Encubrimiento transexenal

Después de que Zhenli Ye Gon recibió todas las facilidades del gobierno de Vicente Fox para introducir y distribuir en México enormes cantidades de precursores químicos para la elaboración de drogas, la administración de Felipe Calderón no sólo se niega a cooperar con las autoridades de Estados Unidos para juzgar al detenido bajo acusaciones de la DEA, sino que no emprende acción legal alguna contra la vasta red de funcionarios mexicanos que, contra leyes y reglamentaciones, le facilitaron sus operaciones, ocultaron información y, bajo una espesa cortina de silencio, se mantienen en activo...

Las actividades de Zhenli Ye Gon en México estuvieron relacionadas en todo momento con el foxismo. Desde su llegada al país a través de uno de los Amigos de Fox, hasta su consolidación como uno de los principales importadores de efedrina y pseudoefedrina, durante casi una década contó con facilidades de personas vinculadas a Vicente Fox.

A pesar de que su red de protección se extendió en diversas secretarías y otros organismos gubernamentales durante el sexenio pasado, a la fecha el gobierno de Felipe Calderón no ha ejercido ninguna acción penal en contra de algún funcionario público.

Incluso, en noviembre pasado reinstaló a Francisco Julián Íñiguez García como subdirector ejecutivo de Servicios de Salud y Dispositivos Médicos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Sobrino del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara, Julián Íñiguez García había sido indiciado por la Procuraduría General de la República (PGR) como uno de los contactos clave de Ye Gon en la importación ilegal de pseudoefedrina, materia prima de las metanfetaminas.

De acuerdo con la acusación que la Drug Enforcement Administration (DEA) le tiene fincada en la Corte Federal de Estados Unidos en el distrito de Columbia, el empresario de origen chino pudo estar vinculado con laboratorios clandestinos de metanfetaminas en Guadalajara.

A la inacción judicial contra la cadena de protección de Ye Gon, el gobierno de Calderón ha sumado el encubrimiento con el silencio. El más evidente, el de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. Implicado en el escándalo, Lozano asegura que se trata de un caso "del ámbito privado" en el que sus supuestas acciones legales "no serán del dominio público".

En 1997, Ye Gon se radicó en México como inmigrante técnico gracias a la intermediación de Laboratorios Silanes, propiedad de Antonio López de Silanes Pérez, compañero de Vicente Fox en la Universidad Iberoamericana y colaborador financiero de la campaña presidencial foxista.

Registrado ese mismo año ante la Secretaría de Hacienda como dueño de la firma Unimed Pharm Chem de México, el empresario que ahora está detenido en Washington acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero inició el 26 de julio de 2000 sus actividades como importador desde China, casi un mes después de que Fox ganara la Presidencia.

Ye Gon inicialmente trajo al mercado mexicano distintos artículos de consumo y en 2002 empezó a recibir permisos de importación para sustancias químicas, incluido el clorhidrato de pseudoefedrina.

De acuerdo con documentos que forman parte de las investigaciones tanto en México como en Estados Unidos, y que están en el expediente 1:07-cr-00181-EGS de la Corte Federal en Columbia, Ye Gon pudo realizar todas sus actividades gracias a las facilidades que le dieron las secretarías de Hacienda, de Salud y de Gobernación en el gobierno de Fox.

El Banco de México también supo de las transacciones de Ye Gon. La empresa alemana Uhlmann, dedicada a la venta de máquinas de empaque farmacéutico, informó al organismo que dirige Guillermo Ortiz Martínez que Unimed le había hecho una compra por 15 millones de euros (poco más de 200 millones de pesos).

Ortiz Martínez fue avisado el 6 de julio de 2006 mediante una carta del gerente de ventas, Volver Wissmann. Ese mismo año, según la acusación de la DEA, Ye Gon introdujo a México 86.8 toneladas de efedrina y pseudoefedrina, disfrazadas de otras sustancias.

Esas importaciones fueron liberadas por la Administración General de Aduanas (AGA), a pesar de que ésta y la propia PGR ya contaban con información sobre movimientos sospechosos de Ye Gon, asegura en entrevista Javier Coello Trejo, abogado de los agentes aduanales que habían sido implicados por la PGR pero que también fueron exonerados.

La AGA no fue la única instancia de la Secretaría de Hacienda que facilitó las actividades de Ye Gon. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) lo registró como un contribuyente "de riesgo bajo", a pesar de que según lo declarado en Estados Unidos por el propio empresario, importó a México 8 millones de kilos de sustancias químicas durante el gobierno de Fox.

Entre esas 8 mil toneladas, la AGA le otorgó por lo menos 31 permisos para que durante casi todo el sexenio -entre 2002 y 2006- importara químicos y precursores por "aduana abierta"; es decir, sin que debiera avisar por cuál aduana entrarían las sustancias, incluida la pseudoefedrina.

La Secretaría de Salud, a su vez, a través de la Cofepris fue pieza central en sus actividades, pues además de la masiva importación, le permitió introducir la cantidad de precursores que quisiera, al grado de que Unimed se convirtió en el segundo importador más grande de efedrina y pseudoefedrina en el sexenio pasado.

De acuerdo con las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, hechas por medio del órgano interno de control de la Cofepris y reflejadas en la auditoría 50/07, el gobierno de Fox se caracterizó por permitir que llegaran al país cantidades superiores a las necesidades reales de la industria farmacéutica.

La otra dependencia que facilitó la incursión de Ye Gon en México fue la Secretaría de Gobernación vía el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Cuando el ahora presidente del Senado, Santiago Creel, estaba al frente de Gobernación, el INM emitió en 2002 su "opinión favorable" sobre la conveniencia de otorgar la carta de naturalización a Ye Gon. En febrero de 2003, el propio Fox le entregó personalmente su carta de naturalización como ciudadano mexicano.

Central fue la complacencia de la Secretaría de Gobernación. El 26 de agosto de 2002, el entonces coordinador jurídico del INM, Felipe Urbiola Ledesma, informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre el visto bueno de la dependencia.

La Secretaría de Gobernación dijo que después de revisar dos expedientes del solicitante, no encontró "antecedente penal alguno". Esos expedientes fueron el migratorio y el de inspección. El primero estaba a cargo del INM y el segundo era responsabilidad del Cisen. El director del Cisen en ese momento era Eduardo Medina Mora.

Como titular de la PGR, Medina Mora es ahora el responsable de las investigaciones contra Ye Gon y de entregar la información a Estados Unidos para que el Departamento de Justicia fundamente ante la Corte federal las acusaciones de la DEA. Pero según el abogado del empresario chino en México, Rogelio de la Garza, Medina Mora está entregando información fragmentada al gobierno estadunidense (Proceso 1658).

Prodigioso crecimiento

En el expediente de la SRE sobre la naturalización entregado a Proceso (edición número 1608), se establece que Ye Gon "acreditó una estancia en el país de siete años, así como su legal residencia... con la calidad y característica migratoria de Inmigrante Cargo Confianza con actividades lucrativas".

De acuerdo con el INM, el personaje ahora recluido en una cárcel de seguridad en Washington estuvo en México por lo menos desde 1995. Dos años después, según ese mismo expediente, obtuvo la calidad de "no inmigrante visitante a inmigrante técnico".

El cambio le fue autorizado el 28 de octubre de 1997 con el "exclusivo objeto de fungir como director general y administrador único de Unimed Pharm de México... y técnico farmacéutico en Laboratorios Silanes, S.A. de C.V.".

El dueño de Laboratorios Silanes es Antonio López de Silanes Pérez, uno de los empresarios que financiaron la campaña presidencial de Vicente Fox.

En noviembre de 2003, el entonces secretario de Salud, Julio Frenk Mora, quien fue de los pocos colaboradores a los que Fox mantuvo en el cargo durante todo su sexenio, inauguró una planta de producción de Silanes en Toluca. Dos años más tarde, Ye Gon estableció en la misma ciudad la empresa Unimed Pharmaceutical.

Ye Gon le ha explicado al juez Emmet Sullivan, de la Corte Federal de Estados Unidos para el distrito de Columbia, que la capitalización de su empresa se incrementó significativamente en el gobierno de Fox.

Cuando la creó, en 1997, empezó con 1 millón 600 mil pesos. En 2000, pasó a 28 millones; en 2005, a 100 millones, y en octubre de ese mismo año, al crear su nueva fábrica en Toluca, saltó a 600 millones de pesos. Todos esos movimientos, asegura, fueron reportados a las autoridades.

Fue en 2005, precisamente, cuando importó la mayor cantidad de sustancias químicas. Según los informes que su defensa en Estados Unidos le ha entregado al juez Sullivan, entre 2002 y 2006 importó 7 mil 967 toneladas de productos para fármacos. El 90% de esa cifra la ingresó en 2005; 6%, en 2004, y 3%, en 2003.

En todos esos casos, asegura, tuvo permisos o autorizaciones de la Cofepris, la Secretaría de Agricultura y aún de la PGR, aunque ésta se ha deslindado.

Como responsable de la mayoría de esos permisos, Ye Gon identificó en la Cofepris a Alberto Carlo Frati Munari, entonces director de Evaluación de Medicamentos y exintegrante del Comité Científico de la Cofepris. También a Saleta García Herrera, quien trabajaba con Frati, y a Guillermo Salomón Santibáñez, quien ya no labora en la comisión.

Con un menor número de permisos señaló a Maribel Bernal Saldívar, actual directora ejecutiva de Autorizaciones de Comercio Internacional y Publicidad; Silvia Hernández Rivera, quien continúa como secretaria ejecutiva de Importaciones y Exportaciones, y Greta Spota Diericx, exsubdirectora ejecutiva de Regulación de Estupefacientes y Psicotrópicos.

Ye Gon dice que parte de los permisos en Agricultura los obtuvo de Mara González Ortiz, quien era directora de Importaciones, Exportaciones, Servicios y Certificación Pecuaria.

Todos esos movimientos fueron minimizados por la Secretaría de Hacienda. Cuando a finales de 2006 la PGR investigaba la alegada introducción de pseudoefedrina después de casi un año de ocurrida, Joaquín Arenal Romero, administrador central de Aduanas, aseguró a la procuraduría que las importaciones totales de Unimed fueron mucho menores.

En un anexo del oficio 326-SAT-III-63493, fechado el 30 de noviembre de 2006, el SAT asegura que, de acuerdo con el "reporte de dictaminación de riesgo del contribuyente del Sistema de Consulta de Recaudación", la empresa de Ye Gon fue clasificada desde 1997 como "de riesgo bajo".

Afirma que, de enero de 2002 a octubre de 2006, "el contribuyente realizó 291 operaciones de importación por valor de 123 millones 778 mil 777 pesos". A pesar del bajo número de operaciones que realizó en relación con los 205 millones de dólares que le fueron incautados, el SAT precisa que fueron siete las aduanas utilizadas por Ye Gon:

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Manzanillo, Colima; Veracruz, Veracruz; Toluca, Estado de México; Pantaco, DF, y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Añade que 13 agencias aduanales le ayudaron en sus importaciones y que, además de China, traía mercancías de Canadá, Inglaterra, Alemania, Israel, Hong Kong y Estados Unidos, sobre todo químicos.

En su reporte sobre las actividades fiscales de Unimed, Hacienda se limitó a dar informes de tres años. Asevera que entre 2001 y 2004 vendió mercancía a 26 clientes nacionales por sólo 8 millones 743 mil 189 pesos. Nada dice sobre las operaciones de 2005 y 2006, cuando según Ye Gon introdujo más de 7 mil toneladas de sustancias a México.

La auditoría de la Función Pública practicada a la Cofepris es mucho más precisa que Hacienda respecto a las operaciones de Unimed con la pseudoefedrina. Asegura que entre 2003 y 2005, con el consentimiento de la Secretaría de Salud, "se realizaron importaciones por volúmenes excesivos" debido a "lo exagerado de las previsiones por importadores potenciales", entre ellos Unimed. No fue sino hasta 2005 cuando el gobierno de Fox las limitó.

Por el volumen de importaciones de pseudoefedrina autorizadas por la Cofepris, la empresa de Ye Gon fue la segunda más importante. Entre 2002 y 2004, importó 81 toneladas; aunque muy por encima estuvo Sica, S.A. de C.V., con 173. En tercer lugar figuró Basf Mexicana, con 58, y en cuarto, Helm de México, con 40.

De las 81 toneladas importadas por Ye Gon, la Cofepris sólo registró 33.8, las cuales fueron vendidas por Unimed a ocho laboratorios: 22 a Laboratorios Liomont, y el resto a Farmaqro, Unipharm de México, Offenbach Mexicana, Degort's Chemical, Laboratorios Server, Vanquish y Farmacéuticos Reyere.

Ye Gon alega ante la Corte estadunidense que todas sus operaciones fueron autorizadas por la Cofepris, incluida la venta de unas 10 toneladas de pseudoefedrina en 2005, cuando ya estaba prohibida su comercialización.

También ha presentado los resultados de la inspección sanitaria que la Cofepris le hizo el 23 y el 24 de febrero de 2005. En los resultados, el químico auditor Carlos Rodríguez Valtierra dio por bueno el control administrativo que tenía de la pseudoefedrina.

La PGR identificó en agosto 2007 y arraigó durante tres meses a tres funcionarios de la Cofepris, señalándolos como los responsables de operar para Ye Gon dentro del organismo, al otorgarle incluso permisos de importación y venta apócrifos.

Los indiciados fueron la secretaria Patricia Gurrola Barrera, el verificador Rodolfo Domínguez Becerra y el subdirector ejecutivo de Servicios de Salud y Dispositivos Médicos, Francisco Julián Íñiguez García.

La PGR no acreditó las acusaciones, y ellos no sólo fueron liberados, sino reinstalados en sus cargos. Íñiguez García tiene fuerte arraigo en Jalisco. Es sobrino del cardenal Sandoval Íñiguez, fue diputado local durante el gobierno panista de Alberto Cárdenas Jiménez y presidente municipal de Autlán en el sexenio de Salinas.

Además, ha trabajado en la Cofepris desde que Fox creó el organismo mediante un decreto presidencial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2001.

Medina Mora sólo dijo que el juez encargado del caso no encontró elementos en su contra. A partir de entonces, la estrategia del gobierno de Calderón ha sido el silencio.

El mayor mutismo corresponde al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. Según Ye Gon, el entonces coordinador de la campaña presidencial de Calderón se le acercó en 2006 para que guardara unos 150 millones de los 205 millones de dólares encontrados en su casa en marzo de 2007. Ese dinero provendría del financiamiento de la campaña presidencial del PAN.

Lozano advirtió que lo demandaría por difamación, pero no lo hizo a pesar de haber viajado a Nueva York. En los registros judiciales estadunidenses no hay ninguna demanda relacionada con él.

Consultado sobre esa falta de acción, Lozano respondió a través del vocero de la Secretaría del Trabajo, Héctor Alcudia: "No tengo nada que decir al respecto. Eso es del ámbito privado y no corresponde al ámbito del secretario".

Pese a que se trata de un caso internacional de interés público, y no obstante que él es un alto funcionario de gobierno, Javier Lozano Alarcón añadió: "Los asuntos legales ya emprendidos y los que emprenda en el futuro no serán del dominio público".