Lunes, 27 de Diciembre de 2010 00:00
Escrito por La Jornada Morelos
Abogados y algunas asociaciones civiles anuncian que en enero pedirán información de cuáles fueron los funcionarios de alto nivel, diputados, magistrados y alcaldes que cobraron aguinaldo para presentar una denuncia en su contra a fin de que sean sancionados ya que supuestamente la Constitución no señala ese derecho para los servidores públicos.
Cabe recordar que en primera instancia, además de los especialistas en derecho, diversos sectores abordaron la conveniencia de que los servidores públicos y representantes populares dejaran de cobrar esa prestación por considerar que es un derecho señalado en la Ley Federal del Trabajo pero como una prestación exclusiva para los trabajadores.
Es más, en el Congreso local los diputados acordaron no cobrar aguinaldo y se pensó que otros servidores públicos podrían seguir ese ejemplo, lo que obviamente no sucedió.
El tema es controversial porque efectivamente para tener derecho a esa prestación legalmente debe existir una relación obrero-patronal.
Sin embargo hay que considerar que muchos de los que hacen efectiva la prestación no tienen responsabilidad alguna, pues es decisión de sus superiores y para ello cuentan con la anuncia del Congreso en el momento de aprobar el presupuesto respectivo.
Hay quienes opinan que el aguinaldo debe suspenderse para los empleados de confianza, aunque en este caso se afectaría a cientos de miles de empleados en el gobierno estatal, municipios y hasta muchas empresas en donde los trabajadores tienen esa categoría.
Otros, por su parte, insisten en que lo reprobable no es que todos cobren aguinaldo, sino la desproporción que hay entre los funcionarios de alto nivel que reciben hasta más de 350 mil pesos, mientras que un trabajador de salario mínimo apenas recibe 750 pesos.
Lo ideal, opinan, es que todos los trabajadores tuvieran un ingreso equivalente a 10 salarios mínimos y con ello recibirían unos nueve mil pesos de aguinaldo, seguramente en esa situación las protestas y condenas por lo que reciben los funcionarios serían menores.
En este fin de 2010 y ya muy próximo inicio del 2011, más que pedir que quienes ganan mucho dejen de hacerlo, lo importante es exigir que quienes ganan muy poco reciban lo justo.
De esa manera los ingresos de los pudientes no serían tan marcadamente superiores a los de un trabajador cualquiera, disminuiría seguramente la delincuencia y decenas de miles dejarían de ir a los Estados Unidos en busca de las oportunidades que no encuentran en sus lugares de origen.
Sin embargo, después de conocer que los salarios mínimos aumentarán para el año próximo un 4.1 por ciento, cada vez se antoja más lejana la posibilidad de que en México y Morelos por fin haya algo de justicia social.
Y si por el contrario los ingresos de servidores públicos y delincuentes van a la alza, lo único que aumentará –con seguridad- será el malestar de las mayorías.
Fuente: La Jornada de Morelos
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