Escrito por Dulce Maya
Domingo, 04 de Abril de 2010 00:00
CUERNAVACA. El Movimiento Social “El Barzón” y el denominado “Frente Consumidores”, pusieron en marcha una campaña para convencer a los diputados locales sobre las ventajas de la modificación del artículo 17 Constitucional para permitir denominadas “acciones colectivas”, una herramienta para enfrentar jurídicamente a los grandes corporativos que dominan la vida económica y política del país, frenar sus abusos y exigirles indemnización por daños causados.
Mediante la aprobación de estas modificaciones constitucionales, considerados como derechos humanos de tercera generación, los mexicanos podrán también demandar cuentas a las autoridades que actúan al margen de los ciudadanos.
Durante una visita a la entidad, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de El Barzón, una de las organizaciones del Frente Consumidores que impulsó el cambio constitucional, consideró urgente que los Congresos locales del país, aprueben esta iniciativa dado que “los derechos individuales ya resultan insuficientes”.
“Las acciones colectivas son derechos humanos de tercera generación que se ejercen casi en todo el mundo. Pueden aplicarse absolutamente para todo, no sólo para defender los derechos de consumidores y de usuarios de servicios financieros. Pueden aplicarse para problemas de medio ambiente, laborales, culturales, decisiones gubernamentales, gasto presupuestal e incluso para defender los derechos de pequeños accionistas de grandes empresas”, explicó en entrevista.
Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la creación de esta herramienta vía la modificación constitucional -que el Senado de la República los avaló en diciembre de 2009- ahora se requiere de la aprobación de más de la mitad de los Congresos estatales para ser promulgados.
Para ello, dijo, el Frente Consumidores ha creado comités estatales para convencer a los legisladores locales de votar a favor de la iniciativa, incluido Morelos.
Ramírez Cuéllar se congratuló de que esta vez los legisladores federales no hayan cedido ante los cabildeos y las presiones del sector privado porque la reforma que aprobaron no limita la aplicación de las acciones colectivas, empero advirtió que los corporativos intensificarán sus ataques para acotarla en la ley reglamentaria que deberá expedirse.
“Este es el punto fundamental. Nosotros sentimos una gran presión de los grupos empresariales porque quieren que las acciones colectivas estén tuteladas por organismos del Estado, como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef) y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), que decidirán si procede una acción colectiva.
Además, quieren limitarla a consumidores, usuarios de servicios financieros y para temas de medio ambiente. Eso es inaceptable”, indicó.
Para enfrentar el nuevo embate empresarial, Ramírez Cuéllar aseguró que la variedad de temas en los que pueden aplicarse las acciones colectivas permitirá a El Barzón, el Poder del Consumidor, Oxfam y Al Consumidor –integrantes de Consumidores– aliarse con organizaciones sindicales, de derechos humanos, ambientales y culturales.
Prueba de lo anterior es que durante la primera Convención Nacional de Consumidores, efectuada el pasado 13 de marzo, acudieron representantes de organizaciones ecologistas, de comunidades indígenas y campesinas e incluso padres de los niños que perecieron en el incendio de la guardería ABC.
Fuente: La Jornada de Morelos
Difusión: Soberanía Popular
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