El 9 de noviembre, la Asamblea Legislativa de este país aprobó en forma unánime la Ley para la prohibición de la minería metálica a cielo abierto y del uso de cianuro, mercurio y otras sustancias peligrosas.
Con la misma, Costa Rica se convirtió en el primer país centroamericano que avanza en la prohibición de esta actividad. Sin embargo, no es retroactiva con lo cual, los ambientalistas deben seguir pendientes en su actual lucha por el cierre de la Mina Crucitas que en este momento, se está debatiendo en el Tribunal Contencioso Administrativo con sólidas argumentaciones de parte de los grupos opositores al proyecto y con el apoyo masivo de constantes acciones y movilizaciones desde los grupos organizados, reflejando refleja la clara oposición del 90% de la población costarricense a este proyecto minero instalado en la zona de San Carlos.
Es importante recordar que anteriormente (14 de septiembre) las organizaciones ambientales CEDARENA, UNOVIDA y APREFLOFAS, enfrentadas al Estado costarricense y a la minera Industrias Infinito (propietaria del Proyecto de oro Las Crucitas) en el Tribunal Contencioso Administrativo habían logrado un importante triunfo al conseguir que la empresa vaya a juicio luego que fracasen todas las argumentaciones esgrimidas por la empresa, la Procuraduría General de la República y el SINAC.
Por eso, la minera debe esperar que el Tribunal resuelva el proceso contra el Estado costarricense por el otorgamiento ilegítimo de la concesión de explotación, además de la promulgación ilegal del decreto de Conveniencia Nacional, así como por todas las irregularidades con que fue aprobado el Estudio de Impacto Ambiental y dada la Viabilidad Ambiental.
El Tribunal, además de llevar a juicio la concesión, determinó mantener las medidas cautelares impuestas a la compañía hace varios meses, que consisten básicamente en la suspensión de todos los trabajos de la mina.
Por otro lado, las partes demandantes exigieron que el Gobierno entregue el informe y documentación precisa con la cual llegó a la conclusión de que en una eventual demanda internacional el Estado debía indemnizar a la minera con 1.700 millones de dólares. Esto será utilizado como parte de las pruebas.
Hace poco, la Contraloría General de la República había señalado la gran cantidad de irregularidades por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. En ese sentido, se espera un desenlace final favorable en el juicio a favor de los movimientos sociales y ambientales costarricenses quienes hicieron un llamado a la ciudadanía para que se mantenga firme en su oposición a la minería a cielo abierto.
Fuente: Asamblea autoconvocados por el no a la mina
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