MARGENA DE LA O
En su comunicado 19, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) aseguró que los asesinatos recientes, de los que sobresalen los mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, y el del diputado Armando Chavarría Barrera, son crímenes de Estado, por ello llamaron al pueblo a la autodefensa.
Recordaron que “este 7 de junio ya se cumplen 12 años de la masacre de El Charco en Ayutla, donde fueron asesinados por militares siete civiles desarmados y cuatro combatientes nuestros, incluido el compañero Capitán José”.
En el escrito resaltan que actos como el de ese 7 de junio, “crímenes de Estado”, se repiten constantemente.
En esa tesitura, mencionan el secuestro, tortura y asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, perpetrado en febrero de 2009, además del crimen de Chavarría Barrera, cometido en agosto de ese mismo año.
Hablan de que en Ayutla se han cometido más de 20 asesinatos de líderes comunitarios y luchadores sociales, “perpetrados por comandos militares y bandas paramilitares entrenadas, financiadas y armadas por el Ejército Mexicano y los tres niveles de gobierno”.
“La masacre de El Charco, los asesinatos de decenas de líderes sociales y políticos de Ayutla, así como el asesinato de Armando Chavarría Barrera y otros líderes políticos son crímenes de Estado. Y como tal, el régimen nunca hará justicia. La justicia, la democracia y la libertad sólo serán posibles con la construcción del poder popular y el cambio de régimen en México”, resalta textualmente en el comunicado.
En el caso particular de los mixtecos, señalan: “son los casos más conocidos de la guerra contra el pueblo, que lleva a cabo el mal gobierno contra quienes se organizan y luchan por sus derechos dentro del marco legal”.
El ERPI también manifestó que en Guerrero es constante “la criminalización de la lucha social, el hostigamiento a la prensa, el asesinato de militantes perredistas, en particular el Chavarría; el control del PRD estatal en manos del CISEN; la descalificación y acoso a las organizaciones defensoras de derechos humanos (caso Tlachinollan); el terror social generado por la delincuencia organizada y los cuerpos de seguridad, y el uso de los medios de comunicación electrónicos contra la lucha social”.
Lo anterior expuesto, puntualiza el ERPI, conduce al cierre de espacios para la lucha legal, además de que forma parte “de una política de contrainsurgencia orquestada, planificada y dirigida desde las más altas esferas del poder en México, con el objetivo de impedir cualquier cambio social en el país, ya sea por vías pacíficas o violentas”.
Por todas esas razones, el ERPI llamó al pueblo a la autodefensa “en todas sus formas”.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular
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