. Los ciudadanos que participan en las discusiones sobre política pública para la toma de decisiones colectivas dependen en gran medida de la información que mayormente emiten los medios de comunicación.
La labor periodística se convierte en la piedra angular de la comunicación entre actores políticos y ciudadanía, colocando la profesión en el ojo de toda información que cobra relevancia en los cambios sociales. Un periodista puede estar o no de acuerdo en las acciones políticas, generando controversia entre los actores de los procesos político-democráticos.
La libertad de expresión y el trabajo periodístico no deben ser objeto de represiones ni secrecías, por ello se requiere un marco legal que proteja y garantice su labor. A nivel nacional hace más de un año entró en vigor la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual obliga a las entidades a implementar políticas que vigilen los procesos de la libertad de expresión.
Michoacán se coloca como uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo y, aun así, se encuentra rezagado en el cumplimiento de esta obligación. De haberse implementado, es urgente que se conozcan acciones en la materia y si no, es tiempo de que el Ejecutivo revise estrategias que prevengan y contrarresten delitos en contra de la libertad de expresión.
Entendemos que en la agenda pública hay cosas urgentes, pero existen también los temas importantes que merecen su atención y cumplimiento.
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