Documentan caso de infante indígena fallecido en campo agrícola
La Jornada de Guerrero
CITLAL GILES SANCHEZ
Durante la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el centro de derechos humanos Tlachinollan documentó el caso de Ismael Santos, un niño migrante originario de Tlapa, que murió en los surcos de un campo agrícola en Sinaloa.
En México existen 3.6 millones de niñas y niños de entre cinco y 17 años que tienen que trabajar; un millón 116 mil, es decir, 31 por ciento, son menores de 14 años y de estos, una tercera parte son niñas, revelaron organizaciones sociales durante la celebración de este viernes.
“Es evidente la doble y triple jornada que cumplirán el resto de su vida, pues más de la mitad de las niñas, además de estar ocupadas, realizan quehaceres domésticos y estudian; la situación de las niñas trabajadoras es condenable y representa un daño irreversible, es en síntesis un crimen que debe ser erradicado y sancionado”, criticaron.
Entre las organizaciones que participaron en dicho acto está, Tlachinollan, organización que documentó el caso de Ismael Santos, de un año con ocho meses, quien acompañaba a sus padres mientras hacían trabajos en los surcos de un campo agrícola en el estado de Sinaloa.
Ismael Santos, originario de la comunidad me’phaa Santa María Tonaya, municipio de Tlapa, murió el sábado 7 de febrero de este año, luego de que fue aplastado por las llantas de un camión en un campo donde sus padres se vieron obligados a tenerlo, ante la falta de una guardería, narró en su momento Tlachinollan.
La muerte del pequeño se suma a cuatro fallecimientos de niños de esa región del estado en los últimos dos años.
Por tal motivo, exigieron al gobierno, empresarios y sociedad respetar las obligaciones y derechos adquiridos en junio de 1999, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el Convenio 182, prohibió el trabajo infantil y desde entonces promueve la acción inmediata para su eliminación.
Actualmente dos de cada tres niños y niñas que trabajan lo hacen sin pago y tienen una tasa de inasistencia escolar de 29 puntos, superior con respecto de quienes no trabajan, por lo que las 61 organizaciones firmantes exigieron de manera urgente a las autoridades que asignen recursos para erradicar la explotación infantil y brinden atención prioritaria a la educación que permita la permanencia en la escuela y establezca medidas adecuadas que garanticen el cumplimiento y la protección de los derechos de las niñas y los niños.
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