Persiste en su negativa de revisar los múltiples casos de abusos: Luis Arriaga
Fuente: La Jornada de Jalisco
Guerrero y Tamaulipas, las entidades donde se han reportado más atropellos, precisó
RAUL TORRES
La negativa del gobierno mexicano a revisar las recomendaciones concernientes al fuero militar emitidas por el Consejo de Derechos Humanos en febrero pasado, se debe a la insistencia del Ejecutivo federal de mantener a los soldados en los operativos contra el tráfico de drogas, indicó Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), ayer durante la presentación del informe sobre militarización titulado ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón.
El sacerdote jesuita indicó ayer en la Casa Iteso Clavijero que para conocer la gravedad de la situación de las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército en la “lucha contra el narcotráfico”, el Centro Prodh sistematizó los 120 casos de abusos cometidos por militares reportados en los medios de comunicación desde enero de 2007 hasta diciembre de 2008.
Según el informe, los estados donde más se han cometido abusos por parte de las fuerzas armadas son Guerrero (25), Tamaulipas (21), Chihuahua (14), Michoacán (13), Sinaloa (12), Nuevo León (7) y Oaxaca (5).
Los datos del informe revelan que la mayoría de estos abusos consisten básicamente en irrupción en viviendas o cateos ilegales, agresiones físicas o tortura, detenciones arbitrarias y ataques con arma de fuego.
“Al menos 17 personas perdieron la vida durante 2008 y 39 fueron reportadas heridas a acusa de alguna agresión (…) Las personas que han sido victimizadas son sobre todo de grupos vulnerables como indocumentados, mujeres, menores edad, indígenas, aunque también hay un alto número de policías y empleados públicos, hombres y periodistas”, señaló.
En la mayoría de estos casos, indica el informe, ninguna de las víctimas ha tenido acceso a la justicia debido a la impunidad y a la falta de controles civiles sobre el Ejército.
“Una manifestación de esta falta es la extensión de la jurisdicción militar sobre los delitos que constituyen violaciones de derechos humanos y que no tienen relación alguna con la disciplina militar”, indicó Arriaga.
Fuente: La Jornada de Jalisco
Guerrero y Tamaulipas, las entidades donde se han reportado más atropellos, precisó
RAUL TORRES
La negativa del gobierno mexicano a revisar las recomendaciones concernientes al fuero militar emitidas por el Consejo de Derechos Humanos en febrero pasado, se debe a la insistencia del Ejecutivo federal de mantener a los soldados en los operativos contra el tráfico de drogas, indicó Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), ayer durante la presentación del informe sobre militarización titulado ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón.
El sacerdote jesuita indicó ayer en la Casa Iteso Clavijero que para conocer la gravedad de la situación de las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército en la “lucha contra el narcotráfico”, el Centro Prodh sistematizó los 120 casos de abusos cometidos por militares reportados en los medios de comunicación desde enero de 2007 hasta diciembre de 2008.
Según el informe, los estados donde más se han cometido abusos por parte de las fuerzas armadas son Guerrero (25), Tamaulipas (21), Chihuahua (14), Michoacán (13), Sinaloa (12), Nuevo León (7) y Oaxaca (5).
Los datos del informe revelan que la mayoría de estos abusos consisten básicamente en irrupción en viviendas o cateos ilegales, agresiones físicas o tortura, detenciones arbitrarias y ataques con arma de fuego.
“Al menos 17 personas perdieron la vida durante 2008 y 39 fueron reportadas heridas a acusa de alguna agresión (…) Las personas que han sido victimizadas son sobre todo de grupos vulnerables como indocumentados, mujeres, menores edad, indígenas, aunque también hay un alto número de policías y empleados públicos, hombres y periodistas”, señaló.
En la mayoría de estos casos, indica el informe, ninguna de las víctimas ha tenido acceso a la justicia debido a la impunidad y a la falta de controles civiles sobre el Ejército.
“Una manifestación de esta falta es la extensión de la jurisdicción militar sobre los delitos que constituyen violaciones de derechos humanos y que no tienen relación alguna con la disciplina militar”, indicó Arriaga.
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