JOSÉ GUTIÉRREZ GUILLÉN/COLABORACIÓN ESPECIAL
El ex secretario general del Sindicato de Mineros y Metalúrgicos sección cinco, José Concepción Dávalos Morales, denunció que los ex trabajadores de la Minera México, Aurelio Aguilar Uresti y Fermín Rodríguez Arriaga, mediante argucias nombraron un supuesto Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Consumidores Metalúrgicos Sección cinco, que a su vez era propietaria de un inmueble ubicado en la avenida Cuauhtémoc 130 y 140 en esta ciudad, y que ilegalmente vendieron predios a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que estaban ubicados a un costado de la Facultad de Contaduría de la UASLP en 10 millones de pesos, afectando a más de 200 mineros propietarios de esas viviendas.
Esta ilícita operación se realizó en 2008 indicó Dávalos Morales, y ya fue denunciado en su momento ante el Juzgado Octavo de lo Civil en San Luis Potosí, en el expediente 1057/2008 y que está en trámite el juicio. El 7 de enero del 2008, el Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia ya señalado, vendió a la UASLP, el inmueble ubicado en la calle Cuauhtémoc 130 y 140, donde se localizaba la tienda de autoservicio de la cooperativa, dicho inmueble tiene una superficie de dos mil 956.80 metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: al sur: 50.78, con calle Cuauhtémoc, al poniente: 60 linda con lo que antes era el Hospital Militar, actualmente propiedad de la UASLP; al norte: en dos líneas rectas que miden la primera 41.20 metros y la segunda 12 metros, actualmente propiedad de la UASLP; al oriente: en tres líneas que miden la primera de norte a sur 6.40 metros, la segunda línea de oriente a poniente mide 12 metros y una tercera línea mide 59.20 metros.
Dicha operación de compraventa se realizó por la cantidad de diez millones de pesos, dicha cantidad de dinero la recibió el consejo de administración.
El recurso que se obtuvo por la venta del inmueble debió haberse ingresado a la cuenta 00159061967 de BBVA Bancomer propiedad de la Sociedad Cooperativa de Consumidores Metalúrgicos, sección cinco, de acuerdo con la normatividad que rige la sociedad cooperativa, debía repartirse la cantidad obtenida por la venta del inmueble en cuestión entre los integrantes de la cooperativa, pero no fue así, ya que dicha suma de dinero se repartió entre unos pocos miembros del Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia y la gran mayoría se quedó en poder de Aurelio Aguilar Uresti, alegando que los demás miembros de la sociedad cooperativa no tenían derecho, sin dar explicación alguna del por qué. Por lo anterior se tramita juicio ordinario mercantil 1057/2008 en contra de dichas irregularidades, dicha demanda la presentan J. Concepción Dávalos Morales, Juan Hernández Flores, y Andrés Hernández Méndez contra Manuel Laris Saucedo, presidente, Albino Aguilar Colunga, secretario; ambos del consejo de Administración, también contra Aurelio Aguilar Uresti, presidente, Fermín Rodríguez Arriaga, secretario, ambos del Consejo de Vigilancia.
También se denunció penalmente ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado a Aurelio Aguilar y Fermín Rodríguez, cuya averiguación se encuentra en la mesa tres de Asuntos Relevantes de la Procuraduría, bajo el número de expediente 40/X/2009.
El objetivo de estas denuncias, señaló el afectado, es que se anule la operación de compraventa entre estos dos individuos y otros que formaron el Consejo de Administración y Vigilancia del Sindicato Minero, sin tener la facultad legal para hacerlo ni la representación de la cooperativa. Reiteró que dicha operación fue realizadas por personas que no tienen ninguna facultad legal para vender el inmueble y mucho menos la representación legal de la cooperativa minera.
De origen, externó, la convocatoria que fue emitida para integrar el consejo de Administración y Vigilancia, la hicieron Manuel Laris Saucedo y Albino Aguilar Colunga, pero en la fecha que lanzaron la convocatoria ya no tenían el cargo de presidente ni secretario del Consejo de Administración.
La asamblea realizada, añadió, para la elección del Consejo de Administración fue desarrollada con una serie de vicios e irregularidades que invalidan la asamblea así como los acuerdos que tomaron en ella. Por lo tanto, la compraventa está viciada de origen.
La UASLP, indicó, alega buena fe en la compra que hizo, pero esta no procede por los abogados que tiene o el cuerpo jurídico ya que incurrieron en culpa inexcusable al no haber revisado toda la documentación que acreditara que las personas que se ostentaron como integrantes del Consejo de Administración y Vigilancia tuvieran facultades para realizar la venta.
Los 10 millones de pesos que se recibieron por la compraventa, apunto Dávalos Morales, sólo se repartieron entre el ilegal Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia, dejando fuera a más de 200 extrabajadores de la Minera México.
En la repartición, Aurelio Aguilar Uresti obtuvo por está ilícita operación un millón 500 mil pesos, pues hay recibos donde firmaron por el millón de pesos y otras cantidades.
Dijo que un abogado del despacho del ex secretario de Gobierno, Jaime Suárez Altamirano les hizo todo el papeleo para la compraventa y se llevó un millón por la asesoría y 500 mil pesos como bono navideño.
Por lo tanto se va a exigir que se castigue a los responsables de la venta y de resultar responsabilidad de algunos miembros de la UASLP deberán correr con la misma suerte. Por consecuencia deberá restituirse a la Sociedad Cooperativa de Consumidores Metalúrgicos el inmueble ubicado en Cuauhtémoc 130 y 140 en esta ciudad, casi esquina con Mariano Jiménez. Incluso la obra la paró la Universidad porque no tenía los permisos correspondientes ya que se hizo una notación marginal en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de que el inmueble estaba en litigio.
Reiteró que la mala fe fue por estas personas que formaron este Consejo de Administración y Vigilancia y lo que se pretende con los extrabajadores de la Minera México, es hacer un frente común y recuperar el patrimonio de la sociedad cooperativa y que se devuelva el inmueble y que después este predio se venda al valor que hoy tiene.
Conminó al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado a que ponga atención en el asunto, porque en el juzgado octavo civil hay una serie de irregularidades que no deben repetirse.
Y que la Procuraduría General de Justicia se aboque al esclarecimiento de los hechos que ya fueron denunciados y que se aplique las responsabilidades de las personas que cometieron ese fraude.
Fuente: La Jornada de San Luis
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