Declaratoria de la 27 Reunión Ampliada del Congreso Nacional Indígena
Señalan casos de hostigamiento y asesinatos, entre otras medidas de la federación, para presionarlos
CHRISTIAN HERNÁNDEZ
Los pueblos indígenas integrados en la 27 Reunión Ampliada del Congreso Nacional Indígena en la Región Centro Pacífico denunciaron que el Estado mexicano, “con la participación de todos los partidos políticos”, han modificado la Constitución y aprobado leyes para que las grandes empresas exploten la riqueza de la tierra, “y la apropiación de todo lo que se guarda en ella, como el agua, manantiales, lagunas, arroyos, ojos de aguas, ríos, los cerros, nuestras plantas, animales, montes, costas, minerales, aire, lluvia, islas, nuestro maíz y nuestros saberes, danzas, ceremonias, música, lengua, vestimenta y peregrinaciones”.
En la declaratoria de esa reunión –realizada el 28 de marzo pasado en la comunidad autónoma wixárika de Uweni Muyewi, en Durango–, los pueblos wixárika, cora, odam, coca, nahua, purépecha, triqui, ñahñu, tzotzil y mixteco de los estados de Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, México, Distrito Federal, San Luis Potosí, Chiapas, Puebla, Guerrero y Tlaxcala, denunciaron una decena de casos de hostigamiento, asesinatos, visos de militarización, encarcelamientos, amenazas y despojos en su contra, mismos que quedaron constatados en la declaratoria.
En consecuencia a sus denuncias, emitieron un posicionamiento que consta de 17 puntos, en los que destaca su rechazo a la imposición por parte del gobierno mexicano y las grandes empresas trasnacionales de diversos proyectos carreteros, turísticos, inmobiliarios, mineros, agroindustriales, de plantación de semillas transgénicas, de construcción de presas y campos eólicos en todos los territorios de sus pueblos, por lo que advirtieron que, con base en los derechos que les corresponden y al ejercicio de la autodefensa indígena, impedirán la ejecución de dichos proyectos en las tierras de sus pueblos.
Por otro lado, hicieron un llamado a todos los pueblos indígenas del país a participar los días 3 y 4 de mayo en la Jornada Nacional de Lucha por la Libertad de los Presos Políticos convocada por la Red Contra la Represión y La Otra Campaña. De igual forma, se deslindaron de cualquier intento de “rearticulación” del movimiento indígena nacional que provenga de personas y organizaciones insertadas en los gobiernos federal o estatales, como es el caso de la convocatoria para realizar un congreso indígena para el día 10 de abril del presente año en la ciudad de México, “manifestando que defenderemos a todo trance la autonomía e independencia del movimiento indígena y del Congreso Nacional Indígena con respecto a cualesquier gobierno y los partidos políticos”.
Michoacán
En el caso específico de la entidad, denunciaron hostigamiento en contra de los comuneros nahuas de Santa María de Ostula, así como la desaparición de Gerardo Vera y Javier Martínez Robles, este último regidor del Ayuntamiento de Aquila, quienes el pasado 24 de febrero fueron secuestrados por un grupo fuertemente armado sin que hasta la fecha se conozca su paradero. Sobre este caso, aseguraron que fue cometido por un grupo paramilitar con la finalidad de frenar la lucha de Ostula por el rescate de sus tierras.
Asimismo, denunciaron que en recientes días, habitantes de esa comunidad han sido perseguidos y amenazados por grupos armados ligados al crimen organizado “sin que el gobierno haga nada”.
Las autoridades y representantes de pueblos indígenas presentes en la reunión se pronunciaron por “el respeto a la totalidad de las tierras pertenecientes a la comunidad indígena de Ostula, incluido el paraje conocido como Xayakalan, así como el respeto a la policía comunitaria y guardia comunal del pueblo nahua de la Costa de Michoacán.
En otro de los puntos del posicionamiento manifestaron su rechazo a la elaboración de iniciativas de leyes indígenas estatales en Chiapas, Sonora, Puebla, Michoacán y el Distrito Federal, “que violan los derechos que el convenio numero 169 de la OIT establece a favor de nuestros pueblos y reiteramos que seguiremos aplicando los acuerdos de San Andrés por la vía de los hechos, sin reconocer la contrarreforma constitucional en materia indígena del año 2001 y las distintas leyes que en dicha materia se han aprobado a nivel federal y en los estados”.
Fuente: La Jornada de Michoacán
Difusión: soberanía Popular
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