viernes, 26 de septiembre de 2008

MEXICO: ¿Bajo el imperio de la nota roja? (Fuente: Hermann Bellinghausen / Ojarasca).

La saturación del número anestesia la sensibilidad social, sean montos monetarios, secuestros, ejecuciones, migrantes vivos o muertos en el desierto o por crímenes de odio en Estados Unidos. Sumas, restas, doctas opiniones de intelectuales fantoches de la radio masiva y las televisoras para explicar la galopante inflación de cadáveres. Resulta sospechosa la ineptitud del gobierno calderonista para detener la inundación del narco y sus derivaciones, que alcanzan a la política, la religión, la banca, los medios, y no sólo a cuerpos policiacos y Fuerzas Armadas. Ello, no obstante que el Estado “declaró la guerra al crimen organizado” y sus publicistas y funcionarios sacan cuentas alegres para convencernos de que “van ganando”. Ese cochinero (ése sí es cochinero) sirve de cortina de humo para otra guerra, encubierta y mejor controlada, contra los pueblos indios de la República. Nunca se insistirá suficiente en señalar que avanza, de la mano con el Banco Mundial y/o el Fondo Monetario Internacional, y el Pentágono. Los primeros promueven ayuda y asesoría “racional” para “combatir” (o funcionalizar) la pobreza. El segundo impulsa, con las policías de Bush, el Plan Mérida (o México), mientras afila las uñas.

Si alguien “colombianiza” el país es el gobierno. En particular el Ejecutivo, pero también los otros dos poderes. En medio de decapitados, encostalados, encajuelados, acribillados por el parabrisas y con el cinturón de seguridad todavía puesto, se implanta otra violencia de la que poco se informa mientras se manipulan expedientes, exhumaciones y autopsias. Las nahuas de Veracruz, la criminalidad desbocada de Ulises Ruiz y sus secuaces en Oaxaca, el tozudo cinismo de Zeferino Torreblanca para justificar la represión política y social en Guerrero.

Muertes aparte, están las desapariciones en Oaxaca de Daniela Ortiz Ramírez, Virginia Ortiz Ramírez, Lauro Juárez, Sergio Bautista Miguel y Alberto Santiago Velásquez, además de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que se esfumaron por un arte de magia con fecha de caducidad. Y por supuesto, la guerra militar y económica contra las comunidades zapatistas de Chiapas. Pero detengámonos en los crímenes políticos más recientes, minimizados o ignorados por los medios de comunicación.

La Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas de Yautepec, Oaxaca, Tequio Jurídico y Transparencia para El Desarrollo Local informaron que el 5 de agosto, efectivos del Ejército federal asesinaron a dos campesinos de la comunidad zapoteca Santiago Lachivía, municipio San Carlos Yautepec: “Siendo las doce del día, aproximadamente 120 ciudadanos de Santiago Lachivía limpiaban su milpa en diversos puntos de la parcela comunal en el paraje Tanilovia cuando fueron rodeados y sorprendidos por elementos del Ejercito, quienes dispararon al aire diciendo: ‘alto no se muevan, somos del Ejercito mexicano’.

Los campesinos que trabajaban lejos del lugar se alarmaron y corrieron para protegerse. Los militares, al percatarse, dispararon hacia ellos, hiriendo de muerte al agente municipal Cecilio Vásquez Miguel y al comunero Venancio Olivera Ávila.

Lesionaron de gravedad a Aurelio Ortega Pacheco.

“Los comuneros que se quedaron en el lugar reconocieron que efectivamente eran elementos del Ejército uniformados de ‘pinto’; uno llevaba pistola en la cintura, un arma corta en la mano y una etiqueta roja en el hombro. Los demás portaban armas marcadas con número de color blanco. Evaristo Belleza Ávila, presidente del Comisariado de Bienes Comunales afirmó que les revisaron morrales, redes y pertenencias buscando armas de fuego, sin conseguir nada, y que al cerciorarse los militares de la muerte de los indígenas, abandonaron el lugar con rumbo a Miahuatlán de Porfirio Díaz. “A raíz de los hechos de sangre cometido por elementos del Ejército se incrementó la presencia militar en la región, estableciéndose un retén militar en el paraje El Borracho, territorio comunal de Santiago Lachivía muy cerca de la población, ocasionando un clima de tensión, actos de intimidación y hostigamiento”. Otro retén militar se ubicó a un kilómetro y medio, sobre la carretera a San Baltazar Chivaguela.

Apenas tres días antes, las autoridades agrarias, comunales y tradicionales nahuas de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, denunciaron de manera conjunta: “El 26 de julio fue asesinado el profesor Diego Ramírez Domínguez, comunero y coordinador de la comisión especial que la asamblea general de comuneros nombró en abril para la defensa y recuperación de la totalidad de las tierras que nuestra comunidad tiene en litigio desde hace 40 años con acaudalados rancheros mestizos de La Placita. Como una señal ominosa, su cuerpo apareció en la playa Las Peñas, parte de las más de mil hectáreas que nuestra comunidad reclama”.

Las comunidades nahuas Santa María de Ostula, San Pedro El Coire y Pómaro, “con un territorio continuo superior a las 200 mil hectáreas, son propietarias y poseedoras ancestrales de la mayor parte de las tierras que en Michoacán lindan con el océano Pacífico, y sus montes, enclavados en la Sierra del Sur hasta Guerrero y Oaxaca, contienen reservas de minerales codiciados por empresas nacionales y extranjeras”.

Ostula ha resistido exitosamente la imposición de proyectos gubernamentales como el Procecom, la certificación de plantas y saberes tradicionales, y la incorporación de sus aguas y zonas costeras al régimen federal de concesiones. Ha frenado a la transnacional Hylsa/Ternium, establecida en la comunidad de Aquila, y a otras mineras. La comunidad participa en la Otra Campaña y pertenece al Congreso Nacional Indígena. El Tribunal Unitario Agrario en Colima y el Tribunal Superior Agrario sentenciaron a favor de los rancheros de La Placita, desconociendo “los derechos históricos y legalmente confirmados” de la comunidad.

A estos asesinatos se suma el sospechoso accidente carretero del antropólogo Miguel Ángel Gutiérrez Ávila, investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero, quien durante 20 años trabajó para los pueblos amuzgos. Colaboraba con el ejido de Xochistlahuaca, fue impulsor de W’aa Libro (biblioteca comunitaria) y colaborador de Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua. El colectivo en Rebeldía Suljaa’ reporta: “Miguel visitó Suljaa’ y Cozoyoapan del 23 a 25 de julio, en donde estuvo filmando la Danza del Tigre y documentó la última agresión contra Radio Ñomndaa. Al término de su trabajo, salió rumbo a Chilpancingo y el 26 supimos de su fallecimiento”. Su cuerpo yacía a un lado del vehículo.

La cuenta ¿ha de seguir?

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