Reprueban el “crimen y terrorismo de Estado” con el que pretenden intimidarlos
Exigen la destitución de Murueta y Salinas y juicio político contra el alcalde ayutleco
Es hora de acabar con los que hacen daño, advierte Samuel, el hijo de Raúl Lucas Lucía
CITLAL GILES SANCHEZ (Enviada)
Ayutla, 24 febrero. Organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos rompieron todo tipo de relación con los gobiernos estatal y municipal, y exigieron a las autoridades federales atraer el caso del doble asesinato de los indígenas na savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas. También demandaron la destitución del procurador Eduardo Murueta y del secretario de Seguridad Pública, Heriberto Salinas Altés, y juicio político contra el alcalde priísta Armando García Rendón.
Las organizaciones e indígenas me’phaa y na savi protestaron frente al ayuntamiento, hasta donde llevaron los cuerpos de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM). Ahí reprobaron el “crimen y el terrorismo de Estado” con el que pretenden intimidar a los defensores.
Durante el acto, Samuel Lucas Castro, hijo de Raúl Lucas, exigió justicia para su padre y su tío Manuel, y lanzó un reto a los asesinos, a quienes les dijo que no tiene miedo de lo que ahora venga, “es hora de acabar con los gobiernos que nada más hacen el mal”. En tanto, quien fuera mano derecha del líder guerrillero Genaro Vázquez Rojas, Arturo Miranda Ramírez, alentó a los hijos de los caídos a que la indignación y el coraje los lleve a reforzar la lucha.
La caravana-protesta en la que participaron poco más de 300 personas, integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, las Brigadas Internacional de Paz, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), así como la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) llegó con los féretros hasta la explanada principal del ayuntamiento.
Durante casi una hora, tiempo en el que los representantes de las organizaciones fijaron sus posturas, los cuerpos estuvieron sobre la explanada, donde los me’phaa y na savi colocaban flores y se persignaban.
La primera en hablar fue Andrea Eugenio Manuel, en representación de la OPIM, quien responsabilizó al director de Seguridad Pública municipal, José Luis Sánchez Hernández, de facilitar el secuestro de los dirigentes de la OFPM, así como al presidente municipal García Rendón amenazar a la esposa de Raúl Lucas con quitarle la regiduría si seguía exigiendo la aparición de su esposo.
El mensaje de terror y miedo que han sembrado las autoridades, dijo, causó el rompimiento de las organizaciones sociales con las autoridades estatales y municipales.
Samuel Lucas Castro tomó el micrófono y con voz cortada exigió justicia a las autoridades, “ya que no la hago por mi propia mano”, y llamó a los indígenas y luchadores sociales a levantar la voz y reforzar la lucha contra todos los malos gobiernos.
“Es hora de acabar con todos aquellos gobiernos que nada más hacen daño, alcemos la voz contra todos los que nada más escuchan y no hacen nada; no es hora de bajar la cabeza, es hora de alzarla, tener la frente en alto y no decir que aquí terminó todo, aquí terminó, pero la delincuencia”, expresó.
Aprovechó para retar a los ejecutores de su padre y su tío –como llamó a Manuel Ponce–, a quien les hizo saber el coraje que ahora siente por la muerte de sus familiares, y les dejó claro que aunque está conciente que será él o alguien de su familia quien pueda ser asesinado, “no les tengo miedo, ni a las amenazas, ni a nadie; si me quieren conocer aquí estoy y estaré esperando lo que venga, no me voy a esconder, daré la cara por mi papá y por mi tío, porque murieron por la defensa de los pueblos”.
El ex guerrillero Arturo Miranda pidió a los defensores que este “terrorismo” no intimide su lucha, al contrario, incitó a que la indignación, el coraje y la impotencia de los caídos “debe reforzar la lucha contra los malos gobiernos, porque sólo se acuerdan de los pueblos que reclaman justicia cuando nos unimos y luchamos”.
También pidió juicio político contra García Rendón, ya que en este caso todo apuntan hacia él, y aseguró que los pueblos indígenas no están solos, ya que la ACNR y la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero “estamos con ustedes hasta las últimas consecuencias”.
Pero el secretario de Derechos Humanos del PRD estatal, Urbano Lucas Santamaría, fue más allá y exigió al gobernador Zeferino Torreblanca la destitución del procurador Eduardo Murueta Urrutia y del secretario de Seguridad, Heriberto Salinas Altés, “porque no hacen nada por evitar la violencia contra los movimientos sociales”.
De igual forma, demandó al Congreso estatal que intervenga para que cree una comisión especial que se encargue de exigir una investigación seria y se esclarezcan los asesinatos de Lucas y Ponce.
El último en tomar la palabra, y a nombre de todas las organizaciones, fue el presidente de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien reclamó que ahora a los indígenas ya no sólo se les encarcela, sino se les mata de manera extrajudicial, debido a la guerra de contrainsurgencia que han implementado el gobierno federal con apoyo del estado y del municipio.
“Hoy los pueblos indígenas están indefensos, silenciados por este terror de Estado, porque se les quiere arrodillar para que (el Estado) siga con estas políticas genocidias para que nadie pueda alzar la voz. No es posible que Ayutla de los Libres sea Ayutla de los presos, de la desaparición y ahora de los ejecutados extrajudicialmente”, recriminó.
Exigió que el gobierno federal atraiga el caso y haga una investigación objetiva, imparcial y exhaustiva, que castigue a los responsables y dé garantías de justicia a las viudas, pues argumentó que en la PGJE sólo hay ineficiencia, incompetencia y falta de compromiso con los pueblos indígenas.
Barrera Hernández señaló la saña con la que mataron a Lucas y Ponce, la indiferencia de las autoridades estatales y municipales hacia los pueblos indígenas. “¿Qué delito ha cometido esta región para que se les quiera seguir poniendo de rodillas? ¿Por qué tanta muerte, tanta tortura, por qué tantas amenazas, por qué no llega la justicia a Ayutla?”.
Llamó a las autoridades municipales y estatales a que dejen de tratar a los indígenas como personas de segunda clase, de responsabilizarlos por la delincuencia que prevalece en el estado y en la región, de tratarlos como gente peligrosa que anda con grupos guerrilleros, porque solamente han pedido justicia y han denunciado los abusos que han cometido las fuerzas del estado.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Exigen la destitución de Murueta y Salinas y juicio político contra el alcalde ayutleco
Es hora de acabar con los que hacen daño, advierte Samuel, el hijo de Raúl Lucas Lucía
CITLAL GILES SANCHEZ (Enviada)
Ayutla, 24 febrero. Organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos rompieron todo tipo de relación con los gobiernos estatal y municipal, y exigieron a las autoridades federales atraer el caso del doble asesinato de los indígenas na savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas. También demandaron la destitución del procurador Eduardo Murueta y del secretario de Seguridad Pública, Heriberto Salinas Altés, y juicio político contra el alcalde priísta Armando García Rendón.
Las organizaciones e indígenas me’phaa y na savi protestaron frente al ayuntamiento, hasta donde llevaron los cuerpos de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM). Ahí reprobaron el “crimen y el terrorismo de Estado” con el que pretenden intimidar a los defensores.
Durante el acto, Samuel Lucas Castro, hijo de Raúl Lucas, exigió justicia para su padre y su tío Manuel, y lanzó un reto a los asesinos, a quienes les dijo que no tiene miedo de lo que ahora venga, “es hora de acabar con los gobiernos que nada más hacen el mal”. En tanto, quien fuera mano derecha del líder guerrillero Genaro Vázquez Rojas, Arturo Miranda Ramírez, alentó a los hijos de los caídos a que la indignación y el coraje los lleve a reforzar la lucha.
La caravana-protesta en la que participaron poco más de 300 personas, integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, las Brigadas Internacional de Paz, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), así como la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) llegó con los féretros hasta la explanada principal del ayuntamiento.
Durante casi una hora, tiempo en el que los representantes de las organizaciones fijaron sus posturas, los cuerpos estuvieron sobre la explanada, donde los me’phaa y na savi colocaban flores y se persignaban.
La primera en hablar fue Andrea Eugenio Manuel, en representación de la OPIM, quien responsabilizó al director de Seguridad Pública municipal, José Luis Sánchez Hernández, de facilitar el secuestro de los dirigentes de la OFPM, así como al presidente municipal García Rendón amenazar a la esposa de Raúl Lucas con quitarle la regiduría si seguía exigiendo la aparición de su esposo.
El mensaje de terror y miedo que han sembrado las autoridades, dijo, causó el rompimiento de las organizaciones sociales con las autoridades estatales y municipales.
Samuel Lucas Castro tomó el micrófono y con voz cortada exigió justicia a las autoridades, “ya que no la hago por mi propia mano”, y llamó a los indígenas y luchadores sociales a levantar la voz y reforzar la lucha contra todos los malos gobiernos.
“Es hora de acabar con todos aquellos gobiernos que nada más hacen daño, alcemos la voz contra todos los que nada más escuchan y no hacen nada; no es hora de bajar la cabeza, es hora de alzarla, tener la frente en alto y no decir que aquí terminó todo, aquí terminó, pero la delincuencia”, expresó.
Aprovechó para retar a los ejecutores de su padre y su tío –como llamó a Manuel Ponce–, a quien les hizo saber el coraje que ahora siente por la muerte de sus familiares, y les dejó claro que aunque está conciente que será él o alguien de su familia quien pueda ser asesinado, “no les tengo miedo, ni a las amenazas, ni a nadie; si me quieren conocer aquí estoy y estaré esperando lo que venga, no me voy a esconder, daré la cara por mi papá y por mi tío, porque murieron por la defensa de los pueblos”.
El ex guerrillero Arturo Miranda pidió a los defensores que este “terrorismo” no intimide su lucha, al contrario, incitó a que la indignación, el coraje y la impotencia de los caídos “debe reforzar la lucha contra los malos gobiernos, porque sólo se acuerdan de los pueblos que reclaman justicia cuando nos unimos y luchamos”.
También pidió juicio político contra García Rendón, ya que en este caso todo apuntan hacia él, y aseguró que los pueblos indígenas no están solos, ya que la ACNR y la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero “estamos con ustedes hasta las últimas consecuencias”.
Pero el secretario de Derechos Humanos del PRD estatal, Urbano Lucas Santamaría, fue más allá y exigió al gobernador Zeferino Torreblanca la destitución del procurador Eduardo Murueta Urrutia y del secretario de Seguridad, Heriberto Salinas Altés, “porque no hacen nada por evitar la violencia contra los movimientos sociales”.
De igual forma, demandó al Congreso estatal que intervenga para que cree una comisión especial que se encargue de exigir una investigación seria y se esclarezcan los asesinatos de Lucas y Ponce.
El último en tomar la palabra, y a nombre de todas las organizaciones, fue el presidente de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien reclamó que ahora a los indígenas ya no sólo se les encarcela, sino se les mata de manera extrajudicial, debido a la guerra de contrainsurgencia que han implementado el gobierno federal con apoyo del estado y del municipio.
“Hoy los pueblos indígenas están indefensos, silenciados por este terror de Estado, porque se les quiere arrodillar para que (el Estado) siga con estas políticas genocidias para que nadie pueda alzar la voz. No es posible que Ayutla de los Libres sea Ayutla de los presos, de la desaparición y ahora de los ejecutados extrajudicialmente”, recriminó.
Exigió que el gobierno federal atraiga el caso y haga una investigación objetiva, imparcial y exhaustiva, que castigue a los responsables y dé garantías de justicia a las viudas, pues argumentó que en la PGJE sólo hay ineficiencia, incompetencia y falta de compromiso con los pueblos indígenas.
Barrera Hernández señaló la saña con la que mataron a Lucas y Ponce, la indiferencia de las autoridades estatales y municipales hacia los pueblos indígenas. “¿Qué delito ha cometido esta región para que se les quiera seguir poniendo de rodillas? ¿Por qué tanta muerte, tanta tortura, por qué tantas amenazas, por qué no llega la justicia a Ayutla?”.
Llamó a las autoridades municipales y estatales a que dejen de tratar a los indígenas como personas de segunda clase, de responsabilizarlos por la delincuencia que prevalece en el estado y en la región, de tratarlos como gente peligrosa que anda con grupos guerrilleros, porque solamente han pedido justicia y han denunciado los abusos que han cometido las fuerzas del estado.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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