Difusión Cencos México D.F., 14 de junio de 2010
Boletín de prensa
Amedi
Las reglas para la transparencia y el acceso a la información pública constituyen avances irrenunciables de la democracia mexicana. Aunque aún tenemos un trecho por recorrer en el perfeccionamiento de la legislación en esa materia, las reglas que hoy en día existen para que el Estado mexicano proporcione a la sociedad información sobre los asuntos de los cuales se ocupa han contribuido al escrutinio de los ciudadanos respecto de los temas de interés público y, de esa manera, a fortalecer nuestra democracia.
Por eso, los obstáculos y los retrocesos en el cumplimiento de esas reglas constituyen reprobables atentados a la vida democrática. Y de ese calibre son las infracciones recientes del gobierno federal en materia de transparencia.
Dos dependencias de la administración federal, la Procuraduría General de la República, PGR, y el Servicio de Administración Tributaria, SAT, impugnaron resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, en franca violación a la Ley de Transparencia que les da carácter definitivo a las resoluciones del propio IFAI.
Esas impugnaciones fueron aceptadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que no tiene competencia para dirimir controversias entre autoridades y mucho menos para ocuparse de las resoluciones del organismo federal de transparencia.
Tanto la PGR como el SAT violan la ley al negarse a cumplir las decisiones del IFAI respecto a la apertura de expedientes que han sido considerados de interés público. A la Procuraduría General se le ha ordenado entregar la documentación correspondiente a una averiguación previa, en su momento desechada, contra la entonces jefa de Gobierno de la ciudad de México. Al Servicio de Administración Tributaria, se le instruyó para que diera a conocer la lista de beneficiarios con la cancelación, en 2007, de créditos fiscales que ascendieron a 74 mil millones de pesos.
Las consideraciones que llevaron a los comisionados del IFAI a resolver la apertura de esos documentos tendrían que ser suficientes para que, de inmediato, la PGR y el SAT los hicieran públicos. La clave de la transparencia de la información oficial radica en su obligatoriedad una vez que el organismo encargado de ella decide que un asunto ha de ser público.
El Artículo 6º. de nuestra Constitución Política, en su fracción IV, establece de manera explícita y clara: “Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión”. Resulta evidente que ese organismo especializado es el IFAI, no un tribunal administrativo. Si el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa revisa las resoluciones del IFAI, los procesos se demorarán en lugar de hacerlos expeditos y la autoridad del organismo regulador específico quedará mermada.
La rebeldía de dos dependencias del gobierno federal a cumplir esa obligación y el eco que han encontrado en el Tribunal Fiscal, constituyen hechos de extrema gravedad que ya han sido denunciados por organizaciones especializadas en estos temas y a cuyos reclamos se suma la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.
Requerimos al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que enmiende la decisión de dos de sus salas que, indebidamente, le dieron curso a reclamos que ese organismo no tiene facultades para resolver.
Exhortamos respetuosamente al Poder Judicial y en primer lugar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que pongan mucha atención en estos procesos, de los cuales dependen en buena medida el ejercicio del derecho ciudadano a la información pública y la autonomía operativa del IFAI. Ambos asuntos se encuentran en instancias judiciales.
Invitamos al Poder Legislativo a reconocer la gravedad de las transgresiones al derecho de acceso a la información pública en los casos antes mencionados. Estas circunstancias hacen más urgente la aprobación de la nueva ley en materia de transparencia y derecho a la información pública que fue aprobada recientemente por el Senado de la República y que se encuentra a consideración de la Cámara de Diputados.
Muy especialmente, exigimos que el gobierno federal cese su insubordinación a las disposiciones en materia de transparencia en la información pública y que tanto la PGR como el SAT acaten de inmediato las resoluciones del IFAI. El Presidente de la República y el Secretario de Gobernación han expresado recientemente su identificación con la transparencia en la información pública. Aquí tienen una notable y urgente oportunidad para demostrar que ese compromiso no está definido por palabras huecas.
México, D.F., 10 de junio de 2010
Asociación Mexicana de Derecho a la Información, A.C.
Dr. Raúl Trejo Delarbre
Presidente
Fuente: CENCOS
Difusión: soberanía popular
No hay comentarios:
Publicar un comentario