La Procuraduría abrió un expediente contra dos hermando del extinto Manuel Ponce Rosas
CITLAL GILES SÁNCHEZ
Chilpancingo, 9 junio. Integrantes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) están sufriendo nuevamente la embestida del gobierno del estado, la represión a su lucha por la defensa de los derechos humanos, debido a que el domingo pasado se detuvo “injustamente” a Álvaro Ramírez Concepción, uno de los dirigentes de la organización, y se abrió expediente contra otros tres miembros, dos de ellos hermanos de Manuel Ponce Rosas, quien fue secuestrado, torturado y ejecutado en febrero del año pasado, denunció el Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan.
Ramírez Concepción quedó al frente de la OFPM luego de los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, para dar continuidad a la defensa de los derechos de su comunidad; sin embargo, fue detenido y encarcelado el domingo pasado por policías, por el homicidio de Andrés Feliciano Modesta, ocurrido el 15 de noviembre del año pasado, en el crucero de la Concordia, en el municipio de Ayutla de los Libres, donde resultó herido Policarpio Patriarca Agustín, quien acusó a Ramírez Concepción, a Victoriano y Alicio Ponce Lola –hermanos de Manuel Ponce Rosas– y Jorge Luis García Catarina.
En entrevista, el abogado defensor de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, explicó que las acusaciones de Patriarca Agustín son infundadas y forman parte de una serie de represiones contra la OFPM por la lucha por los derechos indígenas.
Detalló que Patriarca es gente de los Remigio Cantú, a quienes se les conoce como caciques del pueblo e informantes del Ejército: “él había tenido múltiples problemas con Raúl Lucas y Manuel Ponce, además se ha dedicado acometer varios ilícitos en la región”.
Rosales Sierra criticó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se preste de nueva cuenta a fabricar un expediente contra la OFPM y reprochó que en el caso de los homicidio de Lucas y Ponce no haya responsable a la fecha y sí responsables por el homicidio de Andrés Feliciano Modesta, y detenga justamente a todos los líderes de la organización.
La situación jurídica
Ramírez Concepción fue detenido el domingo por la mañana y ese mismo día fue puesto a disposición del juez Mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla; al día siguiente se le tomó su declaración.
Este sábado vence el plazo constitucional en el que se determinará la situación jurídica del dirigente mixteco.
Sin embargo, en los señalamientos de Policarpio Patriarca hay varias irregularidades, planteó el abogado defensor y detalló que el único testigo que existe es precisamente el acusador, pues “los demás que se presentaron son de oído”.
Abundó que otra de las inconsistencias es el lugar que señalan fue el asesinato, porque no coincide, ya que mientras la parte acusatoria refiere que fue en el crucero de la Concordia, el Ministerio Público hace referencia a un lugar distinto de donde levantó el cuerpo. En el dictamen que da el MP, el cadáver y los casquillo se encontraron cerca del poblado La Fátima, que está a una distancia de unos 600 metros del crucero de La Concordia.
También está la declaración de Patriarca que señala que eran las 2 de la mañana y que él vio a los integrantes de la OFPM a una distancia de unos 20 metros, “pero a esa hora, en un lugar lleno de árboles pues no creo que haya visibilidad para poder reconocer en un carro en movimiento que eran los compañeros”, matizó.
Rosales Sierra dijo que en estos días se van a presentar todas las pruebas a favor de Álvaro Ramírez para poder mostrar su inocencia y confió en que el juez “se porte a la altura” y sea imparcial al dictar la sentencia y ésta sea el auto de libertad.
Ante la detención, Tlachinollan lanzó una acción urgente para hacer llamamientos al juez Alfredo Sánchez Sánchez, quien este sábado dictará la sentencia.
De igual forma, exigió la libertad inmediata de Ramírez Concepción; que los órganos que imparten justicia se apeguen a los principios de imparcialidad e independencia y que estos aparatos no se utilicen para acallar las voces de indígenas considerados disidentes políticos.
Además demandó que se castigue a los responsables de la tortura y ejecución extrajudicial de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas y cese la represión, persecución y encarcelamiento de los defensores de derechos humanos en Guerrero y el país.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular
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