Escrito por ROLANDO CORDERA CAMPOS
Domingo, 31 de Enero de 2010 00:00
La democracia es una inmensa experiencia humana. Está ligada a la búsqueda histórica de libertad, justicia y progreso material y espiritual. Por eso es una experiencia permanentemente inconclusa.[1]
El XX fue un siglo de intensas disputas en torno a la cuestión democrática. En la primera mitad del siglo, el debate se centró en la democracia como forma de organización deseable y, en la segunda mitad del mismo, en torno a las pre-condiciones estructurales de la democracia, principalmente. Podría decirse que en la segunda postguerra, estos debates fueron resueltos en favor de la “deseabilidad” de la democracia.
Sin embargo, a medida que avanzó la reconstrucción del mundo ahora en clave biopolar pero con la emergencia impetuosa del mundo en desarrollo, que se autodenominó como un “tercer mundo”, se amplió y profundizó la discusión sobre la compatibilidad o incompatibilidad entre la democracia y el capitalismo, así como entre ambos y el desarrollo económico y social reclamado por la mayoría del planeta como un derecho universal. De nuevo, podemos proponer que este debate fue ganado por la democracia, que además se asentaba en la expansión de los diversos “estados de bienestar” que ofrecían rutas creíbles de expansión de los derechos sociales que fueron entendidos como la plataforma de una ciudadanía también en expansión que iría de su dimensión política y civil a configurarse como una ciudadanía social.
Como ocurrió en los albores del capitalismo, el mundo de hoy ha vivido desde el último cuarto de siglo una gran convulsión estructural y cultural. Para algunos, se ha tratado de una “gran transformación”, como la que estudiara Karl Polanyi, pero que ahora a nivel global tendría como propósito central la implantación de un mercado mundial unificado y la universalización de la democracia representativa como forma también única de gobierno.
Se conjuntarían así, en lo que podría llamarse un nuevo régimen, dos grandes tendencias que cruzaron el planeta en el último tercio del siglo XX: la tercer ola de la democracia, impulsada con intensidad al fin del régimen bipolar y del desplome del sistema soviético, y la globalización de los mercados, que había irrumpido a partir de los años setenta, al calor de la erosión del orden de Bretton Woods, provocada unilateralmente por el gobierno del presidente Nixon y, después, por las varias crisis petroleras de aquel periodo.
Contrariamente a la propaganda y la ideología globalista que tomó cuerpo en la última década del segundo milenio, el proceso democratizador y la globalización económica y cultural no fueron tersos y más bien se abrieron paso a través de crisis económicas y financieras de gran calado y fuerza destructiva, así como de momentos disruptivos en los sistemas políticos que buscaban constituir un orden democrático propiamente dicho sin conseguirlo del todo. Así, en vez de una globalización en armonía con la democratización generalizada, se han encarado transiciones difíciles y esquivas o la emergencia de convocatorias e iniciativas que pretenden conjugar la participación popular en viejos o novedosos formatos, con el canon de la democracia representativa que en muchos casos apenas ha iniciado su naturalización en diversos países.
En México y América Latina se ha vivido con particular intensidad la interiorización de los dos procesos señalados. Puede decirse que en toda la región, salvo en Cuba, se registran diversas maneras de entender y administrar la democracia, aunque prácticamente en todos los casos se mantenga el canon representativo, la división de poderes y varias maneras de presidencialismo. También, en prácticamente todos los casos se dan aperturas externas “no coyunturales” al comercio y la inversión foráneos, así como acomodos subversivos al cambio mundial globalizador a través de la migración masiva que recorre y marca a todo el continente.
La globalización codificada por el verbo neoliberal y el Consenso de Washington fue recibida por las elites latinoamericanas con una “extraño sentido de pertenencia”, pero la pobreza de masas y la desigualdad mostraron una firme insensibilidad al cambio político a la democracia y al cambio económico hacia la globalidad. Podría afirmarse que, no obstante los programas contra la pobreza desplegados en toda la región, los sistemas políticos democráticos y la cultura de los grupos dominantes y dirigentes han mostrado una aguda inelasticidad ante la cuestión social que va más allá de las enormes cuotas de pobreza que dejaron las crisis y los ajustes de los años ochenta y las aperturas de fin de siglo.
En los primeros años del nuevo milenio, América Latina experimentó un auge económico singular, proveniente de una portentosa demanda de materias primas y alimentos, que fortaleció sus finanzas públicas, aumentó el empleo y el nivel de vida general de las poblaciones. Con el auge, se pensaba, el desafío de la cuestión social agravada por las crisis financieras y la propia globalización, parecía haberse modulado, y se llegó a plantear que la combinación democracia-globalización habría dejado atrás su punto de inflexión para convertirse en una nueva trayectoria histórica de evolución hacia un nuevo orden político y una nueva economía política. Con la crisis actual, es menester revisar esos fundamentos y volver a pasar revista a las condiciones generales y estructurales para un satisfactorio funcionamiento de las democracias.
Actualmente las democracias latinoamericanas se encuentran en un proceso de profundos cambios. Uno de los motivos fundamentales es la creciente importancia política de la cuestión social, a la que no se le han encontrado, hasta el momento, respuestas adecuadas. Con la crisis global, las tensiones entre democracia, economía y sociedad, advertidas en su oportunidad por el PNUD en su estudio sobre la democracia en América Latina (2004), han renacido pero los sistemas políticos se mantienen abiertos y articulados por el convenio democrático.
El dilema económico tradicional, sin embargo, entre eficiencia y equidad no ha sido modulado satisfactoriamente, debido a la falta de dinamismo económico sostenido; tampoco puede decirse que el problema económico fundamental de asegurar la subsistencia y reproducción de las sociedades haya sido dejado atrás o se esté en el camino de hacerlo. Lo que priva hoy es una carencia de empleos y dificultades eminentes para crearlos y sostenerlos, mientras que la desigualdad económica y social, cultural y étnica, recoge índices muy altos y afecta a una cohesión social previamente afectada por el empobrecimiento masivo de fin de siglo y las oscilaciones y la incertidumbre auspiciadas por la crisis presente.
Puede proponerse que la desigualdad es el fenómeno central del drama social mexicano y latinoamericano, mientras que la pobreza se mantiene dependiente en alto grado del ciclo económico pero a la vez mediada por las varias estrategias y políticas diseñadas en la región para paliarla y en casos superarla de modo consistente. A pesar de que se evalúa como exitoso el proceso de recuperación democrática en América Latina, la deuda social es considerable, como lo muestran las cifras básicas sobre pobreza y desigualdad.
De cualquier modo, tanto la carencia socioeconómica masiva en sus diferentes categorías, como la persistencia de una desigualdad social concentrada ahora en grandes y medianas urbes, donde se ventila lo central de la política plural, se dan la mano para cuestionar el discurso democrático y su propuesta de ciudadanía en expansión. No son sólo los gobiernos emergidos del pluralismo los que encaran cotidianamente este reclamo a la democracia desde las bases de la sociedad; es la democracia misma la que se ve sometida a críticas de fondo y a conjeturas racionales en cuanto a su capacidad como sistema ordenador de la política para dar lugar al surgimiento de un orden estatal incluyente y comprometido con la cohesión social a través de intervenciones redistributivas portadoras de nuevos esquemas y diseños institucionales creíbles y sustentables.
El discurso igualitario de la democracia representativa es impelido a ir más allá de las urnas y de la dimensión procesal y electoral, para darle alguna materialidad a la extensión lógica de ese discurso que las sociedades hacen hacia una cuestión social cada vez más compleja y aguda.
En la actualidad, América Latina es el continente más desigual del mundo. Poco menos del 44% de la población latinoamericana, unos 225 millones de personas vive en situación de pobreza; y la desigualdad no es solo por las disparidades en los ingresos, sino también por las que ocurren en el acceso a bienes elementales como educación, salud, energía y telecomunicaciones (Cepal 2007).
Desde esta plataforma material de requerimientos básicos para la existencia surge la pertinencia de preguntarse por el futuro de la referida tensión entre democracia y desigualdad. Esta pregunta debería inscribirse en la perspectiva de remontar la desigualdad mediante intervenciones y estrategias del Estado que eviten que esta disonancia sistémica y propia de todo régimen capitalista se convierta en confrontación y juegos de suma cero que, a su vez, pongan en riesgo la estabilidad social y política mínimas requeridas por la economía globalizada para dar lugar a dinámicas y mudanzas estructurales sustentables. Una pregunta más en este sentido sería: ¿Dónde queda la deseabilidad de la democracia, postulada como una condición estructural para el desarrollo globalizado?
La realidad actual nos pone frente a la misma problemática y dilemas que encararon los pensadores de principios del siglo XIX. Como postulara Polanyi: el cambio es inevitable; lo que está por verse es la capacidad del Estado para modularlo y evitar o atenuar sus pulsiones disruptivas y destructivas del orden social y de la naturaleza misma.
Con la globalización de la economía y de la democracia, este reto se ha vuelto aún más agudo que cuando el mundo salía de la Segunda Guerra y se aprestaba a reconstruir los sistema político-económicos que las crisis, la guerra y los totalitarismos habían corroído brutalmente, Hoy, este desafío se ve potenciado por los tamaños de las poblaciones, su ingente urbanización y las convulsiones naturales y sociales que acarrea el cambio climático.
La profundidad del cambio estructural, así como su intensidad y velocidad impulsadas por el portentoso cambio tecnológico de nuestra época, son portadoras de escenarios ominosos de desarticulación social, sin que se tenga enfrente el horizonte de guerras mayores entre estados, como ocurrió en el siglo pasado. Tras décadas de la recuperación de la democracia, la mayor participación política no se ha traducido en participación social.
La primera generación de latinoamericanos que ha alcanzado la mayoría de edad en las democracias vigentes, prácticamente no ha experimentado crecimiento del ingreso per cápita y se registran disparidades sin precedentes en la distribución del ingreso nacional. La conflictividad social empero, tiende a ser mayor, porque las distancias entre las clases y los grupos se han ensanchado pero a la vez se vuelven más visibles gracias a la concentración demográfica y menos tolerables, gracias al avance y realización parcial del reclamo democrático.
Tenemos así una cada vez más delicada relación entre la ciudadanía y el Estado, dada la relativa pero en muchos casos creciente incapacidad de éste para ofrecer beneficios y/o sanciones. De esta situación, podríamos identificar tres áreas de investigación, vinculadas, primero, la necesidad de moderar e institucionalizar los conflictos políticos, con base en el conocimiento de la historia política de cada Estado, y la viabilidad de las políticas sociales.
Asimismo, habría que asumir la necesidad de repensar el rol y las capacidades del estado democrático en la globalización y frente a una ciudadanía y unas sociedades civiles renuentes a cooperar fiscal y productivamente pero a la vez exigentes de una provisión diversa de bienes públicos potenciada por la comunicación globalizada.En esta perspectiva, la noción de “ciudadanía global” desafía las formas tradicionales de abordar desde el Estado la cuestión de las relaciones institucionales entre los actores sociales y políticos.
A la vez, tendría que recogerse la necesidad de responder a las desigualdades que amenazan no sólo a la democracia sino a la viabilidad económica misma, mediante la reelaboración de instrumentos eficaces de política social (Cf. Democratic Governance & Social Inequality. Edited by Joseph Tulchin, with Amelia Brown. Lynne Rienner Publishers, Boulder Co. The Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D.C. 2002).
Estas áreas problemáticas nos refieren a un cambio en la relación entre el Estado Social y la Ciudadanía, cuya necesidad tendría que ser sustentada. Quizá, uno de estos cambios deba ser la reelaboración del “contrato social” en concordancia con las circunstancias actuales. Los países industrializados rediscuten el camino al Estado de Bienestar expuesto por T.H. Marshall, mientras que los países en desarrollo insisten en sustentar sus expectativas en el crecimiento económico como condición necesaria para un desarrollo con equidad.
En su momento, Marshall introdujo la discusión acerca del rol del Estado y aclaraba que no sólo era responsable del orden público, sino también un “liberador” y materializador de los derechos que la ciudadanía en expansión había hecho posibles. Linealmente, esta misión encara poderosos argumentos e intereses que cuestionan su viabilidad.
Entonces, ¿Qué tipo de Estado puede surgir? y ¿cuáles serán las implicaciones para la democracia y la política social? La idea de sociedad civil se plantea como un tema clave en la búsqueda de una mayor libertad e igualdad social. Así, ¿Qué tipo de capacidad estatal requiere un modelo alternativo de desarrollo? ¿Cuáles serían las implicaciones para la democracia? ¿Cuál es el potencial y las limitaciones del papel de la sociedad civil para asegurar no sólo la democracia sino la reducción de la pobreza y la desigualdad?
[1] El desarrollo de la democracia en América Latina. UNDP
*Texto elaborado para su presentación en el seminario “Democracia, paz y derechos. Ejes de un pensamiento ilustrado. En el centenario del nacimiento de Norberto Bobbio”. Organizadores: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Tribunal Electoral del Distrito Federal, Instituto Electoral del Distrito Federal, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Instituto Italiano de Cultura y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2, 3 y 4 de febrero de 2010.
Fuente: La Jornada de Morelos
Difusión: Soberanía Popular
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