■ Pospone el Senado incorporar nuevas disposiciones del Cofipe sobre propaganda
■ Queda pendiente incluir en la legislación el acceso de los partidos a los tiempos del Estado
■ Panistas y priístas rechazan avalar dictamen sobre la LFRT
■ Diferencias por las sanciones
Andrea Becerril y Georgina Saldierna
Como ocurrió en el pasado periodo de sesiones, las presiones de las grandes televisoras frenaron todo intento de modificar la legislación de medios electrónicos, e incluso se dejó pendiente la reforma para incorporar a la ley de radiodifusión las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) sobre el nuevo esquema en materia de propaganda política y acceso de los partidos a los tiempos del Estado.
Tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como el Revolucionario Institucional (PRI) se negaron a avalar un dictamen tendiente a armonizar ambas legislaciones, a pesar de que se había flexibilizado al máximo al eliminar que se plasmara en la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) la revocación de concesiones como sanción máxima para los dueños de estaciones que de forma reiterada violen los ordenamientos del Cofipe sobre la publicidad en campañas y la prohibición de emprender guerras sucias.
Reconocer al Cofipe al menos como ley supletoria: Sotelo
El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores, el perredista Carlos Sotelo, comentó que su bancada aceptó desde junio pasado –cuando pretendió llevar esa reforma al periodo extraordinario– que esa sanción quedara fuera para que por lo menos se reconociera al Cofipe como ley supletoria en asuntos de radio y televisión, y al Instituto Federal Electoral (IFE) como autoridad en la materia.
De todas formas, explicó, el dictamen incluye un capítulo con sanciones que van desde amonestaciones hasta multa de cien mil días de salario mínimo –el doble en caso de reincidencia– a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión que no trasmitan los mensajes electorales conforme a las pautas aprobadas por el IFE, que alteren o distorsionen el sentido original de los mensajes o que denigren y calumnien a partidos, candidatos o instituciones.
Mientras no haya armonía entre ambas leyes, agregó, no podrán aplicarse las disposiciones constitucionales sobre la asignación de tiempos a partidos y candidatos en los medios electrónicos. En el dictamen que el PRI se negó ayer a firmar se señala que aunque el IFE ha venido ejerciendo las nuevas atribuciones y cumpliendo las responsabilidades que le fueron conferidas, “al no estar reflejadas en la Ley Federal de Radio y Televisión se han presentado confusiones y hasta litigios con motivo de la aplicación de las normas del Cofipe”.
Por tratarse de una reforma legal, se requería sólo una mayoría simple, pero los priístas integrantes de la comisiones se negaron a firmar el dictamen.
Uno de los legisladores del tricolor que cabildearon fuerte contra esa modificación a la LFRT fue Jorge Mendoza, ex directivo de Tv Azteca.
Ante ese panorama, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) retiró ayer una iniciativa de reforma constitucional en materia de radio y televisión, así como un proyecto de ley reglamentaria sobre telecomunicaciones y radiodifusión, que apareció ayer en la Gaceta Parlamentaria, en la cual propone modificar a fondo el marco jurídico que rige a los medios electrónicos con base en el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que echó abajo la llamada ley Televisa.
Tanto Sotelo como el coordinador de los perredistas, Carlos Navarrete, explicaron que se trata de una propuesta sólida, resultado de muchos meses de trabajo, que retoma las consultas realizadas en el Senado y el trabajo del grupo plural de legisladores, pero decidieron no presentarla ayer, sino posponerla para el próximo periodo de sesiones.
Mientras, la harán llegar a las organizaciones interesadas en el tema de medios de comunicación, académicos, expertos y conocedores del tema, con el propósito de enriquecerla.
Además, no descartaron convocar a una nueva consulta ciudadana que haga posible que al momento de llevarla ante el pleno del Senado tenga el consenso no sólo partidario o legislativo, sino social, mucho más amplio.
Fuente: La Jornada.
■ Queda pendiente incluir en la legislación el acceso de los partidos a los tiempos del Estado
■ Panistas y priístas rechazan avalar dictamen sobre la LFRT
■ Diferencias por las sanciones
Andrea Becerril y Georgina Saldierna
Como ocurrió en el pasado periodo de sesiones, las presiones de las grandes televisoras frenaron todo intento de modificar la legislación de medios electrónicos, e incluso se dejó pendiente la reforma para incorporar a la ley de radiodifusión las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) sobre el nuevo esquema en materia de propaganda política y acceso de los partidos a los tiempos del Estado.
Tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como el Revolucionario Institucional (PRI) se negaron a avalar un dictamen tendiente a armonizar ambas legislaciones, a pesar de que se había flexibilizado al máximo al eliminar que se plasmara en la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) la revocación de concesiones como sanción máxima para los dueños de estaciones que de forma reiterada violen los ordenamientos del Cofipe sobre la publicidad en campañas y la prohibición de emprender guerras sucias.
Reconocer al Cofipe al menos como ley supletoria: Sotelo
El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores, el perredista Carlos Sotelo, comentó que su bancada aceptó desde junio pasado –cuando pretendió llevar esa reforma al periodo extraordinario– que esa sanción quedara fuera para que por lo menos se reconociera al Cofipe como ley supletoria en asuntos de radio y televisión, y al Instituto Federal Electoral (IFE) como autoridad en la materia.
De todas formas, explicó, el dictamen incluye un capítulo con sanciones que van desde amonestaciones hasta multa de cien mil días de salario mínimo –el doble en caso de reincidencia– a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión que no trasmitan los mensajes electorales conforme a las pautas aprobadas por el IFE, que alteren o distorsionen el sentido original de los mensajes o que denigren y calumnien a partidos, candidatos o instituciones.
Mientras no haya armonía entre ambas leyes, agregó, no podrán aplicarse las disposiciones constitucionales sobre la asignación de tiempos a partidos y candidatos en los medios electrónicos. En el dictamen que el PRI se negó ayer a firmar se señala que aunque el IFE ha venido ejerciendo las nuevas atribuciones y cumpliendo las responsabilidades que le fueron conferidas, “al no estar reflejadas en la Ley Federal de Radio y Televisión se han presentado confusiones y hasta litigios con motivo de la aplicación de las normas del Cofipe”.
Por tratarse de una reforma legal, se requería sólo una mayoría simple, pero los priístas integrantes de la comisiones se negaron a firmar el dictamen.
Uno de los legisladores del tricolor que cabildearon fuerte contra esa modificación a la LFRT fue Jorge Mendoza, ex directivo de Tv Azteca.
Ante ese panorama, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) retiró ayer una iniciativa de reforma constitucional en materia de radio y televisión, así como un proyecto de ley reglamentaria sobre telecomunicaciones y radiodifusión, que apareció ayer en la Gaceta Parlamentaria, en la cual propone modificar a fondo el marco jurídico que rige a los medios electrónicos con base en el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que echó abajo la llamada ley Televisa.
Tanto Sotelo como el coordinador de los perredistas, Carlos Navarrete, explicaron que se trata de una propuesta sólida, resultado de muchos meses de trabajo, que retoma las consultas realizadas en el Senado y el trabajo del grupo plural de legisladores, pero decidieron no presentarla ayer, sino posponerla para el próximo periodo de sesiones.
Mientras, la harán llegar a las organizaciones interesadas en el tema de medios de comunicación, académicos, expertos y conocedores del tema, con el propósito de enriquecerla.
Además, no descartaron convocar a una nueva consulta ciudadana que haga posible que al momento de llevarla ante el pleno del Senado tenga el consenso no sólo partidario o legislativo, sino social, mucho más amplio.
Fuente: La Jornada.
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