lunes, 9 de febrero de 2009

Pese a las torturas, dictan auto de formal prisión a miembros de Tierra y Libertad

Máximo Mojica y coacusados serán juzgados por el plagio de una maestra

La defensa tiene cinco días para apelar la sentencia del juez de Tecpan Ricardo Salinas

CITLAL GILES Y RODOLFO VALADEZ (Reportera y corresponsal)

El juez de primera instancia del ramo penal del distrito de Galeana, con sede en Tecpan, Ricardo Salinas Sandoval, dictó auto de formal prisión contra los integrantes de la organización Tierra y Libertad, Máximo Mojica Delgado, su esposa, María de los Ángeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma, por el delito de secuestro en agravio de la profesora Adriana de Jesús Rodríguez Arzate.

El tercer secretario de acuerdos, Mario Maravilla Peña, informó que los acusados junto con sus abogados fueron informados de la decisión minutos después de haber sido dada a conocer por el juez.

Agregó que uno de los defensores de los integrantes de Tierra y Libertad, Delfino Gálvez de Jesús, pidió al juez que el proceso se ventilara por la vía ordinaria, lo que significa que habrá aproximadamente 10 meses, para aportar más pruebas a favor de los acusados, no sin antes apelar la decisión del viernes, para lo cual cuentan con cinco días.

Horas antes del dictamen, el abogado adelantó que interpondrá un amparo, así como una demanda penal contra el Estado mexicano, pues el argumento de la defensa es que fueron torturados para que se declararan culpables del secuestro.

Mientras que el coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Bertoldo Martínez Cruz, indicó que ayer a las 8:30 de la noche el juez de Tecpan ordenó la formal prisión, a pesar de las irregularidades que se demostraron en el proceso.

“La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sólo sirve para fabricar delincuentes, pues al utilizar métodos medievales como la tortura sólo presenta inocentes como culpables” señaló Martínez Cruz. Sostuvo que el procurador Eduardo Murueta Urrutia cuando habla “es para decir puras pendejadas”, ya que “hasta ahora no se le conoce que haya llevado a cabo una detención justa”.

El activista reprobó el empeño de la Procuraduría por convertir a los luchadores sociales en delincuentes a base de torturas, “lo que sin duda convierte a sus elementos en criminales”, opinó.

Criticó que a pesar de que las organizaciones confiaron al impulsar al ahora gobernador Zeferino Torreblanca, éste es uno de los que encabeza la persecución de los luchadores sociales, y aseguró que “es al revés, lo legal está en lo ilegal y lo ilegal está en lo legal, porque se ha visto que hay policías y ministeriales e incluso del (elementos) del Ejército ligados al narcotráfico, no así la lucha social”.

Afirmó que en Guerrero con la llegada de un gobernador del PRD hubo cambio, pero no progreso, pues socialmente se ha retrocedido más de lo que se ha avanzado.

Respecto a Mojica, Martínez consideró que la determinación del juez pudo ser hecha bajo presión del gobierno, ya que este viernes se notó mucho nerviosismo en el juzgado.

“El juez se vio obligado y presionado por el gobierno a dictar el auto de formal prisión, porque no existen elementos, además de que se argumentó que fueron torturados y es completamente mentira lo que se señala de que a Máximo y a Nazario los hayan detenido el 1º de diciembre en Iguala, porque la detención fue el 27 de noviembre en Teloloapan, y la de la señora fue el 29 del mismo mes y en lugares muy distintos, y no como ellos lo comentan”, detalló.

Agregó que al no concordar las versiones que da el Ministerio Público, no tenía por qué dictar el auto de formal prisión.

“Hay evidencias muy claras y con fotografías de que fueron torturados, la propia Coddehum lo confirma, no había por qué pero le dictaron el auto de formal prisión y vamos a platicar para ver si se va a apelar o se va a meter un amparo indirecto contra el auto de formal prisión”, destacó.

Revisiones en La Morena

Respecto al cerco que colocó el Ejército en la comunidad La Morena, donde vive la familia del ecologista Javier Torres Cruz, el coordinador del CCTI consideró que es una forma del gobierno estatal para hostigar e intimidar a la población, ya que los militares revisan a todas las personas que pasan por Barranca del Bálsamo, río abajo de La Morena y en el caserío Las Humedades.

“Los detienen, revisan a todas las personas que pasan por el lugar, revisan los vehículos, sus ropas, y aunque no tenemos el dato de si preguntan por Javier, estamos seguros de que lo hacen porque se supone que andan buscando a Javier y tememos que pueda haber una incursión del Ejército en estos días en La Morena”, alertó.

Además de haber denunciado públicamente sobre el cerco que hicieron los militares, Martínez Cruz aseguró que van a pedir el apoyo de varias organizaciones que están contra la militarización para reforzar su lucha y tomar acciones para lograr que el Ejército regrese a sus cuarteles.

Fuente: La Jornada de Guerrero

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