No hay voluntad política del gobernador para resolver asesinato de Chavarría, critica
Fuente: La Jornada de Guerrero
REDACCIÓN
Irracional y bárbara fue la agresión contra los integrantes del PRD quienes se manifestaron afuera de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para pedir informes sobre la investigación del asesinato del ex diputado local Armando Chavarría Barrera y otros luchadores sociales, reprochó el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
El jueves pasado, unos 30 perredistas acudieron a la PGJE a una audiencia que tenían pactada con el encargado de despacho, Albertico Guinto Sierra; sin embargo, fueron recibidos a golpes por policías ministeriales y antimotines.
Estos hechos fueron calificados por Barrera Hernández como lo más “deleznable de un gobierno que no dialoga ni escucha a los ciudadanos, sino que amenaza y golpea a los que se manifiestan públicamente”.
Acusó que en Guerrero gobierna la sinrazón y se impone la ley de los empistolados, repitiéndose la historia de los policías judiciales al servicio de los caciques para amedrentar y matar y proteger al patrón e intereses mafiosos.
Recordó que el gobierno de Zeferino Torreblanca, desde su inicio, renunció al diálogo con el pueblo y con los que piensan diferente y los etiquetó como lucradores sociales, judicializando la lucha social y recriminando durante los primeros tres años a 215 luchadores sociales, por atreverse a reclamar educación, vivienda, salud y justicia.
“Los actos represivos contra los manifestantes no son hechos fortuitos, ni aislados de los cuerpos de seguridad, sino que son expresiones de la política represiva del Estado, diseñadas en las más altas esferas del poder y con esta represión queda al descubierto que no hay voluntad política del gobernador para esclarecer los crímenes políticos y de lesa humanidad”, criticó.
Barrera Hernández insistió en que la “insensibilidad y prepotencia” de los cuerpos de seguridad es el mensaje “más burdo” de un gobierno impune que ordena a policías a actuar con violencia contra los que se manifiestan por el esclarecimiento de Chavarría Barrera y consideró que esa agresión “es un claro pretexto para ocultar la información sobre el avance en las investigaciones” de todos los asesinatos ocurridos en el estado.
Por ello, exigió que cesen la persecución y asesinato de dirigentes sociales y políticos; que se agilicen las investigaciones de lasejecuciones contra luchadores sociales, periodistas y líderes políticos, a fin de ubicar y sancionar a los responsables; el respeto a la libertad de manifestación así como la designación inmediata del nuevo procurador de Justicia.
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