México D.F., 28 de mayo de 2010 (Cencos).- El ataque armado a la caravana civil humanitaria que se dirigía a la comunidad de San Juan Copala el pasado 27 de abril provocó que la comunidad nacional e internacional se volteara de nuevo hacia lo que sucede en el estado de Oaxaca (sur del país). En este caso, al conflicto que perdura desde hace más de treinta años en una región donde la etnia triqui es mayoritaria, que ha dejado centenares de muertos y donde se denuncia la ausencia del estado, tanto por las condiciones de pobreza y marginación como por la impunidad y la falta de acceso a la justicia para la población.
La situación particular de la comunidad de San Juan Copala (que se declaró como municipio autónomo) se ha agudizado en los últimos meses; el 27 de abril fue emboscada una caravana de observación internacional, resultando dos defensores de derechos humanos asesinados, cuando intentaban romper el cerco que un grupo armado, considerado como paramilitar, la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), mantiene desde el pasado mes de noviembre. Además, el asesinato el 20 de mayo de líder comunitario y a su esposa, se suma a múltiples muertes y a un estado de sitio que tiene sin acceso a condiciones mínimas de vida a los habitantes triquis de la comunidad.
David Peña, abogado de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), conversa con Cencos sobre la situación de las investigaciones de la emboscada donde murieron la activista Beatriz Alberta Cariño Trujillo y el observador finlandes Jyry Jakolaa.
¿A un mes de que el mundo volteara a San Juan Copala, qué pasa con las investigaciones?
Desde la ANAD acompañamos el proceso de la investigación del ataque a la caravana de 27 de abril en el que fueron asesinados nuestra compañera Bety Cariño y Jyry Jakolaa, y también llevamos la representación de 16 sobrevivientes del atentado. Hemos impulsado en la Procuraduría General de la República (PGR) las denuncias y los testimonios y elementos de prueba para poder ir apuntando hacia los responsables.
Junto con la denuncia que se tiene presentada en PGR a partir de la agresión y en la que participamos en la integración de la averiguación previa (AP/PGR/DGCAP-DF/060/2010), está una queja abierta ante la CNDH (CNDH/5/2010/2256Q) que ya está dotada de varios elementos. La CNDH está pidiendo oficios y comunicaciones con diversas autoridades para documentar no sólo el ataque sino analizar también la actuación del Estado, en la que hay una responsabilidad grave por parte del gobierno federal y estatal en cuanto a la reacción muy tardía que ambos tuvieron.
¿Se ha acudido a alguna otra instancia a nivel internacional?
Desde las instancias internacionales se está vigilando la actuación de la PGR y de la CNDH. Hemos establecimos canales de comunicación con instancias de la Unión Europea.
¿Cuál era el propósito de la caravana y porque crees que fue atacada?
La caravana era el único mecanismo que tenía la sociedad para enterarse de todo lo que sucede al interior de San Juan Copala; era a través de estas caravanas, en específico de esta caravana de información y observación integrada por periodistas y defensores de derechos humanos, que se podría conocer la situación de la comunidad triqui aislada.
Iban a documentar las condiciones de las familias cercadas por el grupo Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) que los ha aislado a manera de presión para que el edificio de la agencia, sede del municipio autónomo, les sea devuelto y con ello tener otra vez el control de la comunidad. El ataque a la caravana es un acto extremo en contra de las organizaciones las personas defensoras de derechos humanos y de toda la sociedad misma pues deja de recibir información.
Ubisort tiene a la comunidad en un estado de guerra para que los pobladores renuncien a la afiliación política que puedan tener, ya sean del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULTI) u otra.
¿Cómo afecta el cerco, impuesto desde hace ocho o nueve meses, a las negociaciones para alcanzar la paz en la región triqui?
Durante dos años se trabajó este proceso de acercamiento con buenos resultados; se firmaron pactos de no agresión, pero el grupo paramilitar Ubisort, que aún no forma parte de las negociaciones, mantiene la intención de la violencia y la desestabilización de la zona.
En los últimos nueve meses el Ubisort cobró mucha fuerza, motivado por los propios intereses del estado y agudizó la violencia y ataques contra comunidades del MULT y del MULTI: bloquean accesos carreteros, acceso a la comida… En el mes de noviembre toma por la vía de la violencia la agencia municipal de San Juan Copala que estaba en posesión del MULTI, y a partir de esta espiral de violencia se dan varias agresiones y asesinatos.
¿Te refieres al asesinato el 20 de mayo de Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Tleriberta Castro?
Sí, las organizaciones desde la sociedad civil pensamos que fue una acción de algunos actores políticos vinculados directamente con el estado de Oaxaca. Timoteo Alejandro era un líder moral, espiritual e ideológico en la comunidad y el principal promotor del municipio autónomo y del proceso de diálogo, quizá el primer líder triqui que buscó un proceso real de pacificación.
Este es un ataque dirigido a actores específicos, al igual que el ataque a la caravana, no fue un ataque aislado sino premeditado con la finalidad de desestabilizar la zona, para romper el proceso de diálogo y mantener los intereses de los grupos caciquiles y paramilitares de la zona.
Primero se pensó que los responsables del asesinato podrían estar vinculados al MULT
¿Qué se sabe ahora?
Una vez que se conocieron los mecanismos de los hechos de estos dos últimos asesinatos, como la utilización del silenciador, la forma, la descripción de los sujetos... se descartó la tesis de que pudiera ser el MULT porque esta forma de operar no es característica de los grupos triquis, por la forma de infiltrarse, de generar confianza, de ser gente no indígenas y con armas que no son comunes en la zona.
¿En qué van las investigaciones?
Las investigaciones de estos casos las tiene la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, existe una averiguación previa con algunos testigos de la zona que identifican a quienes pudieron haber sido los agresores pero no sabemos el grado de avance que tiene.
Seguiremos insistiendo que el caso lo atraiga la PGR para nosotros poder coadyuvar. Si la procuraduría del estado se lo queda en las manos será complicado porque buscará encubrir y dejar en la impunidad este asesinato.
Información de contexto
A decir de David Peña los acontecimientos de violencia en San Juan Copala, centro político y ceremonial de la región triqui en Oaxaca, comenzaron a acrecentarse a partir del año 2006 cuando se dio una fuerte escisión dentro del MULT y varias comunidades se separan para conforman el MULTI.
Las comunidades que se separaron del MULT y del Ubisort, decidieron dentro del MULTI conformar el municipio autónomo de San Juan Copala a finales del año 2006. El proyecto autonómico pretende ir más allá de la pertenencia a los grupos políticos de la región. Durante este proceso se mantuvieron enfrentamientos entre los tres grupos.
En junio del 2007 desaparecieron las hermanas Virginia y Daniela Ortiz cuyas familias son pertenecientes al MULT y hasta la fecha se desconoce su paradero. El 7 abril del 2008, Teresa Bautista y Felicitas Martínez, ambas comunicadoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio fueron asesinadas. El caso fue retomado por la PGR, hasta la fecha no hay avances en esta investigación.
A raíz del asesinato de Teresa y Felicitas se instauró una mesa de diálogo entre el MULT y el MULTI con participación de la sociedad civil para acercar las posiciones de las partes y buscar una solución de fondo al conflicto. El diálogo se interrumpió después de los últimos acontecimientos de violencia. (Con información de David Peña, abogado de la ANAD)
Fuente: CENCOS
Difusión: soberanía popular
