El secretario estatal desdeña resoluciones de la CIDH ante amenazas de muerte
Fuente: La Jornada de Guerrero
No se puede cuidar a unos cuantos; todos querrían lo mismo, pretexta Ramírez Ramos
Las peticiones de las organizaciones sociales van más allá “de lo lógico y lo normal”
MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 22 de abril. El secretario de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, minimizó la denuncia que hicieron organizaciones sociales respecto a la criminalización del gobierno estatal contra los organismos defensores de los derechos humanos, y señaló que no se puede proteger a unos cuántos ciudadanos, en alusión a organizaciones como la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), porque todos los guerrerenses reclamarían lo mismo.
Lo anterior con relación a la resolución que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dirigida al gobierno del Guerrero y de México, para que brinden protección a los integrantes de la OPIM, a los familiares de los dirigentes asesinados de la OFPM, y a los integrantes del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, porque las amenazas de muerte contra ellos han aumentado.
Aceptó que conoce de las amenazas hacia los integrantes de las organizaciones, porque ellos mismos han solicitado vigilancia especial, no obstante, dijo que no se puede brindar protección a todos “porque es un cúmulo de peticiones que van más allá inclusive de lo lógico y lo normal, es una situación de distinción y en una presunción no habría capacidad para todos”.
En conferencia de prensa, el secretario estatal comentó que se ha reunido con representantes del gobierno federal para discutir esos casos, incluso comentó que el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo está en la mejor disposición de brindar protección, pero “hasta donde la ley y la norma indiquen”.
Insistió en que este caso le interesa sobremanera resolver, aunque nunca ofreció las garantías que las organizaciones piden para seguir con su labor.
Incluso la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) han exigido medidas cautelares para los defensores de los derechos humanos, pero la indiferencia de las autoridades ha causado más agresiones, y uno de los puntos más altos fue el caso de los dirigentes mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, secuestrados, torturados y asesinados en febrero.
El funcionario insistió en que no sólo las organizaciones sociales tienen derecho a la protección.
Del caso de los na savi Lucas y Ponce, comentó que sólo existe un avance en cuanto situaciones técnicas de la investigación, pero no hay señalamientos directos para el esclarecimiento de los hechos.
Acerca de la exigencia de la CIDH durante el Foro internacional sobre la criminalización de los defensores de derechos humanos y de la protesta social, celebrado en esta capital, para resolver los casos de los na savi, Ramírez Ramos contestó que hay un proceso y método para ver si son ciertos o no los señalamientos que se han hecho respecto a este crimen.
Fuente: La Jornada de Guerrero
No se puede cuidar a unos cuantos; todos querrían lo mismo, pretexta Ramírez Ramos
Las peticiones de las organizaciones sociales van más allá “de lo lógico y lo normal”
MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 22 de abril. El secretario de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, minimizó la denuncia que hicieron organizaciones sociales respecto a la criminalización del gobierno estatal contra los organismos defensores de los derechos humanos, y señaló que no se puede proteger a unos cuántos ciudadanos, en alusión a organizaciones como la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), porque todos los guerrerenses reclamarían lo mismo.
Lo anterior con relación a la resolución que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dirigida al gobierno del Guerrero y de México, para que brinden protección a los integrantes de la OPIM, a los familiares de los dirigentes asesinados de la OFPM, y a los integrantes del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, porque las amenazas de muerte contra ellos han aumentado.
Aceptó que conoce de las amenazas hacia los integrantes de las organizaciones, porque ellos mismos han solicitado vigilancia especial, no obstante, dijo que no se puede brindar protección a todos “porque es un cúmulo de peticiones que van más allá inclusive de lo lógico y lo normal, es una situación de distinción y en una presunción no habría capacidad para todos”.
En conferencia de prensa, el secretario estatal comentó que se ha reunido con representantes del gobierno federal para discutir esos casos, incluso comentó que el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo está en la mejor disposición de brindar protección, pero “hasta donde la ley y la norma indiquen”.
Insistió en que este caso le interesa sobremanera resolver, aunque nunca ofreció las garantías que las organizaciones piden para seguir con su labor.
Incluso la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) han exigido medidas cautelares para los defensores de los derechos humanos, pero la indiferencia de las autoridades ha causado más agresiones, y uno de los puntos más altos fue el caso de los dirigentes mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, secuestrados, torturados y asesinados en febrero.
El funcionario insistió en que no sólo las organizaciones sociales tienen derecho a la protección.
Del caso de los na savi Lucas y Ponce, comentó que sólo existe un avance en cuanto situaciones técnicas de la investigación, pero no hay señalamientos directos para el esclarecimiento de los hechos.
Acerca de la exigencia de la CIDH durante el Foro internacional sobre la criminalización de los defensores de derechos humanos y de la protesta social, celebrado en esta capital, para resolver los casos de los na savi, Ramírez Ramos contestó que hay un proceso y método para ver si son ciertos o no los señalamientos que se han hecho respecto a este crimen.
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