Según cifras oficiales, en 32 meses han muerto más de 14 mil mexicanos
Fuente: La Jornada de Michoacán
Michoacán se convirtió en el territorio preferido del Ejecutivo para desplegar su campaña
EDUARDO FERRER
Hace 32 meses, el presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico. El 11 de diciembre de 2006 comenzaba una ola de violencia que ha arrasado, hasta ahora, con la vida de más de 14 mil mexicanos sin que se haya logrado el propósito lógico: en vez de menguar, el consumo de drogas se ha duplicado o triplicado dependiendo de la sustancia. Pero el gobierno panista prefiere alardear la detención de 11 mil supuestos narcotraficantes, de los cuales, según los partidos de oposición, más del 80 por ciento son inocentes.
Las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército y la Policía Federal han sido denunciadas permanentemente por organismos nacionales e internacionales en la materia. Y el michoacano, un día sí y el otro también, hace alguna alusión a su guerra. Advierte que seguirá costando vidas, que la batalla será larga y que utilizará todos los recursos del Estado que tiene a su alcance para continuar con su lucha. Sin mayores elementos, dice que no perderá la partida.
Dentro de todo ese discurso inconexo con la realidad, el presupuesto de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como de la Procuraduría General de la República, se ha incrementado en un 60 por ciento durante el sexenio, que ya se ha convertido en la época más violenta desde la Revolución Mexicana, mientras el país se hunde en la crisis económica más severa de los últimos tres decenios. Un distractor costoso pero efectivo.
De forma paralela, Michoacán ha tenido que sufrir una mutación política, social y económica desde aquel día de diciembre. Un gobierno cercenado y una población temerosa de lo que pueda sufrir a manos del poder –formal y fáctico–, representan dos ejemplos atroces de lo que sucede cuando se tiene que permanecer en medio, inerme en un intercambio de fuerzas.
Pero la embestida en contra de la entidad comenzó mucho antes de que Calderón decidiera colocarse la chaqueta militar. A finales de noviembre de 2006, los medios afines al panismo dedicaban este tipo de retratos a Michoacán: “el narcotráfico ha impuesto su ley ahí”; “en todos los municipios (por lo menos 26) ocurren enfrentamientos y muertes violentas por la lucha entre los cárteles que buscan imponer su supremacía”; “se ha convertido en una zona ambicionada por tres organizaciones delictivas”; “se debe acotar la ola de ejecuciones en ese lugar”. Sólo son ejemplos de una estrategia bien orquestada.
Ese mantra se prolongó durante los meses siguientes. Calderón, consciente de que su propuesta de convertirse en el presidente del empleo sería difícil de cumplir, tenía que encontrar otra promesa que lo legitimara, sobre todo después de la sombra del fraude electoral que, si bien no le impidió llegar a Los Pinos, sí convulsionó al país.
Entonces, apenas 10 días después de que el panista tomara protesta en un dividido –como nunca– Palacio de San Lázaro, el entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, junto con los secretarios de Defensa, Marina, Seguridad y el ahora ex procurador general de Justicia, Eduardo Medina Mora, anunciaron el inicio de la Operación Conjunta Michoacán, que implicaba el despliegue de más de 5 mil efectivos en la entidad, con la encomienda de “sellar” las costas y carreteras para que los delincuentes no pudieran traficar enervantes, destruir plantíos, instalar puestos de control, realizar cateos y ejecutar órdenes de aprehensión.
Pero el matiz político-electoral que el gobierno en el poder le imprimiría a sus acciones no era contemplado aún. Inclusive el gobernador Lázaro Cárdenas Batel llegó a festejar los resultados que ya se hacían públicos: 10 mil detenidos en retenes sorpresa que fueron colocados en brechas y carreteras michoacanas. El perredista llegó a demandar que no se tratase de “medidas fugaces”.
2007
Calderón Hinojosa empezó el año vestido con chaqueta y gorra militar en el municipio de Apatzingán, rindiendo tributo a soldados, marinos y policías que, dijo, “han logrado detener el avance de la delincuencia”. Luego de desayunar, ordenó a 300 elementos no desfallecer en su tarea. Cárdenas Batel le dio las gracias “por las operaciones emprendidas contra el narcotráfico”.
Ese día –el número 34 de su mandato–, Calderón arribó al aeropuerto de Uruapan ataviado como militar y sostuvo su reunión número cinco con elementos castrenses. “Vengo hoy como comandante supremo a reconocer su trabajo, a exhortarlos a seguir adelante con firmeza, entrega y a decirles que estamos con ustedes. Mi gobierno está decidido a recuperar la paz en todo México, que está amenazado por el crimen organizado”. Luego de su mensaje de optimismo, remarcó que la tarea no sería fácil ni rápida, que tomaría mucho tiempo y “enormes recursos”, incluyendo vidas humanas.
El último día de ese mes, Human Rights Watch denunciaba por primera vez que en México los soldados estaban abusando de la ciudadanía mientras llevaban a cabo labores de policía. Asimismo, el organismo internacional criticó que el Ejecutivo actuara “en ausencia general de transparencia”.
Dos días después, el procurador Medina Mora salió a atajar los cuestionamientos, asegurando que las escenas de violencia que ya se estaban viviendo no eran otra cosa sino la manifestación del debilitamiento de la delincuencia organizada “por tratarse de la primera vez que se le combate de manera estratégica”. Además, afirmó que no existía ningún riesgo de que el Estado perdiera la guerra. El procurador aprovechó ese 2 de febrero para alertar que en Colombia el acoso en contra de Pablo Escobar derivó en terrorismo.
El 16 de septiembre, Calderón provocó una nueva polémica. Ese día, mientras presenciaba el desfile conmemorativo por el inicio de la Independencia desde el balcón de Palacio de Gobierno, presentó a sus dos pequeños hijos, Juan Pablo y Luis Felipe, ataviados con sendos uniformes militares, con todo e insignias que asemejaban los grados de mayor y teniente coronel, respectivamente.
Para cerrar el año, el Presupuesto de Egresos 2008 presentaba un incremento para la SSP, PGR, Sedena y Semar. La primera dependencia pasó de los 13 mil millones de pesos a los 19 mil; la segunda, de 9 mil a 9 mil 300 millones; la tercera, de 32 mil a 34 mil millones; la cuarta, de 10 mil a 13 mil millones de pesos. Lo dicho: la batalla será larga y se dispondrá de todos los recursos del Estado para continuarla.
Michoacán 2008
El escenario político apenas comenzaba a dibujarse. El perredista Leonel Godoy Rangel acababa de asumir la gubernatura, la segunda consecutiva que conseguía su partido. Las elecciones de noviembre arrojaron que 55 de las 113 alcaldías quedaban en manos del Revolucionario Institucional, 40 para el PRD, 13 para el PAN y el resto para el Verde Ecologista y la coalición PT-Convergencia.
La ola de ejecuciones continuaba; lo mismo ocurría con las detenciones y las violaciones a las garantías individuales. La presencia castrense y policiaca cada día era más común en las calles de toda la geografía estatal.
La guerra tenía dos frentes: la del gobierno contra el narcotráfico y la que protagonizaban los criminales entre sí por el control de la plaza, principalmente los cárteles conocidos como del Golfo y del Milenio. Sin embargo, en noviembre de 2006 surgió una nueva organización: La Familia.
Las ejecuciones se incrementaron y comenzaron las decapitaciones (17 durante los primeros meses de 2008). También empezaron a aparecer cartulinas con mensajes en cada escena del crimen. Pronto se convertirían en el cártel del sexenio y la muerte seguiría comportándose de manera caprichosa a pesar de las 20 mil detenciones que el gobierno federal ya presumía.
El 5 de julio, el Presidente le pidió a su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que atendiera los actos violentos que se registran “en mi tierra, donde hace mucha falta”.
De inmediato, el secretario de Gobernación, el ya extinto Juan Camilo Mouriño, atizó: “en esta lucha no existe para nosotros la derrota, pues ningún grupo criminal es capaz de resistir la fuerza del Estado. Se ha logrado dañar la estructura de bandas de narcotraficantes, a grado tal que plazas donde su presencia era muy significativa ha dejado de serlo y hoy ya no están bajo su control. Los resultados de la política (de Felipe Calderón) están a la vista, siendo la violencia, las guerras entre las mafias y las ejecuciones síntomas claros de que el crimen organizado se ha debilitado”.
La verborrea tuvo que ceder ante la realidad. Y lo hizo de la manera más sangrienta, desgarradora y dantesca que quizá nadie podía siquiera imaginar. La desgracia escogió a Morelia, la capital del estado natal de Calderón, cuna del perredismo y sí, una plaza codiciada tanto por la política como por la delincuencia.
La noche del 15 de septiembre todo cambió. Ocho personas murieron y 130 más quedaron lesionadas –muchos de por vida– a causa de dos granadas de fragmentación hechas estallar durante la celebración del Grito de la Independencia, una ceremonia de enaltecimiento a la libertad que se convirtió en hecatombe, en el primer atentado terrorista en la historia de México. En medio de la guerra quedaba inerte una población temerosa y un gobierno –en todos sus niveles– sin capacidad de reacción, sin capacidad para explicarles a los ciudadanos qué es lo estaba pasando. Mucho menos lo que estaba por acontecer.
“Es un acto terrorista, aunque todavía no sabemos quién lo realizó (...). Creemos que fue el crimen organizado, aunque esto es parte de las investigaciones que está realizando la Procuraduría General de la República. Habíamos recibido la amenaza de que en Lázaro Cárdenas y en Huetamo iba a haber un atentado la noche del Grito, y en Morelia hablaron del desfile y nos habíamos preparado para ello, para evitarlo, pero nunca creíamos que fuera una acción tan cobarde de atacar a personas inocentes”, sostuvo Leonel Godoy un día después de la tragedia.
Por su parte, Calderón seguía ensimismado en su discurso: “aquellos que pretenden infundirle temor a los mexicanos con sus acciones, se encontrarán con la fuerza del Estado para vencerlos. En este día que es de fiesta nacional, hay, sin embargo, cobardes escondidos en la multitud de los festejos patrios que han convertido el gozo en tristeza y la alegría de las familias mexicanas en luto”. A los asesinos que lanzaron las dos granadas de fragmentación les llamó “asesinos sin escrúpulos” y los tildó de “traidores a la patria”.
Pero hasta la fecha no hay claridad sobre las indagaciones. Ni el gobierno michoacano ni el Ayuntamiento moreliano saben con precisión qué es lo que ocurrió. La PGR, a un año de distancia, insiste en que las tres personas que detuvo días después son los únicos responsables, aunque sus familias insistan en lo contrario.
Los últimos meses
Sin vencer el trauma, la entidad tuvo que sumergirse en la dinámica electoral que marcaba el calendario 2009. El entonces presidente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, fue el primero en poner el tema sobre la mesa dos días después de asumir su cargo: “el PRI y el PRD deben corresponsabilizarse en la lucha contra la delincuencia. En Acción Nacional no optaremos por salidas falsas como pactar con delincuentes para buscar una paz simulada”.
Su homólogo estatal, Germán Tena Fernández, fue el encargado de aterrizar el debate a nivel local cuando empezó a hablar sobre la posibilidad de que alcaldes, candidatos, funcionarios estatales y municipales estuvieran coludidos con el crimen organizado. Si bien los dichos del líder del panismo en la entidad comenzaron después del 15 de septiembre, arreciaron conforme se acercaba el proceso electoral. “En Michoacán tenemos focos rojos”, alertaba.
En abril afirmó que los distritos de Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro eran “foquitos amarillos” que involucraban a los candidatos del PRI y del PRD con el narco. Tena Fernández nunca cedió en sus señalamientos, al grado de que en la víspera del operativo que concluyó con la detención de 30 funcionarios reiteró su exigencia de que se investigara a fondo a funcionarios estatales por sus supuestos vínculos con el crimen organizado.
El 26 de mayo se convirtió en otra fecha clave para entender el actual contexto michoacano. Ese día, 10 alcaldes y una veintena de funcionarios estatales y municipales fueron aprehendidos por la PGR acusados de proteger al narcotráfico. No hubo coordinación entre el estado y la federación, se violentó la soberanía estatal y se trató –por todos los medios– de poner en entredicho la capacidad y solvencia moral de la administración godoyista.
El mandatario respondió en tono enérgico, arropado por miles de perredistas, advirtiéndole a Calderón que no buscara socavar su administración con abusos de poder y de manera ilegítima. “Quiero decirlo con responsabilidad: si quieren gobernar Michoacán, que sea en las urnas donde se decida. ¡Qué bonito modelo nos quieren imponer, los méritos son para el gobierno panista y los fracasos y complicidades son de las entidades estatales y municipales que defienden su soberanía a decidir su propio destino”.
A pesar de todo, el partido del sol azteca mantuvo la hegemonía electoral. Sin embargo, la SSP –y no la PGR, como debía ocurrir– informó que el diputado electo del PRD por el distrito de Lázaro Cárdenas, Julio César Godoy Toscano, tenía una orden de aprehensión en su contra por formar parte de la estructura de una organización delincuencial. Al igual que en el resto de los casos, las acusaciones se sostienen en versiones de testigos protegidos que sí son delincuentes.
Un círculo que no se cierra
Con más dudas que certezas sobre todo lo acontecido y lo que está por venir, hoy se cumple un año de la sanguinaria noche de septiembre. Según deja entrever el gobierno en el poder su partido, las detenciones de funcionarios continuarán y la batalla contra la delincuencia no terminará, no mientras la residencia oficial de Los Pinos no cambie de habitante.
Hasta el mes pasado, el gobierno federal había logrado la detención de 11 mil 600 supuestos narcotraficantes; mil 130 son michoacanos y casi mil 400 de los estados de Chihuahua y Tamaulipas. Entre los grupos más tocados se ubican el cártel del Golfo, con 146 de sus integrantes encarcelados, por 113 de La Familia. En el conteo, muy lejos se ubica el resto de las bandas delictivas.
Pero el dato más escalofriante es el de las víctimas mortales: 14 mil 371, la mayoría de Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Guerrero y Michoacán. El 70 por ciento tenían entre 20 y 35 años de edad. Cada día se incrementa el número de menores de edad y de mujeres asesinados. La mayoría eran narcomenudistas que, al no encontrar otra manera de sobrevivir, optaron por engrosar las filas de la delincuencia a cambio de una paga que oscila entre los 3 mil y los 8 mil pesos mensuales.
Sobre todo esto, el escritor Carlos Fuentes reflexionó: “la solución es elevar la calidad de vida de los mexicanos, esa es la fórmula para evitar crímenes. Calderón decidió meterse con todos, a ver cómo le va. Es una guerra de todos contra todos, que no tiene rumbo”.
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