El estado, al borde de la ingobernabilidad; así comenzó la guerra sucia, advierten
El doble homicidio, nuevo y duro revés a la transición política: Chavarría Barrera
YAMILET VILLA ARREOLA
CHILPANCINGO, 25 DE FEBRERO. Mientras la legislatura local exigió al gobierno estatal esclarecer el asesinato de los dirigentes na savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, ya que el estado se encuentra al borde de la ingobernabilidad porque se vive una situación similar a la de la guerra sucia de los años 70, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión acordó requerirle a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraigan la investigación y se aplique “todo el peso de ley” a los culpables.
En la sesión del Congreso local, las fracciones del PRD, PRI y Convergencia fijaron su postura sobre el asesinato del presidente y el secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), a quienes reivindicaron como luchadores sociales; exigieron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo llegar hasta las últimas consecuencias y se comprometieron a castigar a los responsables.
El PRD solicitó la comparecencia del procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia.
En tribuna, el presidente de la Comisión de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, manifestó a nombre del PRD que es “muy posible” que quienes desaparecieron y asesinaron a los líderes indígenas se ampararon en la violencia generalizada en el estado y pretenden hacer creer que se trató de un crimen vinculado a la delincuencia.
Consideró que aunque se creyó que con la alternancia en el gobierno en 2005 quedarían atrás episodios como los de la guerra sucia, “la odisea del secuestro, la larga desaparición y el hallazgo de los cadáveres masacrados de Raúl y Manuel, con huellas de tortura, pareciera advertirnos que no es suficiente una alternancia para terminar con una cultura autoritaria. Los métodos empleados para asesinarlos son una fiel reproducción de la conducta que se instrumentaba contra los disidentes políticos en los años 70, a manos de guardias blancas”
El doble homicidio ocurrió sin que las autoridades actuaran, “el asesinato de estos dirigentes indígenas representa un nuevo y duro revés a nuestra transición democrática, nos hacen pensar que Guerrero ha retrocedido 30 años en cuanto al trato a los defensores de derechos humanos”.
La muerte de Lucas y Ponce ocurre en un clima de persecución y violencia contra los dirigentes sociales en varias partes del estado, pero principalmente en Ayutla –señaló–, y aunque sólo habló de los casos que se publican en los medios, alertó que seguramente hay muchos otros de los que no se sabe.
Si a esta situación se agrega la violencia de la delincuencia organizada, “entonces la situación se torna alarmante; es la indolencia y la omisión ante ella lo que lleva a un estado a desbarrancarse por la ingobernabilidad”, aunque acotó: “no digo que estemos en ella , pero podríamos ir en ese camino. Así empezó aquella amarga época de los años 70”.
Dijo que el Congreso debe exigir al gobierno federal que se comprometa a evitar e investigar los crímenes contra luchadores sociales, pero no en los medios. Al gobierno estatal le demandó una acción eficaz contra los delitos, aunque “el gobierno no puede confundir la protesta con la delincuencia, pues criminalizar el movimiento social es el camino al autoritarismo”.
Por Convergencia, el coordinador legislativo y dirigente estatal, Efraín Ramos Ramírez, reprochó que las autoridades ministeriales ni siquiera investiguen las desapariciones, que en los últimos cuatro años suman más de 28, “pareciera que se está en medio de una guerra secreta, que no ha podido ser resulta con medidas de fuerza”.
Consideró necesario y urgente que tanto la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), investiguen y aclaren el asesinato de los indígenas, además de que el gobernador Torreblanca, el poder Judicial, la PGJE y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Coddehum) atiendan el caso.
Aunque el coordinador de los priístas, Héctor Vicario Castrejón, estaba en la sesión, quien subió a tribuna para fijar la postura, muy breve, fue Guadalupe Gómez Bermeo, quien reprochó que la respuesta a los indígenas que luchaban por una vida mejor fue precisamente “privarlos de la vida cobardemente”. Dijo que su partido reitera el compromiso de respeto y trato digno a los grupos indígenas y condena ese tipo de hechos que “lesionan la vida democrática de la entidad”.
Demandó a los tres niveles de gobierno que investiguen “el penoso asunto” y castiguen con “todo el rigor de la ley” a los ejecutores. También consideró que no se deben aprovechar los acontecimientos para “protagonismos” , pues aseguró que politizar la violencia no contribuye al estado de derecho.
En entrevista, Vicario Castrejón aseguró que su partido no se opone a que se investigue al alcalde de Ayutla, Armando García Rendón, y al director de Seguridad, Luis José Sánchez Hernández, aunque aseguró que ha tenido constante comunicación con ellos y está convencido que no tienen nada que ver en el caso, “en el PRI no acostumbramos a dirimir así las diferencias”.
Llama a la PGR y la CNDH
Vía telefónica, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Marcos Matías Alonso, informó que por la tarde la junta de coordinación política del Congreso de la Unión aprobó la solicitud a la PGR y la CNDH que atraigan el caso de los líderes indígenas, “que se llegue a donde se tenga que llegar, para que el crimen no quede impune”, además de que se dé seguridad a las familias de las víctimas.
Detalló que el punto de acuerdo fue elaborado por la Comisión que preside en coordinación con el centro de derechos humanos de La Montaña Tlachinollan, y será presentado este jueves en el pleno por el coordinador de los diputados federales del PRD, Javier González Garza.
Matías solicitó a Torreblanca que no sea “insensible” y deje “la parálisis y la frialdad” como gobernante para aclarar los homicidios.
Revisar otros casos
A nombre del PRD, Armando Chavarría demandó no sólo esclarecer el asesinato de Lucas Lucía y Ponce Rosas y demás dirigentes sociales ultimados en los últimos meses, sino también revisar los casos de los indígenas me’phaa Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanares Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, Raúl Hernández Abundio, Romualdo Santiago Enedina, presos en Ayutla acusados de matar a un espía del Ejército.
Fuente: La Jornada de Guerrero
El doble homicidio, nuevo y duro revés a la transición política: Chavarría Barrera
YAMILET VILLA ARREOLA
CHILPANCINGO, 25 DE FEBRERO. Mientras la legislatura local exigió al gobierno estatal esclarecer el asesinato de los dirigentes na savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, ya que el estado se encuentra al borde de la ingobernabilidad porque se vive una situación similar a la de la guerra sucia de los años 70, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión acordó requerirle a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraigan la investigación y se aplique “todo el peso de ley” a los culpables.
En la sesión del Congreso local, las fracciones del PRD, PRI y Convergencia fijaron su postura sobre el asesinato del presidente y el secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), a quienes reivindicaron como luchadores sociales; exigieron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo llegar hasta las últimas consecuencias y se comprometieron a castigar a los responsables.
El PRD solicitó la comparecencia del procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia.
En tribuna, el presidente de la Comisión de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, manifestó a nombre del PRD que es “muy posible” que quienes desaparecieron y asesinaron a los líderes indígenas se ampararon en la violencia generalizada en el estado y pretenden hacer creer que se trató de un crimen vinculado a la delincuencia.
Consideró que aunque se creyó que con la alternancia en el gobierno en 2005 quedarían atrás episodios como los de la guerra sucia, “la odisea del secuestro, la larga desaparición y el hallazgo de los cadáveres masacrados de Raúl y Manuel, con huellas de tortura, pareciera advertirnos que no es suficiente una alternancia para terminar con una cultura autoritaria. Los métodos empleados para asesinarlos son una fiel reproducción de la conducta que se instrumentaba contra los disidentes políticos en los años 70, a manos de guardias blancas”
El doble homicidio ocurrió sin que las autoridades actuaran, “el asesinato de estos dirigentes indígenas representa un nuevo y duro revés a nuestra transición democrática, nos hacen pensar que Guerrero ha retrocedido 30 años en cuanto al trato a los defensores de derechos humanos”.
La muerte de Lucas y Ponce ocurre en un clima de persecución y violencia contra los dirigentes sociales en varias partes del estado, pero principalmente en Ayutla –señaló–, y aunque sólo habló de los casos que se publican en los medios, alertó que seguramente hay muchos otros de los que no se sabe.
Si a esta situación se agrega la violencia de la delincuencia organizada, “entonces la situación se torna alarmante; es la indolencia y la omisión ante ella lo que lleva a un estado a desbarrancarse por la ingobernabilidad”, aunque acotó: “no digo que estemos en ella , pero podríamos ir en ese camino. Así empezó aquella amarga época de los años 70”.
Dijo que el Congreso debe exigir al gobierno federal que se comprometa a evitar e investigar los crímenes contra luchadores sociales, pero no en los medios. Al gobierno estatal le demandó una acción eficaz contra los delitos, aunque “el gobierno no puede confundir la protesta con la delincuencia, pues criminalizar el movimiento social es el camino al autoritarismo”.
Por Convergencia, el coordinador legislativo y dirigente estatal, Efraín Ramos Ramírez, reprochó que las autoridades ministeriales ni siquiera investiguen las desapariciones, que en los últimos cuatro años suman más de 28, “pareciera que se está en medio de una guerra secreta, que no ha podido ser resulta con medidas de fuerza”.
Consideró necesario y urgente que tanto la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), investiguen y aclaren el asesinato de los indígenas, además de que el gobernador Torreblanca, el poder Judicial, la PGJE y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Coddehum) atiendan el caso.
Aunque el coordinador de los priístas, Héctor Vicario Castrejón, estaba en la sesión, quien subió a tribuna para fijar la postura, muy breve, fue Guadalupe Gómez Bermeo, quien reprochó que la respuesta a los indígenas que luchaban por una vida mejor fue precisamente “privarlos de la vida cobardemente”. Dijo que su partido reitera el compromiso de respeto y trato digno a los grupos indígenas y condena ese tipo de hechos que “lesionan la vida democrática de la entidad”.
Demandó a los tres niveles de gobierno que investiguen “el penoso asunto” y castiguen con “todo el rigor de la ley” a los ejecutores. También consideró que no se deben aprovechar los acontecimientos para “protagonismos” , pues aseguró que politizar la violencia no contribuye al estado de derecho.
En entrevista, Vicario Castrejón aseguró que su partido no se opone a que se investigue al alcalde de Ayutla, Armando García Rendón, y al director de Seguridad, Luis José Sánchez Hernández, aunque aseguró que ha tenido constante comunicación con ellos y está convencido que no tienen nada que ver en el caso, “en el PRI no acostumbramos a dirimir así las diferencias”.
Llama a la PGR y la CNDH
Vía telefónica, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Marcos Matías Alonso, informó que por la tarde la junta de coordinación política del Congreso de la Unión aprobó la solicitud a la PGR y la CNDH que atraigan el caso de los líderes indígenas, “que se llegue a donde se tenga que llegar, para que el crimen no quede impune”, además de que se dé seguridad a las familias de las víctimas.
Detalló que el punto de acuerdo fue elaborado por la Comisión que preside en coordinación con el centro de derechos humanos de La Montaña Tlachinollan, y será presentado este jueves en el pleno por el coordinador de los diputados federales del PRD, Javier González Garza.
Matías solicitó a Torreblanca que no sea “insensible” y deje “la parálisis y la frialdad” como gobernante para aclarar los homicidios.
Revisar otros casos
A nombre del PRD, Armando Chavarría demandó no sólo esclarecer el asesinato de Lucas Lucía y Ponce Rosas y demás dirigentes sociales ultimados en los últimos meses, sino también revisar los casos de los indígenas me’phaa Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanares Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, Raúl Hernández Abundio, Romualdo Santiago Enedina, presos en Ayutla acusados de matar a un espía del Ejército.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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