martes, 10 de marzo de 2009

Se inconforma comunidad wixárika por la reactivación de obras en carretera

No hay autorización para el cambio de uso de suelo, el resolutivo de la asamblea


Los wixaritari de Tuapurie enviaron documento a la Semarnat y, próximamente, a Profepa

RAUL TORRES

Tras una semana de asamblea, las autoridades de la comunidad wixárika de Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán decidieron enviar una carta a las delegaciones de la Profepa y Semarnat en el estado para expresar su inconformidad con el levantamiento de la clausura de la construcción de algunos tramos de la carretera Bolaños-Mezquitic-Huejuquilla el Alto, por considerar que dicha reactivación de obras es ilegal debido a que las autoridades estatales encargadas del proyecto aún no cuentan con autorización para llevar a cabo el cambio de uso de suelo forestal de la región.

“Manifestamos de manera formal nuestra oposición al levantamiento de las clausuras impuestas a las obras y actividades que se han llevado a cabo sin autorización de cambio de uso de suelo forestal, particularmente aquellas que se encuentran en los terrenos en posesión y bajo régimen de propiedad de nuestra comunidad. Solicitamos respetuosamente la aplicación estricta de la ley y la resolución de los procedimientos sancionatorios con clausura total definitiva”, señala el documento, que ya se entregó en la delegación de Semarnat y que en los siguientes días llegará a la de la Profepa.

Los wixaritari de Tuapurie denunciaron que el 15 de septiembre y el 10 de octubre de 2008 la Profepa levantó las clausuras de las obras relativas a los tramos que van del kilómetro 70+400 al 89+580, y del 61+000 al 70+400, respectivamente.

El argumento de la comunidad para solicitar la clausura definitiva radica en que cuenta con un oficio de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat (folio 1600040808), fechado el 18 de febrero de 2008 y obtenido a través de la Ley de Transparencia, en el que se admite que no existe autorización alguna para el cambio de uso de uso de suelo forestal en la zona donde se trazó la carretera.

“Queremos hacer notar que el proyecto no cuenta ni podrá contar con las autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal, dado a que los únicos y legítimos propietarios y poseedores de las tierras en las que se pretende desarrollar el proyecto referido somos las autoridades de la Comunidad Huichola de Santa Catarina Cuexcomatitlán y no el gobierno del estado de Jalisco.

“Los artículos 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 120 de su Reglamento, establecen que el cambio de uso de suelo forestal únicamente podrá otorgarse de manera excepcional a quien presente original y copia certificada del título de propiedad inscrito en el registro público que corresponda, o en su caso, del documento que acredite la posesión o derecho a realizar las actividades que impliquen el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Tratándose de ejidos o comunidades agrarias, deberá presentarse original o copia certificada del acta de asamblea en la que conste el acuerdo de cambio de uso de suelo en el terreno respectivo” indica la carta.

En este punto también desconocieron cualquier procedimiento realizado por Semarnat o por la Profepa en el que supuestamente exista el acuerdo de la comunidad para realizar el cambio de uso de suelo.

“Manifestamos expresamente contra cualquier documento apócrifo o previo a la fecha, que no concedemos la posesión a representantes del estado ni a las empresas constructoras que operan ilegalmente a su amparo y bajo sus instrucciones, ni solicitamos ni consentimos el cambio de uso del suelo forestal en nuestras tierras”, señala la carta fechada el 22 de febrero de 2009.

En la carta, los wixaritari recuerdan que desde el 22 de abril de 2008 interpusieron una denuncia por daños ambientales ante la PGR, cuya averiguación previa es la 1949/UEIDAPLE/DA/27/2008, en contra de cuatro funcionarios de Sedeur: Héctor Pérez Camarena, director general de Planeación Urbana y Territorial; Alejandro Gómez Lee, director general de Proyectos de Obra Pública; Raúl Navarro Venegas, director general de Obras Públicas, y Jesús Ramos Partida, director general de Infraestructura Carretera.

Los delitos por los que acusan a estos funcionarios son: desmonte o destrucción de vegetación natural; derribo y tala de árboles; cambio sin autorización del uso de suelo forestal; transporte ilícito de recursos forestales en cantidades mayores a cuatro metros cúbicos o en cantidades inferiores mediante actos repetidos de transporte; daño, destrucción y deterioro de cosa ajena o propia en perjuicio de un tercero.

Como ha informado La Jornada Jalisco desde hace más de un año, la asamblea de comuneros wixaritari acordó rechazar el proyecto carretero del gobierno del estado que comunica a Huejuquilla y Bolaños por afectar su entorno ecológico, desconocer a las máximas autoridades y abrirles la puerta a depredadores y talamontes. Aunado a esto cabe señalar la destrucción del sitio sagrado conocido como Paso de Osos.

Fuente: La Jornada de Jalisco

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