Lleva Tlachinollan a CIDH saldos de la militarización en el estado

En Guerrero la agresión militar conlleva violencia y acoso sexual, apunta la queja


Fuente: La Jornada de Guerrero

Las quejas contra soldados ante la CNDH han aumentado 600% con Calderón, alertan

CITLAL GILES

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos, las violaciones a los derechos humanos que sufren los pueblos indígenas a raíz de la militarización. Además, denunciará las amenazas y hostigamientos que han sufrido organizaciones defensoras de derechos humanos entre ellos, dos activistas de Tlachinollan, por lo que solicitaron a la CIDH medidas cautelares.

En el 134 periodo de sesiones de la CIDH, celebrado en Washington, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juarez, Cejil, Fundar, así como Tlachinollan presentaron en audiencia ante la presidenta de la CIDH, Luz María Patricio Guerrero, el tema Justicia Militar y Derechos humanos en México, donde se expuso que el numero de quejas que ha recibido la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Secretaría de la defensa Nacional (Sedena) ha aumentado en más de 600 por ciento en los dos primeros años del sexenio de Felipe Calderón, ya que de 182 quejas presentadas en 2006 aumentó a mil 230 en 2008, entre las que destacan ataques con armas de fuego, tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y agresiones contra personas en situación de vulnerabilidad.

En Guerrero –se destacó– la agresión militar se caracteriza por la invasión de tierras, la violencia y acoso sexual a mujeres indígenas bajo la justificación de la lucha contra el narcotráfico, lo que ha dejado graves secuelas en el tejido social comunitario de los pueblos indígenas, reveló la abogada del Cejil, Vanessa Coria.

Agregó que de 174 averiguaciones previas contra los militares llevadas a la Procuraduría General de Justicia Militar, sólo 11 fueron llevadas a juicio, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de que alguno haya terminado con una condena contra un militar.

Por su parte, la representante de Tlachinollan, Laura Aragón, criticó que a pesar de que tienen conocimiento de que al interior de la Sedena se discute una posible reforma judicial con relación a derechos humanos, el estado mexicano no haya creado un espacio de diálogo donde organizaciones y sociedad civil puedan contribuir para hacer dicha reforma.

Laura Aragón aprovechó para denunciar que las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos y que han señalado las constantes violaciones que hacen los militares contra los indígenas, han recibido hostigamiento y amenazas, incluso comentó que Tlachinollan ha sufrido un cambio de vida a raíz de la militarización en las comunidades y citó la ejecución “extrajudicial” de los dirigentes na savi, Raúl Lucas y Manuel Ponce ocurrida el 20 de febrero de este año.

Pidió ante la CIDH –donde también estuvo una delegación de autoridades del gobierno mexicano– que el estado permita a los activistas hacer las acciones en libertad además de hacer de manera urgente una reforma a la jurisdicción militar que incorpore las preocupaciones de la sociedad civil.

Laura Aragón presentó cinco peticiones en las que destaca que la CIDH impulse el cumplimiento de las recomendaciones emitidas al estado mexicano; que en los casos litigados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH busque obtener una sentencia que ordene al estado implementar una reforma legislativa para excluir del fuero militar las violaciones de derechos humanos.

La delegación de las autoridades mexicanas estuvo integrada por el coordinador de asesores del secretario de Gobernación, Alejandro Cuaré; el representante de la Procuraduría General de la Justicia Militar de la Sedena, Anibal Trujillo Sánchez; el representante del Estado Mayor de la Sedena, Sebastián Loreno Rodríguez, así como el titular de la Unidad de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la Segob, Carlos Aguilar.