José Enrique González Ruiz
El mal se mueve con gran velocidad,
mientras la justicia camina lentamente y a veces no llega.
El gobierno de México a juicio
Han transcurrido alrededor de tres décadas desde que el estado mexicano comenzó a perpetrar delitos de lesa humanidad. Desde las más altas esferas del poder, se decidió combatir a la “subversión” (todo el que se oponga realmente al sistema dominante) sin importar los medios que se utilizara. Es ahora que algunos (unos cuantos) de esos graves delitos comienzan a ser juzgados en los Tribunales Internacionales. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó sentencia condenatoria en el caso de Rosendo Padilla Pacheco, sin que en la práctica se vea una voluntad efectiva de cambiar el sistema de impunidad que prevalece. En la misma línea, se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de las familias Gallangos y Goroztiola y se preparan varios más.
La actitud del gobierno en esta materia carece de seriedad. Fue indignante la postura que a su nombre tuvo Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, cuando sostuvo en Costa Rica, en una audiencia de la CIDH, que la desaparición forzada es un evento del pasado que ya no ocurre en México. Lo desmiente el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrido el 24 de mayo de 2007, en pleno gobierno panista.
Tres años de búsqueda
Como siempre acontece, han sido los familiares de Edmundo y Gabriel quienes más acciones despliegan para lograr su presentación. Constituyeron un Comité y se contactaron con otras agrupaciones de víctimas, para presionar al Estado y conseguir apoyo de la opinión pública.
Entre lo más relevante del caso, tenemos la recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dictó el 13 de febrero del 2009, que dice:
“Al secretario de Gobernación, en representación del Gobierno federal, al gobernador del Estado de Oaxaca y al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca,
Primera.- Realicen las gestiones necesarias para que sean presentados inmediatamente con vida los señores Edmundo reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, y en el supuesto de que éstos hayan incurrido en la comisión de alguna conducta antijurídica, sean puestos a disposición, de manera inmediata, ante la autoridad competente, a fin de que puedan hacer efectivos sus derechos de defensa previstos en la Constitución General de la República; o en caso contrario y con el mismo carácter que informen a esta Comisión la suerte final que corrieron ambas personas”.
Con toda la falta de credibilidad de ese organismo, cuya actuación en casos como el de doña Ernestina Ascencio fue fatal, en el tema que nos ocupa su intervención resultó importante. Sin embargo, esa recomendación no tuvo efecto alguno, pues el Estado (Federación, Estado y municipio de Oaxaca) simplemente no la aceptaron. Ulises Ruiz se da el lujo de declarar: “mi gobierno no tiene nada qué ver en esas desapariciones” (El Imparcial, 21 de mayo del 2010, página 1).
La tarea de la mediación
Con ese panorama, las tareas de la Comisión de Mediación entre el EPR y el Gobierno Federal (COMED) se deben enfilar a una labor efectiva. Para ello, hay que tener presente lo que fundamentalmente se busca: encontrar la verdad, contribuir al castigo de los culpables (intelectuales y materiales), y buscar la reparación del daño a los ofendidos (cuando ellos así lo decidan) y a la sociedad.
Para ello, hay que estrechar los lazos con las familias de los desaparecidos, para trabajar conjuntamente hacia el objetivo esencial: erradicar para siempre la desaparición forzada de personas. Asimismo, hay que buscar respaldo en los organismos nacionales e internacionales, en particular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que ha tenido una actitud abierta y solidaria.
Es enorme el reto, para hay que hacerle frente con determinación y firmeza. El objetivo vale la pena.
Fuente: Forum
Difusión: soberanía popular
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