Fuente: La Jornada de Zacatecas
• Palabra de Antígona
Redacción
Sara Lovera
Carmen Santiago Hernández, una joven periodista de 35 años quien decidió terminar su relación con Ramón Rubén Mora Peralta, profesor de Educación Física, fue castigada con dureza, golpeada hasta la saciedad el 25 de julio, por ese individuo. Su vida peligra.
El diagnóstico: traumatismo craneoencefálico y edema, que produjo infarto cerebral y desprendimiento de masa encefálica. Al momento de escribir estas líneas, Carmen está en coma inducida para ver si logra reaccionar y vivir.
Ramón Rubén Mora Peralta, detenido tardíamente por el Ministerio Público, investigado a bote pronto, fue liberado a las 5 de la tarde el viernes 7 de agosto bajo fianza de 80 mil pesos. La investigación, elaborada en 72 horas, cumplió rigurosamente con el término constitucional, pero estuvo torcida.
Eso vale para las autoridades policiacas de Guerrero la vida de Carmen Santiago; el presidente municipal de Chilpancingo, Héctor Astudillo Flores, le extendió al delincuente una carta de hombre pobre y de 120 le bajaron a 80 mil pesos esa fianza.
Los motivos de la liberación de Mora Peralta son indignantes. En Guerrero, lesiones graves, privación ilegal de la libertad y no cuidados a la salud en momentos de una vida en peligro no son delitos graves, por tanto, quien los comete tiene derecho a fianza. Para el caso tampoco existe el arraigo.
Es decir, en Guerrero no se protege a las personas de los atentados de homicidio, no se investigan los hechos a fondo y no se considera el tamaño de la violencia contra las mujeres, a pesar de los discursos, la firma de acuerdos, los millones de pesos invertidos en promover, extender, ampliar, diagnosticar leyes y alertas. Nada sirve si debajo de tan preciosos deseos hay fango, corrupción, indolencia, machismo e indiferencia social y gubernamental.
Mientras el golpeador era liberado, el gobernador, en ceremonia espléndida en Acapulco, celebraba la firma de un acuerdo por la Igualdad de las Mujeres y los Hombres, acuerdos que promueve por toda la República el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), de modo que quede claro, que aquí no hay discriminación.
Mientras Carmen era sometida al coma inducido, en Acapulco, ese primigenio y conocidísimo centro de diversión se departía felizmente porque el estado de Guerrero se suma a la igualdad entre hombres y mujeres. En Guerrero, donde el feminicidio no es grave, donde golpes que te pueden llevar la vida no son graves, en fin.
Lo más grave es que Carmen Santiago Hernández es empleada de la dirección de Comunicación Social del gobierno de Zeferino Torreblanca y él fue informado de los hechos muchos días antes de la fiesta en Acapulco.
No obstante, nadie vigiló que se cumpliera simplemente con la ley, con el derecho: ser atendida en el ISSSTE, contar con la seguridad hospitalaria y hacer una limpia y profunda investigación policiaca.
Por el contrario, Mora Peralta, su ex pareja, pudo manipular la situación. Sacó a Carmen del hospital en complicidad con el director del ISSSTE de Guerrero para ocultar su brutalidad.
La retuvo en una casa, sin atenderla, en horas preciosas para la vida de Carmen y sólo por la intervención de sus colegas periodistas fue rescatada y enviada a un hospital de tercer nivel de la ciudad de México. En tanto, se hacían averiguaciones judiciales, lentas y tortuosas.
La fiscal especializada para la Investigación de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, Dominga Chávez Pineda, a pesar de las charlas, los talleres, su segura convicción sobre los derechos de las mujeres, no pudo elaborar un expediente ligado a los convenios y convenciones internacionales.
Tales contextos obligan al estado de Guerrero a enviar a un juicio sin libertad al victimario, con todas las garantías, pero con el probable culpable ahí, físicamente presente, para ser juzgado.
Ahora ya que ni la Fiscalía ni la Secretaría de la Mujer pudieron, Mora Peralta formalmente tendrá un juicio en libertad. Todas y todos sabemos que muy pronto se dará a conocer que se dio a la fuga y que los tribunales solamente acumularán el expediente en su voluminoso archivo de pendientes sin solución.
La vida de Carmen, de su pequeño hijo de 5 años –ahora en custodia– el abandono de su padre anciano y enfermo de quien ella es la responsable y estuvo más de 12 días sin cuidados estatales porque dijeron no hay lugar en el Sistema para el DIF ni en alguna otra parte, penden de un hilo.
Como la de ella, miles. De todas las que no nos enteramos, de los pasillos burocráticos, indiferentes y sin vigilancia, de una justicia de género que solamente está en los discursos, las agendas, foros o presupuestos –siempre ínfimos– estatales, federales e internacionales, sin resultado.
Yo me pregunto qué hacen las autoridades de género, los institutos, las fiscalías, las investigaciones millonarias, los recursos para enderezar a policías y jueces que manejan los institutos de las mujeres, que reparten “talleres” como hace años; se trata de números, porque se realiza al ahí se va, sin información, sin profundidad, sin seguimiento, sin verdadera convicción.
Durante años deseamos muchas leyes y muchas instituciones. Diagnosticamos la violencia contra las mujeres, elaboramos perfiles y todavía una Secretaría, la primera, la única, de la Mujer en Guerrero.
Lo que hay en la actualidad es una fiscal sin formación ni convicción necesaria, genérica; un grupo de aguerridas feministas en Guerrero, sin capacidad de alianza y cercanía para lograr la defensa de las mujeres; un gremio, el periodístico, que dio toda su solidaridad e invirtió todo su empeño.
Un esquema doloroso, porque el caso de Carmen no es único y los estudios e investigaciones no son referentes para las políticas públicas ni les importa a los políticos misóginos; se trata sólo de simular, de firmar convenios y convenciones, pero no de hacer justicia.
Si otra cosa fuera el caso de Carmen, no sería tan tremendamente insultante y gigantesco para nuestra inteligencia. Nos tendría que llevar a revisar dónde estamos, qué hacemos respecto a la violencia contra las mujeres.
Tendríamos que ir a exigir que cese el contenido vil de los medios de comunicación, pero ahí, donde se discute la ley, donde los prohombres y mujeres preocupados por la libertad de expresión, son también omisos y misóginos, aún ven a las mujeres como madres y prostitutas, no como lo que valemos.
Tendríamos que revisar los millones invertidos en espots que no borran todo lo que está atrás. Las legisladoras tendrían que dejar de hacer tanto tango y buscar simplemente que las leyes nacional e internacional se cumplan; tendríamos que invertir los millones en cosas concretas, en vigilar y formar, no “tallerear” al personal.
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